El pronunciamiento gremial

Integrado por 21 gremios que cubren buena parte de la actividad productiva, el Consejo Gremial Nacional practica a raja tabla el principio del consenso. Imaginen ustedes la dificultad para lograr acuerdos, en particular tratándose de una materia tan compleja como el proceso de paz. No obstante, moviéndose, como es inevitable, con la celeridad de una tortuga somnolienta, logró construir un pronunciamiento que, si bien apoya la actuación del Gobierno, despliega serias preocupaciones.

El presidente Santos recibió con amabilidad el documento, le pareció bien que se publicara y ofreció auspiciar encuentros de los voceros de los empresarios con el equipo negociador para discutir avances y temas pendientes. Es bueno este curso de acción: toda negociación política se desarrolla formalmente frente a la contraparte, pero, al mismo tiempo, de cara a la parte que se representa, es decir, a todos los ciudadanos.

El CGN comienza por postular, como supuesto indispensable de la voluntad de negociar con los alzados en armas, la legitimidad del Estado Colombiano, de tal manera que el objetivo fundamental del proceso es acogerlos dentro del régimen constitucional y legal; “no refundar la patria”, como las FARC pretenden, lo cual no excluye ciertos ajustes en las políticas de desarrollo rural, la erradicación del narcotráfico y la apertura del sistema político a integrantes de la guerrilla que no sean responsables de graves delitos. Sobre estos temas, más que los textos firmados, preocupan las “salvedades” que las FARC mantienen, y que si persistieren, regresarían la negociación al punto de partida.

La adopción de un mecanismo judicial de alto nivel para procesar a quienes hayan cometido graves delitos en desarrollo del conflicto armado, es un paso trascendental; carece de antecedentes en la historia constitucional de Colombia que sea establecido por un acuerdo con los subversivos y no autónomamente por el Congreso.

Para poder evaluar su conveniencia se requieren elementos de juicio de los que carecemos. El Presidente fue enfático en afirmar que no se eliminarán los fueros constitucionales de los altos funcionarios del Estado; y que si bien la jurisdicción sería única, habría tratamientos diferenciales para los guerrilleros y los funcionarios públicos. Dijo en frente de los gremios que uno de los temas pendientes de acordar en La Habana consiste en la designación de los magistrados del Tribunal. Sin embargo, estas y otras materias difíciles no podrán analizarse sino cuando se publique el texto de los compromisos.

Tal vez ha sido el empresariado el primer estamento en plantear observaciones sobre la Comisión de la Verdad, un organismo que recorrería el país durante tres años realizando algo así como “juicios populares” (evocar los precedentes falangistas y soviéticos resulta inevitable), para establecer la responsabilidad de las instituciones estatales y privadas en la génesis y desarrollo del conflicto. La incomodidad con esta figura deriva de dos factores. El primero consiste en los daños, no por intangibles menos graves, que pueden padecer nuestras instituciones con unos debates retrospectivos cuyo horizonte temporal podría ser de “más de cincuenta años”. Nada podría convenir más a las FARC que reescribir, con el respaldo del Estado, la historia de Colombia para que le sirva de plataforma a su futura actividad política.

La otra preocupación –no mencionada por los gremios– tiene que ver con la seguridad de los guerrilleros desmovilizados. En esas audiencias inexorablemente revivirá la memoria de sus atrocidades. El resultado podría no ser el perdón sino la venganza. Sería fatal para la preservación de la paz que se abriera un nuevo ciclo de violencia como el que padecieron los militantes de la Unión Patriótica.

Más inclinados a la gerencia de procesos que al discurso político, los empresarios y sus voceros están llamados a desempeñar un papel que puede ser útil, no solo diciendo qué debe hacerse, sino cómo tener éxito en su ejecución. Ese factor cultural explica que pregunten en su documento cuándo finalizaría el ejercicio de “dejación de armas”; haber estipulado el momento en que debe iniciarse por sí solo poco significa.

Por ese mismo motivo, expresaron la necesidad de un inventario exhaustivo del arsenal fariano por una autoridad internacional fiable, la misma que posiblemente certificaría que, como consecuencia de su destrucción o entrega a un tercero, su irreversible indisponibilidad futura ha quedado establecida.

El “Acuerdo General para la terminación del conflicto…” señala que “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”, no obstante lo cual ese resarcimiento se centraría en sus derechos humanos y en la verdad. Esta vaguedad indujo a los gremios a preguntar por la dimensión económica de esas reparaciones, que el Estado ya tomó para sí. El aporte de la guerrilla no puede ser puramente ceremonial.

En suma: se ha consolidado un camino promisorio para que los empresarios, al igual que otros sectores de la sociedad civil, participen activamente en el proceso que nos podría llevar al fin del conflicto.