¡Auxilio!, ¡hagan algo!

Esta historia es larga y enredada, pero necesaria. Comienza en 2006, cuando Álvaro Uribe impulsó el Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006-2014, que buscaba mejorar la infraestructura en corredores viales que comunican centros de producción del país con puertos de salida. Uno de estos tramos es la vía que de Bucaramanga conduce a la Costa Atlántica. Bajo este programa, se adjudicó a la Sociedad Autopistas de Santander la licitación para construir una doble calzada entre dos sectores conocidos como La Virgen y La Cemento, en el norte de la capital santandereana. Estas obras se ejecutarían con el recaudo de los peajes de Lebrija y Rionegro.

Sin embargo, dos años después, el contratista no había empezado la obra. Incumplimiento tras incumplimiento, en 2013 el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras solicitó la caducidad del contrato. Se determinó que fuera ahora el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan) el encargado de administrar los peajes y buscar un nuevo contratista.

Para salvar la vía del desastre, en 2016 se firmó el Convenio 1113 entre el Invías, la ANI, la Aerocivil, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga y el Idesan. Le correspondía a este último realizar los pliegos y llevar a cabo la adjudicación. Y aquí empieza la historia de no creer.

Entre infinidad de trabas administrativas y cambios de gobierno, hasta este año se pudo convocar la licitación ID-LP-001-2021, por 103.000 millones de pesos. A la cabeza del proceso está el gerente del Idesan, Johnny Walter Peñaloza Niño, reconocido por su cercanía con el clan Aguilar. Peñaloza era el candidato del excoronel Hugo Aguilar a las pasadas elecciones como fórmula a la Cámara del hoy capturado senador Richard Aguilar.

Johnny Walter ha desplegado una actuación que solo deja dudas. Al proceso, que se sigue bajo el pliego tipo, se presentaron 34 oferentes. El Idesan designó un comité evaluador que los descalificó a todos bajo el argumento de que no presentaron el paz y salvo del pago de parafiscales. Sin embargo, un grupo de estos oferentes sí podría subsanar y seguir adelante. Esta decisión generó molestia en el Invías. Según su director, Juan Esteban Gil, “es una clara y flagrante vulneración de las estipulaciones consagradas en el pliego de condiciones, concretamente de la prohibición expresa: ‘la entidad no exigirá las plantillas de pago’”.

Pero esto no es lo más grave, la supuesta evaluación aparecía firmada por cinco funcionarios, tres de los cuales manifestaron que jamás realizaron tal evaluación y que su firma fue falseada (ver documento). Los dos que sí aparecían firmando fueron Vladimir Caballero de León y Jorge Valderrama Pinzón. Caballero de León es un abogado cartagenero, actual asesor de la Gobernación de Mauricio Aguilar.

Al descubrirse la suplantación, se pidió derogar la evaluación falseada y sacar a Caballero de León y a Valderrama del comité evaluador. De manera coincidente, los únicos oferentes que podrían habilitarse son empresas de la Costa, radicadas en municipios pequeños, que no se entiende cómo terminan licitando más de 100.000 millones en vías.

De acuerdo con la evaluación falseada, las únicas que podría seguir adelante serían las empresas Equipos y Materiales de Colombia S. A. S. (Turbana, Bolívar), Constructora y Promotora Odín S. A. S. (Cartagena, Bolívar), Ingenierías y Construcciones del Cesar S. A. S. (Valledupar, Cesar), Bicentenario Construcciones S. A. S. (Turbana, Bolívar); Paz Construcciones S. A. S. (Valledupar, Cesar), Equipos y Construcciones del Caribe S. A. S. (Turbaco, Bolívar), Inversiones Grandes Vías e Ingenierías (creada en Montería y trasladada a Bogotá) y CGI Grupo de Construcciones de Ingeniería S. A. S. Zomac (La Paz, Cesar). Estas empresas forman distintos consorcios entre sí. Otro que podría subsanar es el Consorcio Ruta 45, conformado por Asfaltos Agregados y Construcciones ASA (Barrancabermeja), Gran Colombiana de Infraestructura (Barranquilla) e Ingeniería Servicios y Soluciones (Barrancabermeja).

Estas empresas de la Costa tienen en común, además, que firmaron durante 2020 con el gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff (hijo del senador condenado por parapolítica Vicente Blel Saad) obras de infraestructura vial en ese departamento, que fueron cuestionadas por la baja experiencia en infraestructura vial de los contratistas. Tienen objetos sociales tan diversos que van desde la venta de pinturas y barnices hasta manejar transporte de carga nacional e internacional o formular planes locales para la prevención de desastres.

Pero hay un dato aún más llamativo. Modificaron sus estatutos, el mismo día o con pocos días de diferencia, para incluir dentro de su objeto social: “La empresa podrá ofrecer además de garantías comerciales legales a las que está obligadas y las garantías adicionales o extendidas que considere, emitiendo y suscribiendo para ello los documentos que sean necesarios”. El párrafo es exacto en todos los objetos sociales de estas empresas. ¿Qué se pretende con esta ampliación?

Ante las abiertas irregularidades, el director nacional del Invías pidió dejar sin efectos la evaluación del comité suplantado y conformar un nuevo comité, integrado por tres técnicos, tres financieros y tres jurídicos, nombrados por la Gobernación, el Invías y la Alcaldía de Bucaramanga. A su vez, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, señaló públicamente al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, de estar amañando el proceso.

Cuando se creía que el nuevo comité destrabaría el proceso, la Gobernación de Aguilar sorprendió nombrando en el comité evaluador a Juan Carlos Expósito Vélez, abogado también cartagenero, considerado uno de los mejores del país en contratación. ¿Qué hace un abogado de semejantes quilates aceptando un cargo de evaluador, que tiene honorarios cercanos a los 3 millones?

“Definitivamente el Idesan no ha sabido manejar el proceso licitatorio con transparencia”, afirma Juan Esteban Gil, director del Invías. “Las actuaciones del comité evaluador revelan que hay un interés en impedir la pluralidad de oferentes… las denuncias son graves”, afirma Gil.

La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió transparencia y los santandereanos pedimos ¡auxilio!, para que no permitan que una vez más los que convirtieron al departamento en un negocio familiar sigan manejando las entidades a su antojo y se pueda terminar una vía que tiene 15 años de atraso. ¿Quién está realmente detrás de todo esto?