¡Colombia sin posconflicto!

La institucionalidad democrática sucumbe cuando no se garantiza la vida de quienes ejercen liderazgo en la sociedad, especialmente de opositores y minorías. También cuando quienes están encargados de imponer la ley, desvían su accionar, o someten el poder que ella les otorga, a sus designios personales o de grupo, en contravención de las más básicas normas de humanidad, pero también de la separación de poderes y de las reglas básicas de la deliberación democrática. Veamos lo que viene sucediendo.

Las estadísticas de la violencia revelan un punto de inflexión a partir de 2018 cuando vuelve a ascender el homicidio y reaparece la violencia política. Según la MOE, en las 16 zonas más afectadas por el conflicto armado se ha concentrado el 70 por ciento de los asesinatos de líderes sociales, muchos de ellos dirigentes alternativos o aspirantes a cargos de elección popular.

La aparente impotencia estatal frente a su responsabilidad de protección exige profundizar en las razones por las cuales, en los territorios dejados por la desmovilización de las Farc, gran parte de las autoridades civiles y militares no aplican rigurosamente la Constitución y la ley. La confianza en las instituciones y el imperio de la ley se minan con cada homicidio adicional, que desafortunadamente supera en gravedad a los anteriores.

El execrable asesinato del excombatiente Dimar Torres Arévalo a manos del Ejército y el infructuoso esfuerzo de encubrirlo son un ejemplo de ello. El comportamiento oficial en este caso no difiere del seguido durante la degradación del conflicto armado que terminó en cerca de diez mil ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos. Antes de la aceptación acrítica de la versión del forcejeo reiterada por el ministro de Defensa y avalada por un fiscal y un juez, un oficial del Ejército ya había afirmado que la muerte se había dado en medio de un operativo contra el narcotráfico. Se requirió de la muy valiente reacción de los vecinos de la víctima y la intervención de la Comisión de Paz del Senado, con la Misión de la ONU a bordo, para que la impunidad no siguiera su curso.

Tampoco augura bien para el posconflicto y la democracia la conducta del presidente Iván Duque frente a la decisión de la JEP al ordenar la captura de alias el Paisa, asumiendo como propia la atribución judicial en clara violación de la separación de poderes. Los cargos públicos son posiciones de responsabilidad y confianza y sus atribuciones no deben ser tergiversadas ni la imparcialidad en la toma de decisiones puesta en entredicho.  

A los homicidios y abusos de poder se suma la insólita explicación de la Corte Constitucional para sesionar en un club privado: sospecha que las comunicaciones de los magistrados y el recinto de sesiones están siendo violados por escuchas ilegales. De manera institucional, pero tal vez ingenua, la corte ha enviado una comunicación a la Policía, la Fiscalía y los servicios secretos para preguntarles si tienen conocimiento de ello. Con el antecedente ya probado de las “chuzadas” al alto tribunal, que tiene en la cárcel a una exdirectora del DAS, el regreso de esas prácticas prende todas las alarmas.  

Los ejemplos tratados en esta columna no son los únicos síntomas del deterioro de la institucionalidad y de la paz. Son apenas los publicitados durante el fin de semana anterior. La noticia reconfortante es que algo está cambiando cuando la ciudadanía responde y exige, un general pide perdón por las actuaciones de sus hombres y la Corte Constitucional hace públicos los atropellos que buscan socavarla. El posconflicto, la consolidación de la paz y las esperanzas de una democracia de calidad dependen de que esas voces de inconformidad perseveren y no sean calladas o sancionadas.