Auxilio, parlamentarios

En 12 años que llevan de prohibidos los auxilios, los auxilios se han incluido 12 veces en el presupuesto general de la Nación. Esta vez se llaman "partidas regionales", cuestan la tontera de un billón de pesos y fueron adoptados por el gobierno y el Congreso tras advertirnos con mucha seriedad que estos auxilios no son auxilios. La cosa, en realidad, es muy sencilla. A un congresista de Cali o de Maicao no lo eligen para que eche discursos o enderece las relaciones colombo-chinas. Lo eligen -lo elegimos- para que lleve obras y servicios a la región, es decir, para que levante auxilios por montones. Y si no levanta nada, nada que vuelve a levantar votos. Por eso la misma Constitución que en una parte prohíbe los auxilios parlamentarios, en otra parte manda que el parlamentario consiga auxilios: "El elegido es responsable ante la sociedad y frente a sus electores" (Artículo 133). El otro lado del cuento es igual de sencillo. Así lo hayan elegido para acabar la politiquería y la corrupción, un Presidente necesita que el Congreso le pase sus leyes. Es lo que llaman "gobernabilidad" y lo que falta -para mal- a vecinos como Venezuela bajo Chávez, Ecuador bajo Lucio o Argentina bajo Duhalde. Y como al congresista de Maicao o de Cali no lo eligen para que pase leyes sino para que traiga auxilios, el Presidente tiene que dar auxilios para que el Congreso le pase las leyes. Es lo que han hecho los doctores Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe, con la grandísima diferencia de que el primero los llamó "fondos de cofinanciación", el segundo "auxilios regionales", el tercero "cupos indicativos" y el cuarto se transó por "partidas regionales". Claro que el desprestigio de los dichosos auxilios es muy justificado y muy profundo. Justificado por una cadena larga de serruchos, desfalcos, fundaciones piratas y carreteras que pagó el fisco pero nadie vio nunca. Y profundo, tan profundo que el pueblo soberano eligió 72 constituyentes con el único propósito inequívoco de acabar los auxilios. La cuestión, como tantas en Colombia, era medio ingenua y medio absurda. Si el problema de los auxilios no eran los auxilios sino que se robaran los auxilios, el remedio no era acabar los auxilios sino la robadera. O sea: agarrar al congresista y al calanchín, probarles el delito y zamparlos a la cárcel. Pero como eso de "probar" es más bien complicadito, resolvimos cambiar de pé a pá el régimen político y despacharnos con una Constitución nuevecitica. Es el gran pasatiempo nacional: suponer que la corrupción se combate, no con pruebas y penas, sino con presunciones legales y con cambiar el cuociente electoral. Pues no: una Constitución y sus reformas tienen que hacer demasiadas cosas demasiado serias -el pacto de ciudadanía, la paz, la eficacia del Estado?.- como para reducirla a un triste apéndice del Código Penal. Pero, en fin, lo que cojo nace torcido camina. Los constituyentes del 91 hicieron muchas cosas menos la cosa que tenían que hacer: no acabaron los auxilios sino "las donaciones a favor de personas de derecho privado" (Artículo 355). Es decir, acabaron con las fundaciones piratas (y de paso, con las no piratas) lo cual dio pie a los "fondos", "cupos", o "partidas" que son los mismos auxilios entre empleados oficiales. El mal remedio -o el daño- estaba hecho. Así que desde 1991 para acá, la Corte Constitucional ha tenido que ponerse en mil piruetas para tumbar los auxilios que le huelen a auxilios y pasar los auxilios que no parecen auxilios. Para ello invoca, según el caso, los principios de "igualdad", "legalidad", "planeación del gasto" e "independencia", todos los cuales suenan muy bonito pero no aclaran si el doctor fulano se tumbó la plata. Y ahora, si la Corte o si Dios no nos asisten, iremos todos muy contentos a aprobar el Artículo 14 del referendo que no puedo transcribir porque ocuparía otro par de columnas, que vuelve a prohibir los auxilios para revivirlos bajo el manto de unas audiencias donde "los congresistas formularán los reclamos y aspiraciones de la comunidad".