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La seguridad de las elecciones

El Estado tiene la obligación de hacer posible y real la expresión democrática desde todos los frentes que abarca la seguridad.

Marco Tulio Gutiérrez Morad, Marco Tulio Gutiérrez Morad
7 de mayo de 2018

El Estado tiene la obligación de hacer posible y real la expresión democrática desde todos los frentes que abarca la seguridad.

Brindar la seguridad jurídica, la propia seguridad personal en su integridad moral y física de los candidatos, y por encima la seguridad de los electores, es la garantía para preservar la democracia y las instituciones.

Si la Constitución le confiere a los ciudadanos el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, en tanto se trata de derechos fundamentales, deben ser respetados y garantizados por el Estado. Así lo ha perfilado la Corte Constitucional, de lo contrario estaríamos frente a una normatividad superflua o que no obedece a un designio del constituyente.

En este debate electoral se espera una mayor participación del electorado en consideración al desarrollo comunicativo de las redes sociales, con amplia participación de los jóvenes quienes viven el fenómeno en un sentido dinámico que los motiva a acudir a las urnas.

Hasta ahí todo pareciera color de rosa, en la dogmática no hay imposibles, pero en estos eventos, y con la polarización existente, se dan fenómenos que pueden alterar el orden público que consecuencialmente alterarán esa expresión democrática.

La invitación está dirigida a los órganos de control, que como en el caso de la Procuraduría está produciendo actos positivos en materia electoral y de orden público, como por ejemplo, el descubrimiento y denuncia de siete casas de pique en Tumaco, territorio en el que se mueve el hombre que tiene en jaque la defensa interna de un país entero, con incidencia nefasta hacia Ecuador, pais vecino afectado trágicamente por los hechos ya conocidos.

El Ministerio Público alertó a las autoridades competentes de esos macabros hechos que causan estupor y miedo, como cuando se destaparon los falsos positivos, ante los cuales no hay cabida al amilanamiento institucional.

También el llamado va hacia la ciudadanía que debe poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho sospechoso y hacer la delación de sus autores para que la intervención estatal sea inmediata y eficaz.

Esa misma ciudadanía, representada en los seguidores de uno y otro candidato, debe estatuirse como los principales y directos testigos electorales de ese proceso.

La Fiscalía General de la Nación debe manifestarse frente al cubano y sus declaraciones que atentan en contra del ambiente electoral, porque o ese señor es un loco de atar o quienes oímos a Vicky Dávila somos sordos.

Por su parte, no hay quien frene a J.J. Rendón, quien habla descaradamente a nombre de una campaña atizando el fogón de la polarización e interviniendo en asuntos internos. No necesitamos mercenarios electoreros contratados para hacerle daño a la racionalidad democrática de nuestra nación.

En todo caso, todas las fuerzas vivas desde la comunidad hasta los organismos del Estado, deben estar vigilantes y garantes para que las elecciones del 27 de mayo se den en un clima de paz como queremos la mayoría de los colombianos.

(*) Abogado Constitucionalista.