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Opinión

  • | 2020/01/22 05:47

    Asambleas Constituyentes de Siglo XX

    Se convocaron 4 asambleas constituyentes. En 1904 y 1952 estuvieron al servicio del Ejecutivo. En 1910 se logró un equilibrio político. En 1991, se expidió una nueva carta y se superó la guerra declarada por el narcotráfico. ¿Se debe convocar una asamblea para la justicia y la reforma a los partidos?

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Durante el siglo XX, se convocaron 4 asambleas constituyentes. La primera extendió el periodo presidencial de Rafael Reyes a 10 años, que no culminó. La segunda eligió presidente a Carlos E. Restrepo. La tercera legitimó la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla. Y la última, expidió una nueva Constitución.

Después de la guerra de los Mil Días y de la separación de Panamá, en 1904, fue elegido presidente el general Rafael Reyes, con el lema: “Más administración y menos política”, con la pretensión de un gobierno de concordia nacional. Sin embargo, en el Congreso se conformó la oposición liderada por el Partido Nacional, bajo la dirección de Miguel Antonio Caro, que obstruyó sistemáticamente las propuestas de Reyes, lo cual llevó a la clausura del Congreso, decretar el estado de sitio y convocar una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, previa consulta de las municipalidades.

La Asamblea compuesta por 27 miembros, designados por los Consejos de Gobierno Departamentales, 3 por departamento, estaba prevista para un periodo de 30 días que se prorrogó por cuatro años, durante los cuales asumió las funciones legislativas. Estableció el periodo presidencial de 10 años para Rafael Reyes, o cuatro si fuere otra persona. La situación política, produjo su renuncia.

Como consecuencia de lo anterior, en 1910, el gobierno de Ramón González Valencia convocó otra Asamblea Nacional, elegida por las municipalidades, 3 por cada una de las 15. Eligió presidente a Carlos E. Restrepo; se reguló la sucesión presidencial; se eliminó la vicepresidencia; se suprimió la pena de muerte; se redujo el periodo presidencial a 4 años y se prohibió la reelección inmediata; se limitaron las facultades de estado de sitio; atribuyó a la Corte Suprema de Justicia el control de constitucionalidad de las leyes; y estableció la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En 1952, el presidente-designado Roberto Urdaneta convocó la tercera Asamblea Nacional Constituyente, para que declarara vacante el cargo del presidente Laureano Gómez, pero lo que ocurrió a la postre fue que legitimó la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla; además, creó los Consejos Administrativos Departamentales y Municipales; y proscribió el comunismo.

Por último, en 1991, como consecuencia de la guerra declarada contra el Estado por los carteles del narcotráfico, el presidente César Gaviria, mediante un decreto de estado de sitio, avalado por la Corte Suprema de Justicia, convocó la cuarta Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por 70 delegatarios elegidos popularmente que expidió una nueva Constitución Política, derogando la centenaria Constitución de 1886 y sus reformas. Creó la Corte Constitucional y la acción de tutela; estableció una completa carta de derechos constitucionales; dispuso la elección popular de gobernadores; reguló los partidos políticos y la participación ciudadana; y, prohibió la extradición de nacionales, que era un punto de los narcotraficantes.

Hoy, la propia Constitución regula la convocatoria de asambleas constituyentes –más propiamente asambleas constitucionales- para reformar la Carta, sus miembros deben ser elegidos popularmente y deben tener un temario definido por la ley, todo lo cual es objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, sin que hasta la fecha se haya intentado convocatoria alguna.

La guerra civil, la polarización política y la guerra declarada por el narcotráfico han sido las principales causas de las convocatorias de las asambleas constituyentes. En 1904 y 1952, estuvieron al servicio del Ejecutivo de turno. En 1910, de alguna manera logró un cierto equilibrio político y un avance jurídico. En 1991, se produjo una nueva Constitución y se superó la mal llamada guerra declarada por el narcotráfico, pero quedo una suerte de desinstitucionalización, que no se ha logrado resolver mediante reformas adoptadas por el Congreso.

Así las cosas, para resolver la situación de la administración de justicia y el sistema de partidos, cabe considerar la convocatoria de una asamblea constitucional.

 

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