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Opinión

  • | 2019/04/02 09:38

    Del Lamborghini a la casa por cárcel

    Por estos días la hija del jefe del grupo interno de trabajo de control de carga de la Dian en Buenaventura, se debe estar enterando que uno de los delitos por los que se le investiga a ella y sus padres, es el lavado de activos cuya pena máxima en Colombia al sumarle todos los agravantes puede llegar hasta los 120 años.

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Jenny Lizeth pasó pocas horas detenida, fue la primera en recibir el beneficio de casa por cárcel mientras las autoridades investigan el origen ilícito de sus carros, viajes, megafarras, matrícula universitaria, ajuar europeo, celular enchapado en oro y quien sabe cuántas extravagancias más. Estima la Fiscalía que en cuatro años el núcleo familiar de los Ambuila sacó de Colombia hacia los Estados Unidos no menos de 72.000 millones de pesos. Con esas transferencias los mil millones del Lamborghini resultan un gastico menor.

Por estos días la hija del jefe del grupo interno de trabajo de control de carga de la Dian en Buenaventura, se debe estar enterando que uno de los delitos por los que se le investiga a ella y sus padres, es el lavado de activos cuya pena máxima en Colombia al sumarle todos los agravantes puede llegar hasta los 120 años (Cita y González, 2016). La (ahora sí) famosa youtuber podrá recuperar algo de la tranquilidad cuando sus abogados le expliquen que las probabilidades de condena por lavado son remotas, que en la mayoría de los casos el vencimiento de términos favorece al sindicado y que solo una de cada 600 investigaciones termina con el lavador condenado y en la cárcel (Estimaciones propias a partir de estudios de Dejusticia y FIP, 2017).  

Otro de los varios delitos que seguramente tendrán que enfrentar en juicio tanto padre, madre, hija y otros dos empleados de la Dian, serán los tipos penales creados y endurecidos con la Ley Anticontrabando. En un estudio realizado con mi colega Daniel Wiesner y publicado por el Instituto de Ciencia Política, evaluamos la aplicación de dicha ley, encontrando que solo cuatro personas en toda Colombia estaban condenadas por delitos de contrabando y tenían además detención intramural (corte a agosto de 2017). Es decir que en este país de los sanandresitos encontrar un lavador o un contrabandista condenado y durmiendo en una cárcel es tan exótico como un Lamborghini en las calles de Buenaventura.

Con las pruebas que ha presentado la Fiscalía es bastante remota la posibilidad de que la menor de los Ambuila vuelva a conducir a su “bebé” rojo por las calles de Miami. Sin embargo no todo son malas noticias, de entrada el juez que legalizó su captura le dio el beneficio de casa. Esta no es la excepción sino la norma con los sindicados por delitos de cuello blanco.

Esta lógica judicial bien arraigada en donde la medida privativa de la libertad es para los criminales violentos, pero a los lavadores, contrabandistas, estafadores o corruptos, que se llenan los bolsillos sin untarse de sangre directamente, se les ubica rápidamente en prisión domiciliaria, las guarniciones militares-policiales o las cárceles VIP con Wifi, colchón ortopédico y chefs.  

Para el juez 62 penal de control de garantías de Cali, la vinculación de Jenny Lizeth a una red acusada de girar por lo menos 25 millones dólares producto del contrabando no representa un peligro para la sociedad. No valora el juez en su decisión el riesgo para la sociedad de las miles de empresas legales que han quebrado como resultado del contrabando técnico. Ni tampoco las decenas de miles de empleos que se pierden cada año o los billones de pesos que no se recaudan en impuestos, eso sin mencionar el vínculo del contrabando con el lavado de activos producto del narcotráfico y su incidencia en los últimos treinta años del conflicto armado (El ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y el EPL también son contrabandistas).  

Toda la atención que ha generado el caso del Lamborghini debe servir para recordar que el puerto de Buenaventura se lo disputan desde los años ochenta las redes más poderosas de criminales, con testaferros, sicarios, abogados de planta, relacionistas y funcionarios públicos en la nómina. Hace solo 15 meses la subdirectora de la Dian Claudia Gaviria (una de las colombianas más valientes que he conocido), sufrió un segundo atentado en el puerto mientras intentaba depurar (de nuevo) la entidad de la corrupción. Ojalá esta importante investigación sirva para esclarecer tanto lo uno como lo otro.

Anticipo: El contrabando es el eslabón perdido del narcotráfico, sin el uno se complica mucho la existencia del otro.

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