Apuestas asesinas

Fabio Bossa Flórez fue mi mejor amigo en la Universidad. Él junto a su compañero de trabajo, Julio Antonio Varela Soto –oriundos de Cartagena–, fueron vilmente asesinados el fin de semana pasado cuando se dirigían a la casa del primo de la señora Mery Luz Londoño –presidenta de Etesa– luego de haber pasado la noche en una discoteca de un exclusivo sector de Medellín, ciudad donde habían ido a realizar labores de inspección a diferentes puntos dedicados a las apuestas y juegos de azar.

Aunque ambos fueron contratados por Etesa como profesionales universitarios y no tenían ninguna clase de formación policial o militar –Fabio era un joven economista y Julio un excelente abogado–, el pasado viernes 25 de enero se encontraban acompañados por funcionarios del CTI sellando máquinas de juegos de azar ilegales. Una semana después, las autoridades dicen desconocer los móviles de este asesinato, sin embargo, no es necesario saber demasiado sobre investigaciones judiciales para inferir que este infame acto fue cometido por las poderosas mafias que dominan el negocio de las apuestas de azar y el chance del país.

Incluso la misma presidenta de la entidad –también cartagenera y quien anteriormente fue cuestionada disciplinariamente por la Procuraduría–, reconoció ingenuamente que la entidad enfrenta constantemente amenazas provenientes de estas mafias dispuestas a no perder su negocio. Y no era para más, se calcula que este tipo de actividad genera ingresos superiores a tres billones de pesos, una cifra que puede llevar a venderle el alma al diablo al avaro que cuente con una licencia de operación o sin ella.

Rumores en municipios de la costa afirman que empresas de apuestas y chance establecen montos máximos de apuestas y que en una ocasión una persona y el vendedor fueron asesinados por violar la regla y evitar grandes pérdidas para una empresa. No es ningún misterio que detrás de algunos negocios de las apuestas y el chance se concentran desde hace muchos años poderosas organizaciones compuestas por oficinas de cobro, bandas de sicariato, métodos para el lavado de activos, nexos con paramilitares, entre otros. Aspectos evidentes que debió prever la señora Londoño al enviar a una cita con la muerte a unos inofensivos jóvenes sin la debida protección incluso para salir a comer o a una discoteca.

Fueron tan ingenuos la presidenta de Etesa y los funcionarios del CTI en este caso, que hubieran sido capaces de enviar a estos indefensos funcionarios a sancionar a la empresaria del chance, Enilce López –la famosa ‘Gata’ de Magangue con un ejercito de más de 80 escoltas– y dejarlos solos en la noche en una discoteca frente al río Magdalena. Primero Etesa les otorga funciones de delegados y no de profesionales universitarios y luego la Fiscalía nos les presta la debida protección hasta llegar a sus ciudades de origen como habitualmente se realizan este tipo de operativos.

A veces no sabemos en qué país vivimos. No se trataba tampoco de dotar a los jóvenes funcionarios de Etesa con armas de fuego o escoltas porque el tema de fondo en este asunto no es la protección a los inspectores. Frente al ánimo de la señora Londoño de desmantelar las mafias que ejercen esta actividad, la realidad del lucrativo negocio de las apuestas y el chance es la mano débil de quienes influyen en el otorgamiento de licencias y recaudo de impuestos dirigidos al sector salud, quienes en estos casos se dejan comprar cargando a sus espaldas cientos de inocentes víctimas que se convierten en presa fácil de las bandas de sicarios.