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Opinión

  • | 2020/02/06 15:43

    Baño de gato

    Si es irremediable bañarse en agua helada, demorarse en hacerlo no mitiga el impacto.

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La saliente Ministra del Trabajo dijo ante nutrido auditorio que la reforma pensional (y seguramente esa afirmación vale también para la laboral) se presentará “este año”, lo cual fue entendido por los asistentes como una referencia a la legislatura que se inicia el 20 de julio. Se escucharon calificadas voces de rechazo; esa no era la expectativa que el propio Gobierno había creado. El Ministro de Hacienda había dicho que esas iniciativas irían pronto al Congreso. En general, se entendió que, por tarde, ello sucedería en la legislatura que comienza el 16 de marzo. Si esta nueva dilación implícita obedece a diferencias de criterio entre ambos ministerios, puede que este gobierno, al igual que los dos de Santos y el de Andrés Pastrana, pasen en blanco.

Y si la causa fuere el deseo de no alborotar el avispero de los protestantes, conviene no pecar de ingenuos: las movilizaciones callejeras, las sinfonías de piedra y los destrozos de bienes comunes, se intentarán no importa cuándo ellas se radiquen y sea cual fuere su contenido. Si se ha tomado la decisión de someterse a la ducha helada que tramitarlas implica, mientras más pronto mejor. (Volver a vestirse sin soportar el gélido chorro, y luego de un baño de gato, carece de estética y puede que de higiene).

Repitió la Ministra Arango su convicción sobre las bondades del tripartismo entre trabajadores, empleadores y gobiernos. Tiene razón. Aunque debe anotarse que los gobiernos no son meros notarios o facilitadores del diálogo entre esos estamentos; a la sociedad entera le concierne -y mucho- esas discusiones, en especial a los desempleados, a los jóvenes que todavía están en proceso formativo y a las futuras generaciones, cuyos intereses, en rigor, sindicatos y gremios, aunque son interlocutores válidos, no representan. Esa representación recae sobre los partidos políticos y el Gobierno. Supeditar la acción gubernamental a acuerdos improbables sería condenarse al inmovilismo, que es, precisamente, lo que ha venido ocurriendo.

La sola circunstancia de que más del 60% del empleo sea informal, y que el desempleo se mantenga, en promedio, en los alrededores del 10% de la población dispuesta a trabajar, una cifra que excede a la de muchos otros países en similar estado de desarrollo, demuestra que estamos ante una situación estructural gravísima. Quizás la migración venezolana haga más agudo un problema que, por ser anterior a esa avalancha, ciertamente no ha sido causada por ella. Ante la inacción gubernamental, y la cerrada oposición del Comité de Paro, que como cuestión de principio se opone a cualquier reforma, es preciso abrir el debate, por ejemplo, para discutir la posibilidad de un seguro de desempleo.

Con relación a la pérdida de ingresos de quienes se encuentran en el rebusque -que a veces tienen ingresos, y a veces no- los mecanismos de protección son indirectos. Por ejemplo, las trasferencias a través de Familias en Acción o, de modo más general, mediante las políticas fiscales y monetarias que procuran incrementar el crecimiento económico: se supone, y así suele suceder, que un mayor dinamismo económico se traduzca en auges sostenibles del empleo.

Sin embargo, para los trabajadores del sector formal no existe ningún mecanismo que proteja el ingreso de quienes quedan cesantes. Grave situación. El desempleo afecta a los trabajadores formales, en promedio, al menos una vez en su vida laboral; esa situacion puede durar, en promedio, seis meses. Si el trabajador carece de ahorros suficientes para sobrevivir, él y su familia vivirán una tragedia. Alguno dirá que para eso está el “auxilio de cesantía”, que equivale a un 8.3% anual de la nómina. No hay tal. Cerca del 75% de los recursos que son trasladados por el empleador cada febrero a las entidades que los administran, se retiran antes de fin de año para gastos de educación y vivienda; en este último caso, el destino de las erogaciones para “reparaciones locativas” es, con frecuencia, simulado. De modo que si el beneficiario queda desempleado existe una posibilidad elevada de que no tenga en su cuenta recursos disponibles: de malas como la piraña mueca.

En el 2014, Miguel Urrutia, un economista que goza de amplia reputación académica y moral, formuló una propuesta que el gobierno de entonces desestimó sin siquiera discutirla para crear un seguro de desempleo. Se trataría de que quien quede desempleado, reciba su cesantía de inmediato, y una proposición decreciente de su salario hasta por seis meses. Si las ha retirado, recibirá también un flujo periódico de recursos durante esa misma etapa, aunque, como es evidente, de menor magnitud. Para crear el fondo de reserva de esta cobertura y pagar los gastos de operación se usarían los intereses de las cesantías que el empleador paga cada año.

Los estudios actuariales que soportan la iniciativa de Urrutia demuestran su viabilidad. El problema es político. El Gobierno y el Congreso tendrían que decidir que unos ingresos, que hoy son de libre destinación para el trabajador, se utilicen para garantizar el ingreso familiar en caso de desempleo. Por supuesto, los usuales sospechosos dirán que estupendo ese beneficio, pero que los costos los paguen otros, por ejemplo, los ricos o el mono de la pila. Le toca, pues, al gobierno, abrir la regadera y colocarse debajo. Es duro pero reconfortante.

Briznas poéticas. Roberto Juarroz, gran poeta argentino: “un amor más allá del amor, / por encima del rito del vínculo, / más allá del juego siniestro / de la soledad y la compañía. (…) un amor para estar juntos / o para no estarlo, / pero también para todas las posiciones intermedias. / Un amor como abrir los ojos. / Y quizá también como cerrarlos”.

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