La situación de violencia, terrorismo y narcotráfico; las diversas expresiones de corrupción, despilfarro administrativo, pobreza, desigualdad social y egoísmo que estamos viviendo en Colombia tienen en común que pueden traer desesperanza o meternos en un túnel de pesimismo para que lleguemos a la falsa conclusión de que Colombia no tiene futuro. Debemos evitar caer en ese estado de pesimismo porque al final de cuentas a los únicos que puede beneficiar es a algunos sectores minoritarios vinculados a actividades violentas, corruptas o de narcotráfico.

Esos grupos minoritarios, en repetidas ocasiones, a pesar de sus diferencias políticas e ideológicas, no tienen ningún problema en unirse y trabajar en propósitos comunes contra la población civil o en negocios que les generan rentabilidad económica. Es de anotar que dichas violencias han sido estimuladas, muchas veces, por grupos radicales de izquierda o de derecha, lo que confirma que los polos opuestos se unen. “Como no existe mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”, Colombia necesita salir urgentemente del remolino de la violencia, de la corrupción y del narcotráfico. Esa es una de las principales responsabilidades del Gobierno nacional, de los gobiernos regionales, municipales y, en fin, de toda la población.

Para el logro de ese propósito democrático, es urgente la comprensión y la colaboración de la comunidad internacional, las diversas instancias del Estado, las organizaciones sociales, las instituciones educativas y gremios empresariales, culturales o deportivos para que Unidos en la Diferencia podamos mostrar, con datos y ejemplos concretos, a Colombia como un país en progreso y muy diferente al que hoy nos quieren mostrar los que tienen por oficio, tanto a nivel nacional como internacional, el señalarnos como un país habitado por criminales, corruptos o violentos.

Esa responsabilidad compartida de mostrar a Colombia como un país en progreso es la que obliga al Gobierno nacional, sea de centro, derecha o izquierda, y a todas las instituciones del Estado a mostrar lo positivo de Colombia y a que tengan una política de diálogo y cooperación con los empresarios, viéndolos como socios indispensables en la generación de riqueza, de empleo y de mayores ingresos para el Estado. También obliga al gremio de los empresarios a visibilizar más el tipo de empresas competitivas e innovadoras que tenemos, a no pensar que frente a las dificultades políticas o sociales lo mejor es trasladar sus capitales a otros países o de seguir pretendiendo que la rentabilidad económica de sus empresas esté ligada a bajos salarios o empleos precarios. Esa responsabilidad obliga igualmente al país en general a trabajar para afianzar una cultura de la legalidad, de honestidad, de convivencia pacífica, de no al dinero fácil y de cero tolerancia con la corrupción.

Nos corresponde mostrar más, con la colaboración de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales, gremiales y de la población en su conjunto, ejemplos positivos de legalidad y de convivencia pacífica, así como todos los avances que hoy tenemos en materia educativa, cultural, científica, tecnológica, económica, social y deportiva, los cuales son un verdadero orgullo para la esperanza y dignidad del país y que demuestran que Colombia sí tiene futuro.