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Enrique Gómez, columnista invitado.
Bogotá, febrero 14 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.
Enrique Gómez, columnista invitado. Bogotá, febrero 14 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Autopistas para la corrupción

Nuestros entes de control no son la solución a nuestro problema de corrupción. Son parte del problema y, además, la agravan y se benefician de la misma y encima representan una siempre ansiada cuota de burocracia.

Por: Enrique Gómez

Dispénseme el lector, pero con ocasión de las importantes denuncias de SEMANA sobre la corrupción contractual y operacional en la Aerocivil, se han hecho afirmaciones por parte de la prensa, los entes de control y los funcionarios responsables que vale la pena repasar rápidamente para entender la condición endémica y sistémica de la corrupción en nuestras instituciones del orden nacional y territorial.

“…contratos… sujetos a procesos permanentes de vigilancia de los órganos de control competentes y son sometidos a las barreras de control interno, en procura de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.”

“Sobre este tema no proceden comentarios adicionales diferentes a solicitar su traslado al ente de control correspondiente…”

“Como es nuestra obligación, a raíz de las publicaciones, se presentará solicitud a los órganos de control…”

“…el Ministro resaltó que una vez conocidas las denuncias, se comunicó inmediatamente con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República…”

“…el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, declaró de impacto nacional los hechos de presunta corrupción en la Aerocivil denunciados en la mañana del sábado 26 de noviembre…”

Yo sé, yo sé. Ya lo han visto mil veces frente a cada escándalo que se descubre. Lo vimos en la Cali del alcalde Ospina, o en la Santa Marta de Caicedo, o en los hospitales de Dilian, o en el MinTIC de Abudinen, etc…

Pero hay que recordarlo. Porque nuestros entes de control no son la solución a nuestro problema de corrupción. Son parte del problema y, además, la agravan y se benefician de la misma y encima representan una siempre ansiada cuota de burocracia.

Veamos el caso de la Contraloría, por vía solo de ejemplo, y sus delegadas en cada departamento y capitales del país. ¿Cómo funciona la cosa? Vamos por partes, como Jack el destripador.

En la designación de contralores departamentales y municipales, las asambleas y concejos contratan (primer negocio) la selección y evaluación a universidades territoriales, casi siempre públicas. Los responsables de las evaluaciones venden a precio de oro los exámenes a los tres candidatos que resultarán preseleccionados (segundo negocio). Por eso, la gran mayoría de los contralores en los entes territoriales no tienen ni idea de control o responsabilidad fiscal.

Definida la terna (que como casi siempre es de uno), el candidato negocia con diputados y concejales la compra del voto (tercer negocio). Dirán ustedes, ¿por qué quieren comprar el voto? ¿Por el sueldo? ¿Por los puestos? Noooo. Ya les cuento. En departamentos y capitales pequeñas el voto se cotiza entre 200 y 300 millones de pesos. En los departamentos y capitales grandes puede estar rondando los 500 millones. En la Contraloría General no he podido establecer el precio.

¿Y cómo se saca la plata para pagar esa millonada? Varias fuentes. En las contralorías se tienen básicamente dos unidades que son altamente rentables para el candidato beneficiado. En la dirección de auditoría se generan los informes periódicos de acuerdo al plan de auditoría formulado para cada ente descentralizado o municipio si se trata de una contraloría departamental. Cada ente descentralizado, léase licoreras, hospitales departamentales, institutos de deportes, promoción de emprendimiento, infancia, ambiente, lo que fuera y claro todos los municipios.

Cada informe de auditoría, lleno de observaciones y glosas, con o sin fundamento se convierte en una herramienta de chantaje utilizada por el contralor elegido. En muchos casos, claro, tienen fundamento y allí es posible que el responsable del gasto en la entidad vigilada negocie económicamente con el contralor el cierre de la observación o el conveniente archivo del informe de auditoría. Esta práctica tiene la ventaja para el responsable del control fiscal de que, en caso de que se destape el torcido, pueda alegar que sí había hecho serias advertencias y observaciones.

La otra gran ruta para cosechar u ordeñar una Contraloría es la dirección de juicios fiscales. Allí se negocia por etapas: la apertura, la imputación, los fallos y la apelación.

Estas rutas en la Contraloría General son monumentales. Imaginen los cientos de entidades vigiladas.

El control fiscal en el país es una falacia vergonzosa y una estupidez presupuestal. Pocas de las contralorías departamentales recuperan fiscalmente al año en juicios fiscales más del 10 % de lo que cuesta operarlas.

Ese si sería un cambio importante del que debería estar hablando Petro si de verdad quisiera enfrentar el problema sistémico de corrupción. ¡Ah! Olvidaba que Pacto Histórico había elegido contralor General. Está pendiente el ordeño de esa vaca, que en sí misma es rentable, pero que además come para dejar al resto de los corruptos comer.