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Opinión

  • | 2019/10/16 12:57

    Cuando se eligen bandidos, gobiernan bandidos

    La Fundación Paz y Reconciliación presentó un listado de 184 candidatos cuestionados, por temas de acusaciones y procesos graves de corrupción; relación con actores criminales; o ser heredados de estructuras políticas criminalizadas.

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Los casos, por ejemplo, de corrupción, son más que increíbles, al igual que casos de intervención en política por parte de funcionarios. A continuación, se presentarán dos más. Como lo he repetido, en los últimos meses me he dedicado a denunciar casos de corrupción por todo el país.

El primero es el de Yahir Acuña, quien aspira, por firmas, a la Gobernación de Sucre. Es tal vez uno de los candidatos más cuestionados, pues ha sido socio de todo tipo de políticos criminalizados. En 2004 fue elegido concejal de Sincelejo por el Movimiento Apertura Liberal, aval entregado por el exsenador condenado por la masacre de Macayepo, Álvaro García Romero. En 2007, obtuvo la credencial como diputado de la Asamblea Departamental de Sucre por el mismo movimiento. 

Luego de la caída en desgracia de Álvaro García, Acuña lo traicionó. Renunció a la Asamblea Departamental, para aspirar a la Cámara de representantes en 2010 por el Partido de Integración Nacional (PIN). Inicialmente, obtuvo el apoyo económico de Salvador Arana (condenado por el homicidio del exalcalde de El Roble y actualmente investigado por vínculos con grupos paramilitares) y el presunto aval de los jefes paramilitares Eduardo Cobo Téllez, alias Diego Vecino, y Rodrigo Pelufo Mercado, alias Cadena. También, contó con el respaldo de Enilce López, alias La Gata, cuando esta le propuso que fuera como fórmula de Héctor Julio Alfonso López, su hijo, con gran injerencia en el departamento de Bolívar. 

De ahí se convirtió en uno de los congresistas más poderosos del país. Desde 2012 estableció una alianza con los condenados políticos Juan Carlos Martínez Sinisterra y el Tuerto Gil. Actualmente, Acuña, enfrenta un proceso por parapolítica. Cuenta con el apoyo de su esposa, Milene Jarava, quien es su cuota en la Cámara de Representantes.

El segundo caso es el de Susacón, un municipio de sexta categoría, ubicado en Boyacá. Esto es el mejor ejemplo de un autoritarismo local. Una sola casa política controla el municipio desde hace más de 20 años.  Se trata del clan que ha consolidado Pupo Alonso Rincón desde 1992, cuando llegó la alcaldía por primera vez. Desde entonces, todos los alcaldes han llegado al puesto gracias a la influencia de Rincón. De hecho, solo ha habido dos periodos, de 1995 a 1997 y de 2004 a 2007, en los que el alcalde no era familiar de Rincón. Para el resto de los periodos, el mismo Pupo Rincón logró dos veces la reelección y los demás beneficiados han sido su cuñado Miguel Báez, su sobrino Silvio Alberto Rincón y su hijo Jairo Alonso Rincón. Adicionalmente, para los comicios que se avecinan el 27 de octubre, Rincón proyecta el segundo periodo de su sobrino de la mano con el Partido Conservador. Así las cosas, Rincón, su familia y aliados se han servido de la alcaldía para gestionar intereses particulares, incurriendo en procesos de contratación inadecuados. 

Al respecto de dichos procesos, el candidato opositor a Rincón, Rodolfo Puentes, ha liderado el seguimiento a la gestión de las alcaldías del clan Rincón y ha denunciado las irregularidades ante la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral; denunciando presuntos delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica, entre otros. Las denuncias fueron verificadas por la Fundación Paz y Reconciliación. A continuación, se hará referencia a algunos de los hechos más preocupantes que han tenido lugar en los últimos años y cuyas denuncias han sido recibidas por la Fundación Paz y Reconciliación. 

Por un lado, en cuanto al Centro de Integración ciudadana, construido durante la administración de Pupo Rincón de 2008 a 2011, resalta el contrato por 40 millones de pesos para diseñar la edificación, a pesar de contar con diseños tipo, y una interventoría que se contrató por 12 millones de pesos. No obstante, el proyecto tuvo un sobrecosto de 230 millones y tardó más de lo esperado en su construcción.

Por otro lado, en 2017, se firmó un convenio interadministrativo por 700 millones de pesos para pavimentar tres cuadras del municipio, de las cuales una ya se encontraba pavimentada; incurriendo en un detrimento patrimonial de acuerdo con el departamento administrativo de la prosperidad social. En el mismo año, también se firmaron tres contratos que suman 630 millones de pesos para suministrar casas prefabricadas y dos contratos más que suman 40 millones de pesos para promover las relaciones interpersonales y entregar estufas en las zonas rurales –ambos para ser ejecutados en solo tres días-. Ahora bien, sobre dichos contratos llama la atención que las fundaciones con las que se firmaron fueron creadas en el mismo año, y funcionan en una misma dirección -Funcomis y Funproy-.  

Posteriormente, el 22 de enero de 2018, se firmaron más de 20 contratos por prestación de servicios. Dentro de estos contratos, resaltan dos hechos con la misma contratista: uno por 21 millones para realizar, en 7 días, el plan anticorrupción y otro por 10 millones para que en los mismos 7 días se realizara un informe del modelo estándar de control interno. Igualmente, la contratista que capacitó sobre el manejo de residuos sólidos recibió otro contrato para el manejo de archivo, por los cuales recibió 34 millones de pesos en 7 días. Un tercer contratista, quien elaboró el plan anual de adquisiciones y plan de acción del municipio ganó 35 millones de pesos en 15 días y un último contratista firmó tres contratos que suman 57 millones de pesos. Como si fuera poco, se contrató un diagnóstico de protección animal y asesoramiento al Concejo para su funcionamiento costó 45 millones de pesos, si bien esos gastos le corresponden al Concejo. El resto de los contratos, acumulan otros 198 millones de pesos, cuyos fines están relacionados con temas de política de infancia y adolescencia, educación, uso del agua, entre otros.  Lo de Susacón puede definirse como aquellas personas que se roban un hueco y vuelven por el roto. 

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