Colombia contra los criminales que se roban los parques naturales

Individuos y grupos criminales que actúan con premeditación, en forma organizada y a la luz del día, insertan desde hace varios años colonos en los parques nacionales del país y, sin escrúpulos ni consideración, destruyen grandes extensiones de selva que pertenecen al patrimonio común de los colombianos, para apropiárselas y dedicarlas a ganadería extensiva, explotación ilegal de madera, narcotráfico o minería criminal.

Esta salvaje, sistemática e imperdonable destrucción de recursos insustituibles que es uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el país, tiene uno de sus focos principales en el Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM) que incluye cuatro Parques Nacionales: Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Sierra de La Macarena y Tinigua. Tan solo en los tres primeros meses de este año fueron arrasadas allí 5.000 hectáreas de bosque.

El modus operandi de los asaltantes es destruir la vegetación, echar abajo árboles y apropiarse de largas extensiones de tierras a las cuales llevan centenares de familias de campesinos desposeídos que a la vez de mano de obra, utilizan como instrumento para dificultar y atrofiar la acción del Estado. Aunque hay en algunos parques la presencia de colonos desde épocas remotas, -con la mayoría de los cuales el gobierno tiene mesas de concertación en busca de la atención racional y legal de la crisis- lo que se percibe en los últimos tiempos, en especial en los últimos dos años, es la acción agresiva de organizaciones criminales poderosas que financian la depredación, aportan los hatos, construyen vías terciarias para elevar el valor de las tierras y financian el traslado, la instalación  y manutención de los centenares de familias con las que apuntalan sus operaciones.

El fenómeno se ha acentuado dramáticamente durante los últimos meses después de la desmovilización de parte de las Farc que hizo que algunos territorios entraran en disputa entre las disidencias y otros grupos armados, y también porque desató la ambición de finqueros de las zonas aledañas, que vieron en la salida de la guerrilla una oportunidad servida para ampliar sus dominios.

La Cordillera Los Picachos, que registraba 21.461 hectáreas de invasión en 2015, sufrió una deforestación de 614 hectáreas entre 2015 y 2017, que se elevó a 1.749 hectáreas en 2018, una destrucción monumental, aunque inferior a la que sufrió Tinigua en donde se deforestaron 1.088 hectáreas entre 2015 y 2017 y 8.248 hectáreas en lo que va corrido de este año.  

La deforestación y la pérdida irreparable de vegetación en zonas de reserva y especial protección en el sur y en el oriente del país, aumentó 23 por ciento en el último año. 63 por ciento de las áreas más afectadas están ubicadas en la cuenca amazónica donde operan disidencias de las Farc, narcotraficantes y un grupo criminal denominado Los Puntilleros.

Frente a la gravedad del fenómeno la Fiscalía puso en marcha este semestre una nueva estrategia y organizó un equipo de ocho fiscales cuya primera misión es enfrentar y neutralizar personas y organizaciones que han arrasado en los últimos meses casi 150.000 hectáreas en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Meta y lograr la captura y efectiva judicialización de los responsables.

Esta semana realizaron su primer operativo en cercanías de San Vicente del Caguán (Caquetá). Mil funcionarios de la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia allanaron una extensa finca que un grupo de cinco hombres, que tenían como fachada un negocio de ganadería, habían organizado robando tierras del Parque los Picachos y llevando colonos.

El operativo, sin antecedentes en el país, marcó un hito en la defensa de los recursos, pero puso al descubierto a la vez, algunas de las complejidades que implica luchar contra el crimen organizado en Colombia. Lograron la recuperación del territorio y la captura de líder de la organización y de sus cuatro cómplices principales. Fueron decomisadas más de 600 reses avaluadas en 1.200 millones de pesos, sobre las cuales se aplicó extinción de dominio (las autoridades contrataron 50 tractomulas para sacarlas del parque). Pero se produjo de inmediato una gran movilización en la zona. Campesinos intentaron abrir zanjas en la vía para impedir la salida de los camiones. Centenares de personas hicieron una marcha de protesta en San Vicente del Caguán y el juez de Florencia que recibió el caso dictó prisión preventiva para el líder de la banda, pero puso en libertad a sus cómplices. Por fortuna aquí el estado no repitió el error de enviar al Ejército -que con armas largas no puede imponer el orden-, sino al Esmad que contuvo la protesta e impuso la autoridad.  

Lo importante de lo sucedido es que se activó por fin una respuesta sistemática, ambiciosa, estratégica del Estado que tiene en la mira otros 35 focos de deforestación en Los Picachos, que involucra a por lo menos 10 cabecillas más -ya con órdenes de captura- que tienen 2.000 cabezas de ganado dentro del Parque. Pero sobre todo que es la antesala de operaciones de mayor envergadura que se realizarán hasta enero de 2019 en La Macarena, Tinigüa y Chiribiquete. Lo decepcionante, sin embargo, es que tratándose por sus implicaciones de una de las noticias más importantes del año, pasó casi desapercibida en los medios y en las redes sociales, lo cual confirma que entre nosotros, la defensa de los parques y de los recursos naturales es un tema secundario. Nos interesan más la farándula, el chisme y la discusión política enconada e irracional. Eso facilita y consagra el éxito de los delincuentes y de las organizaciones criminales que están devastando nuestro territorio y destruyendo la naturaleza. Y sirve también para entender por qué estamos como estamos.