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¿Chantaje o extorsión?

Con las restricciones y exigencias de ‘pico y placa’ impuestas por la Alcaldía, solo quien paga varios millones extra al municipio puede usar su vehículo sin limitaciones.

17 de enero de 2023

Es difícil entender el escenario legal que plantea la administración municipal en la ciudad de Bogotá, con las normas que restringen el libre empleo de los vehículos particulares. ¿Es un chantaje o es una extorsión que se hace por vías aparentemente legales a los propietarios de estos vehículos para que los puedan utilizar? ¿Quién defiende a la ciudadanía de estos atropellos por parte de una autoridad que ha sido elegida para gobernar, que debe buscar mejorar la calidad de vida de la población, no para que cometa injusticias, atropellos o arbitrariedades contra ellos? Ya estamos cansados.

No se observa ninguna diferencia entre las exigencias de los grupos delictivos que desde las cárceles extorsionan e intimidan a la población, o de las bandas que extorsionan a los comerciantes de barrio para que puedan abrir sus negocios, o de las organizaciones delictivas que extorsionan a las compañías petroleras para no destruir los oleoductos, o de las organizaciones criminales que cobran la ‘contribución a la guerra’, con las exigencias del Decreto 003 de 2023 firmado por la alcaldesa Mayor de Bogotá el 6 de enero pasado.

La citada disposición restringe el empleo de los vehículos automotores particulares dentro del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, a menos que se pague un impuesto adicional, pero no establece que se disminuya el valor del impuesto de rodamiento porque los vehículos solo se pueden usar la mitad del año, ni tampoco dice nada acerca de lo que se denomina el ‘cartel de la señalización’, que ha llenado la ciudad con señales innecesarias gastando millonadas que pueden ser empleadas en reparar los innumerables huecos de las vías y así agilizar la circulación vehicular.

Tampoco establece que se sincronicen los semáforos, así como tampoco ordena que haya policías en los semáforos para evitar que los vándalos rompan los vidrios de los carros para robar, ni tampoco que se abran más vías para entrar o salir de la ciudad para no someter a las personas al caos de los trancones interminables que se forman los fines de semana y peor cuando hay puente festivo.

Los residentes en Bogotá se sienten secuestrados en la ciudad cuando tiene que permanecer 2 o 3 horas en cualquiera de las pocas salidas que tiene la ciudad.

Tampoco exige que se saque de circulación a los vehículos que además de lanzar densas columnas de humo en forma permanente, se convierten en un peligro para la seguridad de los peatones. Ni tampoco establece una norma para impedir que motociclistas irresponsables circulen serpenteando entre los carros, ni exige que los peatones pasen las calles por las cebras de las esquinas.

Solo establece una norma que afecta a quienes tienen un vehículo particular, que según la filosofía socialista es la imagen y representación del capitalismo al que se debe combatir. Qué aberración.

Esas disposiciones que constriñen a los propietarios de los vehículos y afectan la igualdad que establece la Constitución Política, perjudica especialmente a las personas de menos recursos, pues son miles quienes tienen que usar diariamente el carro para llevar a los hijos al colegio o al familiar anciano a su tratamiento médico, o transportar la materia prima o los productos terminados que fabrican con gran esfuerzo para llevar el sustento a la familia o que ante la ausencia de un sistema de transporte masivo seguro, deben usar su carro y no tienen los recursos extras para pagar un impuesto adicional inequitativo e injusto.

Con las restricciones y exigencias de ‘pico y placa’ impuestas por la Alcaldía, solo quien paga varios millones extra al municipio puede usar su vehículo sin limitaciones; esto configura una extorsión que está considerada en el artículo 244 del Código Penal Colombiano.

¿Qué pasaría si los propietarios de carros matriculados en Bogotá solo pagaran el 50% del impuesto de rodamiento en compensación por el constreñimiento de su libre empleo?

Los ciudadanos no tienen la culpa de las pésimas gestiones de los alcaldes de la ciudad, que han descuidado las vías, incluyendo a la actual burgomaestre que ‘ad-portas’ de finalizar su pésima gestión, tiene obras a medio ejecutar en varios puntos de la ciudad, generándose obstrucciones al tráfico normal de vehículos.

Ojalá quien sea el nuevo Alcalde adelante una campaña educativa para peatones y conductores, no un acondicionamiento ideológico de juventudes.