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Opinión

  • | 2018/03/12 05:08

    Una coalición pacifista y democrática es aún posible

    ¿Sería imposible, pregunto, que Humberto de la Calle, candidato liberal en toda la extensión de la palabra; Sergio Fajardo, modelo de coherencia y pulcritud; Germán Vargas Lleras, gran ejecutivo quien votó por el Sí en el plebiscito, fueran el núcleo de un gran movimiento de defensa de la paz, de la paz firmada con las Farc, de la democracia y de la Carta de Derechos en el país?

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Las consultas populares, paradójicamente, solo dejaron ganadores. Desde luego, unos ganaron más que otros, pero nadie perdió, quizá con la sola excepción del doctor Alejandro Ordóñez que obtuvo una exigua votación. De resto, el expresidente Uribe, a través del doctor Iván Duque, obtuvo el premio mayor con poco más de 4 millones votos. La doctora Marta Lucía Ramírez nos volvió a sorprender con más de millón y medio.

A su turno Gustavo Petro, con su solo nombre, obtuvo la nada despreciable cifra de 2.850.000 que sumados a los de Carlos Caicedo, 514.978, le permiten pensar que comienza su campaña a la Presidencia con aproximadamente 3.360.000 votos.

Estas dos opciones no son las mejores para Colombia. Si el expresidente Uribe llega de nuevo al poder sobre sus casi 6 millones de votos iniciales, desaparecerá la JEP, los comandantes guerrilleros terminarán en la cárcel y perderán sus curules en el Congreso. Lo anterior tendrá como consecuencia un fortalecimiento de la disidencia de las Farc y del ELN que, ante la cerrada oposición del doctor Uribe a los términos de la paz firmada con las Farc, lanzarán seguramente al país a una renovada ola de violencia.

Quedarán así mismo amenazados algunos derechos constitucionales fundamentales además del de la paz, como se desprende del A.L. No.3/2003 que fue declarado inexequible afortunadamente por la Corte Constitucional y que traía entre sus normas las siguientes:

1. “Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial”. Con sólo este precepto se le quebraba la columna vertebral a uno de nuestros derechos humanos: El de la privacidad.

2. “El Gobierno nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio nacional, de conformidad con la ley estatutaria que se expida para el efecto”. Era una manera de controlar y vigilar a los ciudadanos, que en tal circunstancia dejaban de ser libres.

3. “Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios”. (Negrillas, mías) Adiós a la libertad individual y familiar y a la inviolabilidad del domicilio.

No estoy hablando de las “chuzadas” que se hicieron ilegalmente contra periodistas, magistrados y jefes de la oposición, algunos de estos calificados por el Ejecutivo como aliados de la guerrilla, sino de la legislación que hizo pasar el gobierno de la “seguridad democrática” para que esas “chuzadas” estuvieran constitucionalmente protegidas. No hablo tampoco de la manera como se consiguió la reelección presidencial en favor del presidente de la República que la gestionaba. Legislar en beneficio propio no es un acto que pueda servir de ejemplo a la juventud de nuestro pueblo. Tampoco hablo de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia, a la cual incluso se llegó al extremo de grabarle clandestinamente algunas de sus sesiones, guerra que todavía no ha terminado pues por cuenta de la investigación que ha ordenado al doctor Uribe, ha sido descalificada como una corte perseguidora, por razones políticas, del expresidente.

Con semejantes antecedentes, es difícil creer en las promesas de que se actuará en la Presidencia con apego a la legalidad. Tanto más cuanto que en algún episodio el presidente decidió por sí y ante sí que unos ciudadanos habían delinquido, cuando esa es una decisión que en un Estado de Derecho como el nuestro sólo corresponde a los jueces. El presidente de la República no puede dar órdenes a la policía para que prive de la libertad a un ciudadano, así el presidente lo considere un delincuente, porque quienes tienen esa competencia conforme la Constitución son sólo los jueces. No queremos volver a esas épocas.

De otro lado, tenemos el otro extremismo, posiblemente también autoritario, del doctor Gustavo Petro, que puede arruinar la economía del país, economía que en todo caso, con su triunfo, se sentiría amenazada, al tiempo que podría llevarnos a una ola de estatizaciones o nacionalizaciones de servicios públicos como parcialmente lo hizo en Bogotá con el servicio de recolección de basuras, amén de que quiere convocar una Asamblea Constituyente que puede terminar en una concentración de poder a su favor y en un cambio de la constitución económica plasmada en el 91, en nombre de la “justicia social”.

Están por fuera de estas dos opciones unos 8 o 9 millones de votos que podrían unirse en procura de una opción tranquila, pacifista y democrática que evitaría la turbulencia con que nos amenazan los extremos señalados.

¿Sería imposible, pregunto, que Humberto de la Calle, candidato liberal en toda la extensión de la palabra; Sergio Fajardo, modelo de coherencia y pulcritud; Germán Vargas Lleras, gran ejecutivo quien votó por el “sí” en el Plebiscito, fueran el núcleo de un gran movimiento de defensa de la paz, de la paz firmada con las Farc, de la democracia y de la Carta de Derechos en el país?

Hoy, si ellos van separados a la primera vuelta, ninguno tiene la menor opción de pasar a la segunda. Tomando como término de referencia la votación para Senado, Vargas Lleras arrancaría con solo 2.155.487; la coalición liderada por Fajardo, con 2.053.796; y Humberto de la Calle con 1.901.933.

Se trata de ir a la primera vuelta con un solo candidato, en una coalición que debe contar con el Partido de la U, con el MIRA y con los conservadores que no quieran plegarse a ninguna de las opciones autoritarias.

El instrumento ya no puede ser sino las encuestas y no hay tiempo que perder. Dos encuestas podrían servir para el objetivo de seleccionar a un único candidato. Después de la primera, sólo quedarían dos en la palestra. Después de la segunda, solo uno, que llevaría a las urnas con certeza de victoria la opción tranquila, pacifista y democrática que es la que Colombia necesita. ¿Serán capaces de lograrlo?

Constituyente 91*

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