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Opinión

  • | 2018/09/10 20:25

    Esquirlas de un debate largamente aplazado

    Es incomprensible que no se hubiera realizado antes el debate por los asesinatos de líderes sociales. Cientos de hombres y mujeres, indígenas, afros y campesinos, jóvenes y adultos, ¿qué los hace los líderes sociales? ¿por qué los matan, cómo, dónde? ¿quién los está matando?

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El miércoles 5, la bancada de oposición en la Cámara de Representantes citó al Gobierno, Fiscalía, Defensoría y Procuraduría, y ellos respondieron con obviedades en algunos casos, lugares comunes las más de las veces y algunos datos de los que hay que tomar nota si es que se intenta frenar esta aniquilación que dolorosamente se nos va convirtiendo en paisaje.

Después de ese debate, quedó claro que la curva de aumento en el número de muertes y amenazas a líderes sociales comienza en agosto de 2016, con la firma del acuerdo de paz con las Farc. Ese aparente contrasentido, que todo acuerdo de paz le abre camino a una nueva guerra, es una enfermedad endémica de este país, que soñamos acabar cuando se desmovilizara la guerrilla más anacrónica del mundo. Como en tantos otros momentos de esta terca historia de la violencia colombiana, las causas de los asesinatos de líderes sociales son difusas; hay móviles políticos, sin duda, pero la gasolina del narcotráfico también bombea la violencia; basta saber que los departamentos con el mayor número de asesinatos de líderes son Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño. Aunque no hay exactitud en el número de muertes, la cifra no baja de 350 entre enero de 2016 y agosto de 2018, 65 por ciento de ellos vivía en zonas rurales y alrededor de 100, el 30 por ciento, pertenecían a las Juntas de Acción Comunal.  

La Junta de Acción Comunal es la semilla de la organización política de la sociedad. Un ‘comunal’ es alguien que por vocación y voluntad dedica su vida, o parte de ella, a defender lo de su gente; estos líderes son el germen de las decisiones concertadas y la representación popular; denuncian, demandan, se expresan sin cámaras ni micrófonos y movilizan a la comunidad. El ‘comunal’ lidera sin armas, propicia la palabra y exige para su gente. Por eso, explicaron los investigadores, la evidencia muestra que cuando se mata a la cabeza de una JAC el alcance del amedrentamiento es mayor y hay mayor posibilidad de desplazamientos de la población.

Todo miembro de JAC es un líder social, y por tanto es un defensor de los derechos humanos, que recibe de su comunidad la vocería para defender los derechos y el bienestar de su gente. El estigma a los defensores de derechos humanos disparado por la boca de un presidente pesa tanto en el imaginario de los violentos que todavía hoy se repite, desde la ignoracia, el sanbenito de que los líderes son la base de la guerrilla en su plan de guerra. Que son peligrosos. Izquierdistas. Que pa´qué se meten en lo que no les importa. Que dejen hacer negocios calladita la boca. Que no sean sapos. Que se larga o lo matamos.

Y entonces, por las trochas y los barrios circulan los panfletos en los que señalan a los que ponen en la mira. Las tales Águilas Negras, que nadie sabe quiénes son ni jamás se les ha perseguido ni enjuiciado, mandan sus amenazas con membrete de muerte a periodistas, directores de organizaciones de sociedad civil, reclamantes de tierras, promotores de sustitución voluntaria de coca, abogados de causas sociales, y hasta caricaturistas. En un solo día, asesinan un líder indígena en el Cauca, un cocalero en el Catatumbo y un militante político en Antioquia. ¿Cómo negar la sistematicidad en esta forma de actuar? Se ve una dirección en la selección de las víctimas y en el modus operandi de los asesinatos. Pero desde el gobierno esto no lo ven, no lo entienden o se hacen los locos. El presidente Duque no ha dicho ni mu y el ministro de Defensa en el Congreso cañó dando unas cifras con las que intentaba sostener una supuesta eficiencia en la lucha contra la delincuencia de este primer mes de gobierno porque, dijo, finalmente los asesinos de líderes sociales son también delincuentes, ¿o no? Cifras sin discriminar y metidas todas en un mismo saco. Ni una palabra dijo de intencionalidad, de selectividad, de sistematicidad.

Estas son las peores cegueras, las de los que no quieren (o no les conviene) ver. Por eso es tan relevante el reconocimiento que hace cada año el Premio Nacional a Defensores de Derechos Humanos, que visibiliza la labor de quienes dedican la vida a tejer los hilos de su comunidad en los intereses que son comunes. Exaltando a quienes los violentos pretenden invisibilizar también se protegen sus vidas.





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