¿Cómo garantizar la protesta social?

Resulta insólito en un país que hace la transición del conflicto armado a la convivencia pacífica, que los responsables de manejar el orden público solo atinen a utilizar frases de cajón y a lavarse las manos de toda responsabilidad por los desórdenes que incluyeron el lanzamiento de una bomba incendiaria por parte de un encapuchado a unos policías y el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD.

“Vamos a ir tras ellos,” trinó el Ministro de Defensa. El Alcalde Peñalosa aseveró, “vamos a ser más drásticos y contundentes haciendo respetar el derecho de las personas a movilizarse.” El Secretario de Seguridad de Bogotá, después de afirmar que evalúan la posibilidad de no permitir las marchas estudiantiles, traslada toda la responsabilidad a los organizadores: “Quienes convocan una marcha tienen que ser responsables de los hechos. No podemos seguir diciendo que son unos pocos. Nos hubiera encantado que quienes estaban acompañando ayer en la marcha hubieran podido reaccionar, sacar estas personas que habíamos podido judicializarlas”.

En las marchas del jueves hizo falta una adecuada conducción política, no solo de los organizadores del movimiento estudiantil y de las centrales obreras sino también de las autoridades distritales. Ante la ausencia de voluntad de grupo radicales minúsculos frente a los millares de manifestantes, la concertación previa debe comprender acciones auto-protectoras previamente acordadas.

Entre 2008 y 2011, me correspondió dirigir las acciones del gobierno de la ciudad frente a unas de las protestas más complejas de la época reciente, sin que se presentaran hechos de violencia que lamentar: la Minga Indígena que concentró en la Capital a cerca de trece mil indígenas de todo el país; la toma del Parque Tercer Milenio por parte de 7.500 víctimas de desplazamiento forzado y las marchas estudiantiles de la MANE que obligaron al Gobierno Santos a retirar del Congreso su reforma educativa que buscaba introducir el ánimo de lucro en la educación superior.

El manejo de las movilizaciones va mucho más allá de afirmar que la protesta pacífica es legítima. Se hace necesario entablar un diálogo institucional para asegurar que así sea, concretando la voluntad de llevar a cabo una protesta pacífica con compromisos y acciones concertadas, tanto de los organizadores como de la autoridad responsable por el orden público. En los casos señalados, el diálogo inició apenas se anunciaron las protestas y se prolongó hasta que culminaron satisfactoriamente con la evaluación para incorporar lecciones aprendidas. Los acuerdos incluyeron decisiones del Consejo de Seguridad para evitar la confrontación tradicional con el ESMAD que no hizo presencia visible, pero si se encontraba, en prevención, acantonado en sitios cercanos. Se dispusieron tableros para los grafitis y telones de protección de establecimientos vulnerables. Las mujeres policías jugaron un papel ejemplar.

Con asesoría de la Guardia Indígena, que jugó un papel ejemplarizante en las marchas de la Minga, se organizaron los grupos de derechos humanos de cada universidad para proteger su sección de la marcha de la acción de provocadores, mediante reacciones previamente concertadas para aislar a quienes intentaren ponerse capuchas o romper la disciplina. Y, desde luego, la intervención quirúrgica de la fuerza pública –sin dispersar la marcha-, en caso de fallar los mecanismos de autoprotección frente al accionar de grupos violentos.

La protección del derecho a la protesta exige una concertación cuidadosa previa por parte los organizadores y las autoridades. No basta con firmar acuerdos. La confianza debe construirse con liderazgo y diálogo orientado a concretar voluntades y establecer derechos y límites. Esa fue la clave del éxito que simboliza el Abrazatón entre estudiantes y policías protagonizado por la MANE en 2011. Las cosas no pasan solas. Deben ser conducidas con respeto y firmeza de talante democrático.