Canje, más allá de la guerra

El conflicto no está, desde luego, entre quienes promueven el acuerdo o intercambio humanitario y quienes pregonan el rescate a sangre y fuego de los secuestrados. Tras este falso y peligroso dilema, lo que se oculta es el predominio aplastante del criterio militarista sobre la pusilanimidad del valor civilista en nuestra sociedad. En otras palabras, la prepotencia de la guerra frente a la impotencia de la política. En efecto, tanto el gobierno como las Farc, se encuentran trabados en un pulso a muerte para demostrar quién termina imponiendo su voluntad y condiciones, sin importar mucho el número de víctimas civiles que caigan en la refriega. De alguna manera, ambas partes son rehenes de dicha lógica belicista y por ello son incapaces de encontrar una salida distinta a la derrota o aniquilamiento del contrario. Para liberarlos de semejante encrucijada y poner a salvo el mayor número de secuestrados, no hay otra alternativa que exigir, tanto a las Farc como al gobierno, que cumplan los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), para no permitir que lo sigan degradando y convirtiendo en una sangrienta estratagema para derrotar al adversario. Tal es el principal desafío que tenemos todos los civiles en esta encrucijada, pues no sólo colocamos el mayor número de víctimas sino que nos encontramos en el vórtice del conflicto, pues somos el objeto más preciado de disputa económica, política y militar por ambas partes.

Desde la anterior perspectiva, aunque parezca ingenua y legalista, hay que impedir la continua tergiversación y degradación del DIH, ya que se lo ha convertido en un instrumento para la protección y canje entre combatientes, relegando a los civiles al mercado de la extorsión y el chantaje como valiosas e inagotables piezas para la financiación de la guerra.

Hay que repetirlo de una manera tajante: liberación inmediata e incondicional de todos los civiles, garantizando seguridad para sus vidas mediante la celebración de los "Acuerdos Especiales" que autoriza el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, para así poner fin de una vez por todas a la proscrita toma de rehenes, práctica más propia de mercaderes esclavistas que de combatientes rebeldes.

Pero mientras esa liberación se produce, se debería dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 5 del Protocolo II de Ginebra, que establece que "se respetarán, como mínimo, en lo que se refiere a las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto armado, las siguientes disposiciones", entre otras: b) "las personas a las que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma medida que la población local, alimentos y agua potable y disfrutarán de garantías de salubridad e higiene y de protección contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado; c) serán autorizados a recibir socorros individuales o colectivos". Para garantizar el cumplimiento de las anteriores disposiciones, el artículo 3 común, ya citado, dispone que "Un organismo humanitario, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto". Es claro que las anteriores disposiciones son aplicables especialmente, pero no en forma exclusiva, a los miembros de la Fuerza Pública en poder de las Farc y obviamente a los guerrilleros encarcelados. Pero para el pleno cumplimiento de ellas se requiere, ante todo, voluntad política y no belicista, que es lo que lamentablemente prevalece en ambas partes en la actualidad. Por ello, el canje es improcedente en medio de la guerra, pues tanto las Farc como el gobierno pretenden utilizarlo como estratagema para debilitar y vencer al contrario. Para ambas partes no hay otro horizonte que la derrota del contrario, imponiéndole sus propias condiciones. Así, por ejemplo, las Farc pretenden que sus hombres y mujeres liberados vuelvan a sus filas, como aconteció en el canje que tuvo lugar durante la administración Pastrana. De otro lado, el gobierno no les encuentra a los guerrilleros canjeados otro destino que el ostracismo y su permanencia en el exterior hasta que llegue el final del conflicto. Ambas partes están obsesionadas con el debilitamiento militar del contrario y únicamente les interesa fortalecer sus propias filas y la moral de sus tropas, para así ganar la batalla final, que ya se aproxima, según sus prepotentes cálculos. Y en medio de ese pulso mortal e irresponsable, poco importa que cada día mueran más civiles.

Para evitar lo anterior, hay que situar el canje o acuerdo humanitario en un horizonte político y no belicista. En otras palabras, hacer prevalecer la voluntad y el querer civil de las mayorías sobre la lógica belicista que hoy predomina tanto en las Farc como en el gobierno. Y este horizonte empezaría a despejarse desde el momento que ambas partes sustituyan las balas por las palabras. Sólo así se podrá avanzar hacia los "Acuerdos Especiales", que deben comenzar con la liberación incondicional de todos los civiles y continuar con la de los combatientes de ambas partes, en la lógica de construir paz y no tanto de ganar la guerra. Al respecto, una idea inconcebible para ambas partes: la construcción de Reservas de Paz, bajo la supervisión de la ONU, donde puedan desarrollar conjuntamente proyectos productivos los guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública liberados, en lugar de pensar de nuevo en reclutarlos en sus respectivas filas o de condenarlos al ostracismo, negándoles así el derecho a construir entre todos una patria grande y generosa. Dichas reservas ya existen en nuestra patria en regiones como el Magdalena Medio, donde se consolida el Programa de Desarrollo y Paz coordinado por el padre jesuita Pacho de Roux; o en el municipio de Mogotes, con su Asamblea Municipal Constituyente, liderada por el padre Joaquín Mayorga y más recientemente en la Asociación de Municipios del Alto Ariari, con promotores como Gonzalo Agudelo.

Lo que tienen en común todos los anteriores proyectos es lo que afirma Gonzalo Agudelo: "Son procesos que ni siquiera van contra los grupos armados. No somos ni anti-Farc; ni anti-ELN; ni anti-AUC. Somos comunidades que participan y se fortalecen."Es decir, comunidades que no delegan su destino en supuestos líderes mesiánicos o presuntas vanguardias revolucionarias, sino que lo asumen en forma responsable y democrática.

* Director de la facultad de ciencia política. Universidad Javeriana de Cali