Colombia 2022

El 2022 es un año decisivo para Colombia. Superar la polarización improductiva, reactivar la economía desde criterios sostenibles, salvar la democracia de los populismos, mejorar la seguridad en todos los territorios y resolver los problemas que afrontan las personas en su día a día deben ser prioridades en la agenda política nacional, de cara no solamente a la recuperación de la crisis generada por la pandemia de la covid-19, sino también a las dificultades históricas por las que hemos atravesado en materia de convivencia, equidad y bienestar social.

Existe una realidad inmediata por afrontar y es que el país que tenemos hoy es muy diferente al que teníamos hace ocho meses. La economía ha sufrido el golpe más fuerte de su historia reciente con un desplome del 9 por ciento en el PIB durante el tercer trimestre y una caída consecutiva desde el mes de abril. Esta situación es la puerta de entrada a una fase de recesión económica que no experimentábamos desde hace más de 20 años.

Reactivar la economía mediante un crecimiento virtuoso que nos permita no solo mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas más afectadas por la pandemia, sino además continuar en la vía de desarrollo sostenido que venía experimentando el país al crecer a una tasa promedio anual del 4,1 por ciento durante los últimos 15 años es la mejor manera de desactivar el clima de conflictividad y atacar problemáticas como el desempleo y la pobreza. Para el mes de octubre, el desempleo se ubicó en 14,7 por ciento, cuando en el mismo periodo del año anterior estuvo en el 9,8 por ciento. La cifra actual representa un total de 3,65 millones de personas que aún esperan una oportunidad laboral y que muy seguramente hacen parte del 59 por ciento de los hogares colombianos que manifiestan haber empeorado económicamente con respecto al año pasado. Por su parte, la pobreza monetaria, que en 2019 era del 37,5 por ciento, alcanzará para 2020 niveles alarmantes que oscilan entre el 47 por ciento y el 49 por ciento, según investigaciones de Fedesarrollo. Así las cosas, Colombia tendrá diez millones de personas más en condición de pobreza, de las cuales seis millones son producto de la pandemia.

Otro de los grandes retos es el regreso a clases de los más de 102.000 estudiantes del país que desertaron del sistema educativo desde que los colegios tuvieron que pasar a la virtualidad. Una deserción escolar superior al 7 por ciento, como la que podría registrarse tras la pandemia, afectaría directamente a los niños y jóvenes más vulnerables, podría aumentar los casos de embarazo adolescente, de explotación laboral, abuso sexual y los riesgos de múltiples situaciones de violencia. La educación es, sin lugar a duda, la herramienta más poderosa para romper círculos viciosos de pobreza, desigualdad y violencia. El país necesita ponerla como prioridad en su visión de futuro, potenciar las capacidades de su gente y conectarlas de forma pertinente con el sector productivo y las realidades cambiantes de un mundo cada vez más determinado por la cuarta revolución industrial.

No podemos perder de vista la necesidad de mejorar la seguridad y la presencia integral del Estado en todos los territorios de la nación. Este debe ser un imperativo para garantizar la vida y las libertades ciudadanas, para incentivar el turismo y generar confianza inversionista. En lo que va corrido del año, 309 personas han sido asesinadas en 77 masacres, de las cuales 49, el 64 por ciento de ellas, se han presentado en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, los departamentos que históricamente han sido considerados como enclaves productivos para los grupos criminales que se disputan la producción, transformación y tráfico de cultivos ilícitos y en los que existe una densidad de siembra de coca superior al 70 por ciento del total del país.

Todos estos fenómenos de violencia asociada al narcotráfico y a rentas criminales deben ser abordados de manera coordinada desde un enfoque cooperativo en los ámbitos nacional, regional y global. El Estado de derecho, por medio de sus Fuerzas Militares y de Policía, no puede bajar la guardia en la protección de los ciudadanos y en la lucha frontal contra las estructuras ilegales; pero, además, debe hacer presencia efectiva por medio de políticas públicas de educación, justicia, empleo e inversión social para todas las comunidades, especialmente para las más afectadas por la violencia criminal.

Para afrontar estos retos debemos construir consensos de país que blinden nuestras instituciones democráticas de proyectos personalistas, autoritarios y demagógicos; que promuevan una visión integral de seguridad para el bienestar de todos los colombianos; que impulsen un trabajo conjunto y solidario que unan al país alrededor de proyectos sociales y económicos sostenibles entre el sector público, el privado y la sociedad civil, y terminar ya con cualquier tipo de agenda que busque abrir nuevos ciclos de violencia y beneficios políticos que incentiven el odio, la mentira y la desinstitucionalización. Hoy los colombianos reclaman grandeza, racionalidad y sensatez pública en todos sus líderes. El compromiso con los ciudadanos y la resolución de sus problemas reales de pobreza, hambre, quiebra y desempleo deben estar por encima de cualquier interés particular y de disputas ideológicas que nos dividan.

Es un momento histórico para unirnos y construir, desde la diferencia, un proyecto de Estado fuerte que defienda la democracia y sus instituciones, que privilegie la educación y la ciencia como pilares de desarrollo sostenible, que combata todas las formas de desigualdad, corrupción, discriminación y violencia, que le devuelva la confianza a la gente y promueva un acuerdo social y económico que le permita al país levantarse de las graves consecuencias de la covid-19 y de todas las herencias que nos impidan avanzar hacia la Colombia que merecemos: próspera, justa y democrática.

*Por Federico Gutiérrez Zuluaga, exalcalde de Medellín