¿Omisión presidencial?

En una entrevista concedida a Blu Radio el martes 14 de marzo, Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial Santos 2010, reconoció como una “irregularidad” el que la empresa brasileña Odebrecht hubiese pagado por unos afiches la suma 400.000 dólares, a través de una empresa en Panamá, sin que dicha operación fuera reportada ante las autoridades electorales colombianas. Cuando se le preguntó si él había informado de este hecho al presidente, Prieto respondió que efectivamente, a través de una llamada telefónica que tuvo lugar el viernes anterior a la entrevista, es decir, el 10 de marzo, le hizo saber a Juan Manuel Santos sobre esta “irregularidad” (ver minuto 37) 

Unas horas después de la entrevista en Blu Radio, el propio presidente publicó en su cuenta de twitter un video reaccionando a las declaraciones de Prieto, en el cual hace tres afirmaciones: 1. “No autoricé ni tuve conocimiento de estas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”; 2. “Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho”; 3. “Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”. (ver video)

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Si estuviéramos en la época del proceso 8.000, es decir, antes de la entrada en vigencia del código penal del año 2.000, las declaraciones del presidente afirmando su desconocimiento de los hechos podrían ser suficientes para distraer a la opinión y minimizar los efectos de la entrevista del exgerente de la campaña; sin embargo, hoy, a la luz de lo establecido en el artículo 417 del mencionado código, el cual tipifica el delito de “abuso de autoridad por omisión de denuncia”, el presidente y todos los demás servidores públicos que “ahora sí” saben de los hechos reconocidos por el propio señor Prieto están en la obligación de denunciarlos ante la autoridad competente, es decir, ante la Fiscalía General de la Nación, a riesgo de perder su cargo, o incluso hasta de pagar pena de prisión.

Hay que decir con claridad que lo que el señor Prieto llama “irregularidades” puede llegar a configurar, entre otros, el delito de fraude procesal (artículo 453 del código penal) y el delito de obtención de documento público falso (artículo 288 del código penal), pues al no haber incluido los 400.000 dólares en las cuentas de la campaña, se pudo haber inducido a error al Consejo Nacional Electoral, institución que aprobó la contabilidad de la campaña y consecuentemente autorizó la reposición de gastos por votos válidos, que efectivamente se hizo en favor de los partidos políticos que apoyaron al entonces candidato Santos, quien, dicho sea de paso, eventualmente también tendría que defenderse ante la propia Corte Suprema de Justicia en el caso en que prospere alguna denuncia contra él por los mencionados delitos o por otros relacionados con los dineros no reportados.
En mi opinión, si aún no lo ha hecho, el presidente está en la obligación legal de denunciar ante la Fiscalía estos presuntos delitos, pues es esa autoridad la legitimada para investigar y acusar ante un juez a los posibles culpables. De esta manera el máximo mandatario de los colombianos iría mucho más allá de pedir excusas y declararse sorprendido ante hechos de los cuales afirma no haber estado enterado. En estos tiempos tan críticos para la implementación de los acuerdos de paz y próximos a una nueva elección presidencial, el país no aguantaría una nueva “elefantada”. Conocida una conducta presuntamente delictiva, lo único que ética y legalmente corresponde es denunciarla.

*Ex viceministro de Justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.
@ceballosarevalo