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La rabia inútil del minsalud Gaviria contra el procurador Carrillo

Al golpear duramente en el caso Medimás, la Procuraduría puso en evidencia el cúmulo de fallas, malas decisiones y procedimientos irregulares que corroen el sistema de salud, fuente de muerte y sufrimiento para tantos colombianos.

Germán Manga, Germán Manga
25 de octubre de 2017

Rabiosa y excedida la respuesta del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a la intervención del procurador, Fernando Carrillo, y a la suspensión del superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, por el desastre Medimás. “Destruir un bien público (la confianza en las instituciones) en busca de un interés privado o personal (la notoriedad o la figuración) es una forma de corrupción” escribió el 20 de octubre en su cuenta de Twitter.

No queda claro si las instituciones a las que alude son las que administran el sistema de salud en Colombia o específicamente la EPS Medimás. Lo que sí es evidente es que la realidad opera en su contra y revela, día tras día, la gran sordidez que encierra el asunto.

Medimás EPS -que no es otra cosa que el nuevo disfraz de Saludcoop y Cafesalud, fuentes principales de la criminalización del sistema de salud- inició actividades el pasado mes de agosto sin tener completa la red de prestadores de servicios, una temeridad que dejó a miles de pacientes sin atención. La Procuraduría no suspendió al superintendente Muñoz por un ardid publicitario sino por negligencia al no haber procedido a la “intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria, suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento” de la EPS, que acumuló más de 20.000 quejas en sus primeros meses de trabajo.

Los problemas de Medimás comienzan por sus socios. En las últimas semanas se hizo público el enfrentamiento entre dos de ellos, Jaime Barrero, codueño y representante legal de Medplus y José Luis Mayorca, socio y representante legal del Centro Nacional de Oncología. El distanciamiento dividió a los propietarios en dos grupos y se ha convertido en fuente de problemas y denuncias, entre ellas que Barrero fue socio de Carlos Palacino y que habría suscrito contratos irregulares con Cafesalud. A su vez, Mayorca es cuestionado por intentos de cobrar “peaje” a los prestadores para incluirlos en la red de Medimás y por sobrecostos en las tarifas de los servicios que su Centro Nacional de Oncología presta a Medimás. También se ha dicho que tiene una denuncia penal por cobrar eventos de salud que estaban incluidos en la cápita que le pagaba Cafesalud.

El superintendente Muñoz está en mora de explicar los antecedentes del caso y por qué permitió la operación de Medimás, cuando no estaba lista para funcionar. La entidad nunca se habilitó -heredó la habilitación de Cafesalud- y tampoco acreditó todos los requisitos que debe cumplir una EPS para entrar a operar.

Medimás se constituyó como SAS, microempresa, con un capital de un millón de pesos y tras la compra de Cafesalud administra cerca de 320.000 millones mensuales de dineros de la salud. Nunca certificó su músculo financiero para adecuar la operación, ni para pagar la compra de Cafesalud, lo cual les despeja el camino para pagarlos con dineros públicos captados por Unidad de pago por capitación (según la propia Medimás hasta este mes han invertido 556.000 millones de pesos en atención en salud y han recibido 960.000 millones por concepto de UPC).

En otro laberinto de sociedades, típicos en el sector salud, la empresa pertenece a Presnewco una sociedad cuyos dueños no son los mismos que integraron el consorcio Prestasalud -que dio origen a Medimás-. El manejo de Presnewco está a cargo de Jaime Barrero y su representante legal es el abogado Andrés Rocha Laverde, también socio de Medplus, exsocio y abogado de Palacino.

Pero además de los enfrentamientos entre sus accionistas y de las sospechas de compra “en cuerpo ajeno” que podrían tener a Palacino otra vez al mando de su nave, los hospitales no quieren contratar con Medimás porque les exigen que les paguen lo que les deben a la fecha y porque, según denuncias que estudia la Procuraduría, les están ofreciendo tarifas inferiores a las que venían manejando con Cafesalud. También hay denuncias de que dan preferencia a la contratación con los dueños de Medimás y de sus otras IPS, sin importar racionalidad de las tarifas ni suficiencia de la red en todo el territorio nacional y que están desarrollando una amplia operación de compra de cartera con los acreedores de Cafesalud al 60 0 70 por ciento con el fin de imputarlas al pago por la compra de Cafesalud al 100 por ciento. Una certificación de la liquidación de Saludcoop estableció que las acreencias de los compradores, a julio de 2017, ascendían a 112.000 millones, suma que no se puede incrementar a través de compra de cartera ya que una EPS no tiene facultades para desarrollar estas prácticas si su objeto social no lo permite.

Un panorama como este ilustra que la rabia del ministro Gaviria no tiene justificación pero sí explicación. Tanto él como la Superintendencia tienen múltiples temas para aclarar en relación con la intervención de Saludcoop en 2011, su conversión en Cafesalud en 2015, la gestión durante la intervención y la venta este año de la EPS a Medimás. Al golpear tan duramente en el centro de la infección, la Procuraduría puso en evidencia el cúmulo de fallas, malas decisiones y procedimientos irregulares que corroen la salud, nítidamente presentes en este caso. No es raro desde ese punto de vista que el ministro haya reaccionado así. Lo que sí es inexplicable es que todavía no hayan llegado la Fiscalía y la Contraloría a hacer lo suyo y a poner orden en esa casa demencial de delito y manejos oscuros que es el sistema de salud, fuente diaria de muerte, dolor y sufrimiento para tantos colombianos.

@germanmanga

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