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Opinión

  • | 2003/10/06 00:00

    Austeridad para los de ruana

    <i>"Mientras los integrantes del Consejo Nacional Electoral aceptan el 'sacrificio' de su incremento, 475.000 servidores públicos se enfrentan al inminente peligro de la congelación de sus salarios durante los próximos años"</i>, escribe en su columna escrita para Semana.com, Julio Roberto Gómez, presidente de la Comisión de Trabajadores Democráticos, Cgtd, al referirse al aumento de salarios de los 11 miembros del CNE.

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Durante los últimos años, este y los anteriores gobiernos se han dado a la tarea de vender ante la opinión pública la urgente necesidad de controlar el gasto público, tomando como caballito de batalla la disminución de los salarios de los servidores del Estado. Esta política fiscal, que no es autóctona sino impuesta a los colombianos y latinoamericanos por los Estados Unidos, ha convertido sus precarios ingresos en miserables. Naturalmente, como lo que se contagia no es la buena salud sino las enfermedades, la política fue asumida de forma muy "patriótica" por algunos sectores privados mientras que otros, menos ortodoxos, se apartaron de las "sabias" orientaciones de nuestros amigos del norte y obraron con criterio de justicia social.

En medio de las políticas de austeridad 45 millones de colombianos somos sorprendidos con la noticia de que la bonanza toca a la puerta de nuestro país y que, de los aumentos y la inflación de un dígito nos trasladamos a una situación de abundancia, de gloria y de riqueza. Este cambio de la fortuna se deduce del aumento de los salarios de los distinguidos miembros del Consejo Nacional Electoral, quienes pasaron de ganar once millones de pesos mensuales a devengar quince millones de pesos mensuales. Esto es un aumento del 36 por ciento, más de la tercera parte, mientras que el señor Presidente de la República propone en el referendo congelar los salarios de los servidores públicos por tres años.

Según el Gobierno esta alza se escuda en una disposición del año anterior y ahora tanto el Presidente como los miembros del Consejo Nacional Electoral, manifiestan que no tienen otra alternativa que cumplir, someterse y aceptar humildemente las disposiciones legales porque el sabio estado social de derecho, así lo ha dispuesto. Pero mientras los integrantes del Consejo Nacional Electoral aceptan el "sacrificio" de su incremento, 475.000 servidores públicos se enfrentan al inminente peligro de la congelación de sus salarios durante los próximos años si la pregunta 14 del referendo llega a ser aprobada. Sin contar con el ingrediente adicional que el señor Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya anunció que si el referendo no es aprobado el Gobierno mediante un decreto hará lo que más de 20 millones de electores no quieren que se haga. Como quien dice con cara gano yo y con sello pierde usted.

Así las cosas, queremos dejar desde las filas del Movimiento Sindical y Social unas reflexiones: la congelación de salarios no sólo es ilegal, sino un engaño por la sencilla razón que en la práctica lo que se produce es una disminución salarial. ¿Acaso porque se apruebe el referendo la inflación se detendrán, los servicios públicos bajarán, los medicamentos se abaratarán, las matrículas, pensiones y textos escolares se podrán pagar? Amén de la caótica situación para el pago de arriendos o de cuotas UVR. En segundo lugar la disposición es recesiva, castiga el consumo de hogares y plantea un interrogante: ¿Para qué se producen bienes y servicios, si la población no tiene capacidad de compra? ¿Qué puede estar pensando ese 83 por ciento de los colombianos que devengan menos de dos salarios mínimos, cuyos incrementos tan sólo fueron en promedio del 7 por ciento en el presente año?

Ahora se aproxima la discusión sobre la política salarial para el 2004 en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales. Allí evaluaremos la situación económica, laboral y social del país y será el escenario propicio para analizar por qué a 475.000 servidores públicos no se les ha incrementado sus salarios como lo ordena la ley y las disposiciones de la OIT. No puede ahora el Gobierno alegar que está a la espera de los resultados del referendo, entre otras razones, porque en ningún lugar del mundo y esto incluye a Macondo las leyes pueden ser de carácter retroactivo.

A manera de conclusión, afirmamos que la economía colombiana, como en ningún otro momento de la historia, sufre tasas de decrecimiento económico tan significativamente bajas como en los últimos 10 años a consecuencia de la implementación del modelo neoliberal en el país. Lo anterior se evidencia en la baja considerable en el consumo de hogares y de la inversión total, e igualmente se refleja en el descontento creciente de amplios sectores sociales que se encuentran hoy más marginados y pobres que antes y quienes sufren con más rigor los efectos de la crisis. Si queremos desactivar la bomba social que hoy impacta a la mayoría de la población colombiana, es indispensable mejorar los ingresos reales de la población activa para recuperar la demanda final interna. En otras palabras, un aumento del consumo de los hogares colombianos. El equilibrio entre la oferta y la demanda conlleva a aumentar la producción de bienes y servicios que permita una reactivación de la economía a través de un incremento de la producción. Esto significará mayor ahorro nacional con el cual podrán satisfacerse en mejor forma las necesidades de inversión y así reducir la necesidad de financiación externa.

Mientras en nuestro país el salario mínimo legal sea inferior al costo de la canasta familiar para el estrato bajo que se estima en unos $ 750.000 será muy difícil que los trabajadores logremos comprender exabruptos como el que se ha dado con el incremento en cuatro millones de pesos de los salarios de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto la propuesta de aumento del Banco de la República y del Ministro de Hacienda para el año 2004 estará en el orden del 7 por ciento, lo que equivale a 23.000 pesos mensuales. La diferencia es bastante grandecita, ¿o será un error óptico?

*Secretario general de la Confederación General de Trabajadores Democráticos (Cgtd)
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