Líneas rojas

Ante la incontrastable evidencia de que el acuerdo con las Farc quedó mal negociado y que, en buena parte, los paracaidistas que al final aterrizaron en La Habana terminaron echando por la borda años de esfuerzo y renunciaron a todos los límites que con claridad se hubieran tenido que mantener, llegó la hora de recuperar la conciencia sobre unas líneas rojas que nunca debieron abandonarse y que es buen momento para reconstruirlas y evitar que este momento decisivo que vivimos, termine peor de lo que va.

Primera línea roja: frente a la curiosa insistencia de los miembros de las Farc de reabrir los listados de sus integrantes que quedaron cerrados formalmente el pasado 15 de agosto, los ponentes de la Ley Estatutaria de Justicia Especial para la Paz y el propio alto comisionado, Rodrigo Rivera, deben mantenerse firmes en que ni ese listado ni el de los bienes reportados pueden volver a reabrirse según el capricho de la guerrilla. Lo digo porque en la reunión que sostuvieron hace unos días con el fiscal, llamó la atención de los asistentes la propuesta de Alape y el abogado Santiago en ese sentido. El asunto no debería siquiera considerarse pero como las Farc andan en ese cuento, más vale tener los ojos abiertos.

Segunda línea roja: Aunque según el procedimiento legislativo, los puntos aprobados en primer debate de la ley estatutaria de la JEP pueden volver a discutirse por las constancias que dejaron los miembros de Voces de Paz en el congreso, tanto los ponentes como el resto de parlamentarios deberían mantenerse en lo logrado en materia de testaferros, delito continuado, disidentes y reincidentes. Ceder en esto es ceder en los postulados más básicos de toda justicia y terminar por darle la razón a la oposición en el sentido de que la JEP es un sainete lleno de beneficios para los miembros de las Farc y de condenas y cacería de brujas para los militares, agentes del Estado y civiles.

Tercera línea roja: Sin unas condiciones mínimas de presentación ante la JEP, aporte de verdad e intención de cumplir las ya de por sí flexibles sanciones, los máximos responsables de las Farc no pueden hacer política sin más. No pueden. ¡Que alguien les diga a los honorables parlamentarios que estamos a punto de convertirnos en el primer país del mundo que permite que quienes cometieron delitos execrables participen en política sin haber puesto un pie en un tribunal! Eso resultaría francamente inaceptable y me duele pensar que algunos congresistas decentes apoyen semejante barbaridad.

Cuarta línea roja: La Corte Constitucional –que no nos digamos mentiras, tiene varios magistrados de bolsillo del gobierno– está encargada del análisis jurídico del acto legislativo que incorporó la JEP en nuestra Constitución. Si bien está claro que no lo van a tumbar, aunque tendrían varias razones para hacerlo, deberían definir con precisión lo que debe entenderse por “restricción efectiva de la libertad” para llenar de contenido ese concepto, sin caer en la burla que pretendieron los negociadores de asignarle ciudades o departamentos enteros por cárcel a los responsables de delitos de lesa humanidad. ¿Lograrán ‘destetarse’ del Ejecutivo algunos de esos magistrados para hacer lo que les toca y no lo que el gobierno les pide vía chat o en las reuniones que algunos de ellos sostienen en Palacio?

Finalmente, ojo con lo que está diciendo la fiscal ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la sistematicidad de los delitos graves y la aplicación de las sanciones a quienes los cometieron. Se necesita un “sistema riguroso de verificación”, según sus propias palabras, y las ligeras pretensiones del gobierno y ‘sus buenos y leales amigos’ en este sentido, no parecen satisfacer esa otra línea roja que nos llega desde la CPI.

O le ponemos a esto nuevos límites que no se negocian porque son de la esencia de la civilización democrática o acabamos definitivamente con lo que todavía nos queda de Estado Social de Derecho en Colombia. Así de determinante es el momento que vivimos.  

Twitter @JoseMAcevedo