A propósito de la selección de alcaldes locales

Pero la mayor parte de ese dinero se dilapida en proyectos dispersos, repetitivos, de muy bajo impacto en la vida de la gente. 

Algo hizo la administración Petro para reducir el desparrame de los recursos: prohibió, por ejemplo, que se costearan becas en universidades de garaje y ordenó que el 40% de los fondos se destinara a rehabilitar la malla vial de los barrios. Sin embargo, la Cámara Colombiana de la Construcción demostró que la totalidad de las obras viales de cada localidad fue adjudicada a un solo licitante. Por otra parte, algunos contratistas tienen alta participación en las operaciones de los fondos de muchas localidades. ¿Pruebas de corrupción? Digamos que indicios fuertes de ella. Súmese a eso el abuso de la contratación directa, la resistencia de las Alcaldías a adoptar pliegos de licitación uniformes para obras o bienes idénticos, la reiterada asignación de contratos a organizaciones ineficientes, tipo navaja suiza, que ofrecen toda clase de productos y servicios. No en vano la contratación local fue el campo de entrenamiento de los concejales y los intermediarios del Carrusel que se robó la ciudad.

En su primer gobierno, Peñalosa creó en cada sector administrativo –gobierno, educación, ambiente…–, una “Unidad Ejecutiva Local”, UEL, encargada de dar el visto bueno a los proyectos que las Alcaldías pretendían costear con los FDL. Las UEL volvieron más lentos los procesos y no fueron impolutas, pero en trazos gruesos ayudaron a sanear la contratación. Sin embargo, Clara López las desmanteló. Los miembros de su propia bancada le describieron a Petro, en detalle, la corrupción local, y el Concejo dio un sonado debate sobre el tema. No obstante, el alcalde concluyó que era otro embate del Cabildo para debilitar a la administración.

Tres factores se han combinado para dar a luz los FDL. A finales del siglo pasado las organizaciones internacionales de promoción del desarrollo impusieron la moda de crear esa clase de instrumentos financieros. Diseñados para costear un repertorio versátil de pequeños proyectos, del supuesto interés de las comunidades, la mayor parte de los fondos se ha desaguado sin pena ni gloria en todas partes –tampoco en el fracaso somos muy originales–.

Por los mismos tiempos, el país cayó en la euforia de la descentralización. Moisés Naim ha escrito que los gobernantes de izquierda de varios países latinoamericanos “están enamorados de un modelo que supone la existencia de una superabundancia de empleados públicos probos y competentes”. Por eso, según él, nacionalizan empresas y las ponen en manos de burócratas que las hacen naufragar. Pero en Colombia han sido todas las fuerzas del espectro político las que se han ilusionado con la superabundancia de esa clase de funcionarios en los territorios y las localidades, no para que manejen empresas estatales, que aquí son una especie en extinción, sino enormes recursos de transferencias y regalías, a través de la contratación con privados y la tercerización.

Paul Bromberg pone un tercer elemento. Según él, los FDL fueron creados con el fin de cooptar a los movimientos que se habían multiplicado en la ciudad para reclamar, a punta de marchas y paros cívicos, tierra, vías y servicios sociales y domiciliarios.

Lo de fondo, piensa uno, es que el desvío y el despilfarro de recursos públicos, a través de mecanismos muy variados, tanto centralizados como descentralizados, para comprar lealtades y neutralizar resistencias, está metido en el corazón de nuestro régimen político. Los FDL de Bogotá son uno de esos mecanismos. Sin embargo, no hay que renunciar a ajustarlos y reestructurarlos –sin acabarlos, porque también financian cosas buenas–. Dura tarea, de resultados inciertos, pero 700.000 millones son mucha plata y hacen mucha falta para construir equidad e infraestructura en Bogotá.