Colombia para los colombianos

La llamada diplomacia paralela de colombianos contra colombianos empezó en Europa con especial brío a finales de la década de los 80 y principios de los 90. Sus artífices fueron movimientos de izquierda, aliados con organizaciones no gubernamentales del Viejo Continente. Su primer éxito fue el libro “Terrorismo de Estado”, que se publicó en 1992-1993. En él, se incluían las hojas de vida de centenares de oficiales colombianos (tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, coroneles y generales). A todos – sin excepción- se les achacaba violaciones a los derechos humanos. Sin pruebas. Sólo chismes. El libro hizo mucho daño a la imagen del país y afectó injustamente la carrera de muchos militares.

Más preocupante: generó dos precedentes nefastos. Se volvió legítimo utilizar la injerencia externa para presionar cambios internos y se aceptó como normal la subordinación de los colombianos a sus amos extranjeros. Empezaron las giras guiadas de víctimas por las capitales europeas y el “lobby” para que Colombia fuera sancionada. Esa práctica se trasladó a Washington durante los dos períodos de la administración de Álvaro Uribe y la primera de Juan Manuel Santos. Primero para atacar el Plan Colombia y luego para oponerse al TLC. Las agendas de activistas y sindicalistas las organizaban las ONGs. Estás últimas servían de traductores y libretistas. Casi como guardaespaldas. En una ocasión, el embajador en Washington invitó a una de las delegaciones colombianas a desayunar a la residencia para una reunión de colombianos con colombianos. La ONG estadounidense, que patrocinaba la visita, quedó muy descontenta al no ser incluida.

Desde hace varios años, se volvieron habituales las comunicaciones y cartas de dirigentes de izquierda colombianos a congresistas y funcionarios estadounidenses. En ellas se hablaba pestes del gobierno y se buscaba que los gringos – el Imperio de Tío Sam- intercedieran por sus intereses. Curiosamente, funcionaba.

Piedad Córdoba merece mención aparte. En Washington, la entonces senadora era atendida por la embajada venezolana como toda una VIP. Y en sus giras por países latinoamericanos despotricaba a diestra y siniestra de la administración de Uribe. En marzo de 2007 en México, llegó incluso a pedirle a los “gobiernos progresistas cortar relaciones diplomáticas con Colombia”. Su declaración fue condenada por amplios sectores políticos; algunos incluso calificaron sus palabras como traición a la patria. Las voces más indignadas provinieron de miembros del gobierno.

Por eso es inaudito que hoy una senadora de Centro Democrático (Paola Holguín) y otros 40 colombianos uribistas firmen una carta dirigida a congresistas estadounidenses (no quedó claro si era a todos y tampoco porque estaba en español. Mi experiencia en Washington es lo que no viene en inglés sirve para dos cosas: nada y nada). En la misiva dicen: “Como ciudadanos que ejercen cargos en el sector público de Colombia, expresamos nuestra profunda esperanza de que el gobierno de los Estados Unidos de América considere los argumentos antes mencionados y adopte las medidas que considere necesarias”.

Como será de bárbaro el texto, que ningún otro legislador del Centro Democrático adhirió a él. Es impresentable abogar por acciones de esa índole, donde el afectado al final será el pueblo colombiano. El problema, sin embargo, es que no es la primera vez que se hacen gestiones contra la administración Santos en Washington. El ex presidente Uribe ha adelantado una ofensiva diplomática ante miembros del partido republicano con el fin de restarle apoyo al proceso de paz en el Congreso y en la rama ejecutiva. Lo mismo que hacía la izquierda. Eso no está bien. Las luchas políticas se ganan o pierden en casa. El futuro de Colombia es de los colombianos. Punto aparte.

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