Bogotá descentralizada al estilo de Lima: una necesidad

Para no enredarnos en definiciones jurídicas del concepto de descentralización administrativa, lo pondremos en un ejemplo real que se implementó desde hace años en Ciudad de Lima.

Ciudad de Lima está dividida en distritos, también llamados municipalidades, cada uno con un alcalde elegido popularmente que se encarga de ofrecer cosas tan sencillas como un buen parque central y recreativo, con un centro administrativo distrital, una oficina de turismo, una iglesia y los despachos judiciales y administrativos desde donde se le tramitan y solucionan los requerimientos de cada habitante local.

Tienen su propio patrimonio, autonomía administrativa, financiera y de ejecuciones de aquellas obras que benefician a propios y extraños.

Así funcionan Barranco, Miraflores, San Isidro, La Molina, Lima, Santiago de Surco, San Borja, Magdalena del Mar, San Miguel, los más exclusivos, como también San Juan de Lurigancho, San MartÍn de Porres, Comas y Villa El Salvador, entre los más populares.

Paradójicamente en San Juan de Lurigancho, el más grande distrito, municipalidad o localidad en toda América del Sur, vive la gente pujante del comercio nacional e internacional.

La autoridad local se encarga de la seguridad y la convivencia de sus pobladores, en una sana competencia por generar los mejores índices en esta materia para auspiciar el comercio y el turismo.

A su vez, opera una centralidad dirigida por el alcalde de Lima, máxima autoridad que se encarga de los temas metropolitanos como la movilidad, la seguridad y la convivencia general, la salud, la educación, la recreación y la cultura de todos los limeños.

Con aproximadamente 9 millones de habitantes, la Ciudad de Lima supera de lejos al Distrito Capital de Bogotá en movilidad, pues ya cuenta con una línea del tren eléctrico, como se le denomina al metro elevado, y una línea de un transmilenio llamado metropolitano con carriles exclusivos sin semáforos, ambos atravesando extremos de la población más vulnerable. Entre los dos sistemas que se cruzan satisfacen solamente habitantes de estrato 1, 2 y 3.

Debido al estado de pacificación en el que ha vivido el país desde cuando se fulminó al Sendero Luminoso del Perú, su auge a nivel nacional y particularmente el de la Ciudad de Lima es innegable.

Bogotá debe aprovechar que Colombia entra en una etapa de posconflicto para atraer turistas de todo el territorio nacional, vendiendo las bondades que podría dar un sistema político-administrativo descentralizado que implemente la elección popular de alcaldes locales, con autonomía administrativa y financiera, con sus propios jueces locales en todas las materias y con una competencia entre sus mandatarios para ofrecer los mejores bienes y servicios a sus ciudadanos.

Con un alcalde mayor para dictar la política pública en los temas centrales y como enlace del Gobierno nacional y de la inversión extranjera.

Un grave error de los constituyentes del 91 fue dejarle al arbitrio de los ediles la conformación de las ternas para la designación de los alcaldes locales por parte del alcalde mayor de Bogotá, cuando debió propiciar la verdadera descentralización que hoy necesita el distrito capital.

Desde la nueva Constitución se condenó a Bogotá a la paquidermia jurídica porque estando investido el Legislativo para dictar la reglamentación legal que desarrollara la descentralización concebida en el espíritu de la misma, se vencieron los términos y fue el Gobierno nacional quien dictó el estatuto orgánico sin poderse modificar y actualizar desde hace 24 años.

Hubiese sido mejor que Bogotá se rigiera legalmente por el régimen municipal que cobija a todos los municipios y que les da un mejor desarrollo administrativo y financiero, sin desprenderse de herramientas propias de la autonomía como las tesorerías. Acá el tesorero de Bogotá es la banca.

¿Por qué no darles a los alcaldes locales la autonomía real que merece el devenir de localidades más grandes que muchas capitales del país, como por ejemplo, Kennedy, Suba o Engativá?

Tenemos que aprender de ciudades como Lima, pero antes tendremos que esperar que exista la voluntad política para descentralizar el poder y generar el cambio que requiere la ciudad capital.

O al menos que permitan desenvolverla como cualquier otro municipio del país, con la seguridad de que el avance se verá inmediatamente.

Bogotá no puede sufrir más el inadecuado y obsoleto régimen legal que la ampara, siendo imprescindible que los candidatos presidenciables y los futuros representantes a la Cámara, le cuenten a los ciudadanos cuál es la propuesta para ponerla a tono con las grandes ciudades del mundo.

No es cuestión de caprichos ni vanidades, es una necesidad.

(*) Gutiérrez Morad & Calderón España - Abogados Constitucionalistas.