Bola negra

Y no se necesita ser un analista de Ernst &Young para saber a quiénes se refiere el informe. Es de conocimiento público que el grupo Sarmiento Angulo tiene un monopolio en el sector financiero y que en las telecomunicaciones lo tiene Claro, empresa de propiedad del empresario mexicano Carlos Slim. 

El informe recomienda también fortalecer la independencia de los organismos de control, –es decir de las superintendencias y de las comisiones reguladoras–, para que cumplan mejor su labor y “mejoren su eficacia”. De este modo la Ocde deja claro que si Colombia quiere entrar a este club, debe tener unos organismos más activos porque los que tiene actualmente se están quedando cortos en su papel de vigilancia. 

En donde más se ha visto esta falta de control es en el caso del operador Claro. En 2007, la Comisión de Regulación declaró su posición dominante e inmediatamente comenzó una guerra jurídica que dilató el proceso a favor de Claro que siguió campante, aumentando su participación en el mercado. 

Cuando fueron a sacar la resolución en donde se imponían las medidas para controlar los abusos de esa posición dominante, recusaron al director de la Comisión, el cual tuvo que renunciar. Se tuvo que nombrar uno nuevo y retomar el tema. En ese proceso se tomó un año y medio y solo hasta la semana pasada entraron en vigencia las medidas para controlar la posición dominante de Claro. La Comisión de Regulación le ordenó a esta empresa, entre otras cosas, que las llamadas entre sus usuarios no podían ser de un precio diferente a las que se hacían entre Claro y otro operador. Falta ver si el operador las acoge y si la Comisión en su debilidad es capaz de hacerles seguimiento. Y por lo que dice la Ocde, es evidente que no hay mucha fe en que nuestros organismos de control, tal como están, sean capaces de meterlos en cintura. Esta Comisión de Regulación no puede convertirse en una nueva versión de lo que fue la Comisión Nacional de Televisión, que terminó cooptada por intereses mezquinos. 

Lo que ha hecho Claro hasta el momento es tratar de dilatar las medidas a través de toda suerte de malabares jurídicos y hasta el momento –a pesar de la bulla– se ha salido con la suya. Y la culpa no es de Claro sino de las instituciones que no han podido domarla ni controlarla. La Superintendencia de Industria y Comercio por ejemplo, tampoco ha demostrado tener dientes para medirse a este desafío. A pesar de que le ha impuesto varias multas, hasta ahora no se le ha abierto una investigación formal en el tema de la competencia. 

Mientras el Estado es incapaz de controlar a Claro, su posición de operador dominante se consolida, estrangula cada vez más la competencia y los que perdemos somos los usuarios que vamos a ver nuestras tarifas encarecidas. De hecho, Colombia tiene las tarifas más altas de celular de América Latina y Claro tiene ya hoy casi el 70 por ciento de ese mercado. 

Estas medidas que acaban de entrar en vigor y que van dirigidas a controlar los abusos de Claro, son necesarias pero nos llegaron tarde. Y de los tres años que tienen para operar ya se les fue la mitad del tiempo en pleitos. Si no se amplía este plazo lo más probable es que no puedan surtir efecto y el mercado termine siendo afectado por falta de competencia.

Por todas estas debilidades el regaño de la Ocde, más que merecido, es una notificación de que la entrada de Colombia a ese selecto club está embolatada y que por el momento nos echaron bola negra. (Y eso que no me metí en el tema del sector financiero que menciona con tanta insistencia el documento de la Ocde).