Claroscuro

Logró el Partido Verde conseguir las firmas de algo así como cuatro y medio millones de ciudadanos para obligar al Senado -que decidió por unanimidad- a convocar la consulta contra la corrupción. El mérito de esta gesta política se atenúa, aunque sigue siendo elevado, advirtiendo que los transeúntes a los que les fue requerida su firma probablemente la concedieron sin conocer los detalles de las siete preguntas; y que los parlamentarios votaron no tanto por convicción sino por oportunismo: negar el voto a una iniciativa cuyas probabilidades de éxito son escasas (se requieren más de doce millones de votantes) implicaba incurrir en costos políticos altos e innecesarios. La causa contra la corrupción es rentable.

La primera de las cuestiones que los ciudadanos deben decidir consiste en una radical reducción de salarios de los integrantes del Congreso y los altos funcionarios. La pregunta es contraria a la Carta Política que tiene previsto un mecanismo automático para la corrección anual de los salarios de los parlamentarios. Cambiarla es imposible por la vía de una consulta popular que no es medio idóneo para reformar la Constitución. La séptima pregunta adolece de la misma falla. Limitar a tres periodos la posibilidad de que una misma persona sea elegida para integrar el Congreso, o cualquiera otro cuerpo de representación popular, introduce una limitación que hoy la Constitución no contempla. Si estas dos preguntas prosperan, y el Congreso, en su función constituyente, no las adopta, podríamos llegar a una crisis de legitimidad política de resultados imprevisibles.

Analicemos ahora la conducencia de las medidas propuestas frente al objetivo de reducir la corrupción.

Al margen de si los salarios de los congresistas son altos frente a sus pares de otros países, creer que reducirlos disminuye la proclividad a la corrupción es un desafío a la lógica y a la experiencia. (Más bien la secuencia sería la opuesta: buenos ingresos pueden disuadir de conductas corruptas). Sin embargo, más que los parlamentarios me preocupa la reducción de los emolumentos de los altos funcionarios para quienes vincularse al Estado significa una carga muy onerosa: afrontar los riesgos derivados de las investigaciones, con frecuencia absurdas, que les abren la Procuraduría y la Contraloría. La generalidad de los antiguos funcionarios que conozco han tenido que gastar años demostrando que obraron con rectitud; esta patología es típica de Colombia. Reducir sus salarios agravaría el problema de reclutar y conservar personas calificadas para el servicio público.

No existe, que yo sepa, democracia alguna que limite el número de períodos para ser elegido congresista; aquí se intentó sin éxito en la Constituyente de 1991. El supuesto implícito de la limitación que se propone es que la reelección genera el peligro de actos corruptos; bajo esa hipótesis habría que proscribir cualquier reelección, con lo cual le cerraríamos el paso a los corruptos pero, también, a personas honorables, dotadas de genuina vocación de representar los intereses comunes que, con el paso de los años, desarrollan capacidades y conocimientos que no se pueden desdeñar. Estos funcionarios eficientes y pulcros suelen ser más que los pícaros que medran en el mercado de sobornos y prebendas.

La experiencia demuestra que los clanes familiares en el Congreso funcionan con gran eficiencia, lo cual explica que si el titular de la curul la pierde por violar la ley, o por no querer de nuevo postularse, se establece con celeridad el sucesor. Limitar la reelección después de tres períodos ayudaría a la profesionalización de esas estructuras antidemocráticas y, con frecuencia, corruptas.  

No olvidemos la clásica distinción que realizó Max Weber entre quienes viven de la política, y aquellos que viven para la política.  Si queremos atraer a estos últimos hay que tomar el riesgo de que los mediocres (y a veces los malos) pasen los filtros. Tampoco perdamos de vista que la complejidad creciente del Estado es correlativa al progreso económico y social; por este motivo requiere personal altamente cualificado en todas las áreas. Hay que remunerarlo bien y ofrecerle la posibilidad de carreras atractivas en el servicio civil.

Desde luego, no se trata de cruzarnos de brazos. Moralizar los cargos de representación popular es una tarea indispensable que debe adelantarse con las herramientas adecuadas. Una de ellas, que no se ha podido implementar, pero que Duque acaba de presentar de nuevo al Parlamento, consiste en eliminar las listas abiertas para Cámara y Senado. Cada partido tendría que elegir sus candidatos y asumir estricta responsabilidad por la moralidad de sus integrantes: en este esquema disminuiría el elevado poder de negociación de que gozan los caciques regionales.

No comparto la idea de eliminar la financiación privada de las campañas. Sin embargo, creo posible y conveniente reducir la longitud de los procesos electorales y disponer que el Estado ponga a disposición de los candidatos plataformas para el uso común de todos ellos. Ambas medidas deberían reducir los costos de los debates. A su vez, un Consejo Electoral apolítico mucho ayudaría a vigilar el origen y cuantía de los recursos que se invierten en las campañas.

El problema con otras de las preguntas contenidas en la consulta es su redundancia o inutilidad. Es lo que sucede con la pregunta cuatro que trata de los principios de contratación transparente, y con la seis sobre la publicidad de las propiedades e ingresos de quienes vayan a asumir cargos públicos. Me abstengo, por razones de espacio, de citar los textos legales vigentes que, en esencia, disponen lo mismo.

La cuatro apunta a la discusión pública de los proyectos de presupuestos de inversión de la nación y de las entidades territoriales con el objetivo de combatir la mermelada; vale decir, la adjudicación secreta de partidas presupuestales a políticos regionales a cambio de su respaldo a las iniciativas del Gobierno. Así la consulta popular fracase, en este aspecto el compromiso del presidente es firme. Apuesto a que cumplirá por convicción. Y porque sabe que el país vigila con celo que así suceda.

Briznas poéticas. De su larga estancia en Oriente fluyen los epigramas de Octavio Paz: “Admiro el arte del arquero: / no toca el cuerpo y rompe corazones”.