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Opinión

  • | 2019/04/09 21:06

    ¿La Policía administrará las aduanas?

    El dilema de ampliar o no las competencias a terrenos de entidades civiles no solo le ocurre a la Policía, también al Ejército y la Armada Nacional, quienes han tenido que extender sus responsabilidades por necesidades del servicio en varias ocasiones.

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El reciente escándalo por los lujos internacionales de la familia Ambuila ha generado reacciones variopintas, unos memes muy buenos y otros de tonito racistas que nos recuerdan en qué país vivimos, también logró –por fin- darle  al contrabando un nivel de problema de seguridad nacional, visibilizar que las mafias de los puertos amenazan, matan, trafican, perduran y se enriquecen tanto o más que los extintos carteles del narcotráfico.  

El director de la Dian José Andrés Romero en la entrevista dominical de El Tiempo, anunció cuatro medidas que generan esperanza, denotan innovación y requerirán de un profundo compromiso. i) En pocos meses inicia la facturación electrónica, que aunque llega con más de una década de retraso y será sin duda objeto de críticas y opositores, esta promesa de campaña no da más espera.  ii) La adquisición de escáneres para el registro de contenedores, de los que se vienen hablando desde hace tres lustros, pero que ahora sí, tanto recursos como voluntad política están alineados, iii) Informó que la Dian trabaja en un relevo generacional planificado del 40 por ciento del personal y iv) Se busca una inyección de capital de 50 millones de dólares para una transformación institucional profunda en recursos técnicos y humanos. En la primera mitad de la entrevista todo se leía muy bien.

Cuando Yamid Amat preguntó por las difíciles condiciones de seguridad en los puertos y las medidas de control que adoptara este Gobierno, el director de la Dian confirmó que tres de las principales aduanas del país: Barranquilla, Buenaventura y Maicao pasarán a control policial como medida extrema de seguridad. ¿Han funcionado medidas como estas en el pasado?, ¿Se fortalece así la institucional civil y la policial?, ¿Se reducen los riesgos y vulnerabilidades de la operación portuaria? La respuesta basada en experiencias previas es tres veces no.

Traslapar los roles civiles-policiales y candidatizar a los oficiales de la fuerza pública para asumir funciones aduaneras no es una solución sostenible, menos aun si se justifica bajo la premisa equivocada de que ellos son menos vulnerables frente a la violencia mafiosa. En los últimos cuatro meses la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) ha sido víctima como nunca antes de demenciales ataques contra su personal, la Polfa que tenía un promedio de un asesinato al año, ahora registra uno por mes desde que arreciaron en sus planes de lucha frente al contrabando. El plan pistola en los puestos de control fronterizo y los ataques con bombas incendiarias, cobraron la vida del intendente Giovanny Palomino en La Guajira y los patrulleros Óscar González y Jeison Bejarano en Arauca. Honor a su memoria.

El dilema de ampliar o no las competencias a terrenos de entidades civiles no solo le ocurre a la Policía, también al Ejército y la Armada Nacional, quienes han tenido que extender sus responsabilidades por necesidades del servicio en varias ocasiones. No hace mucho tuvimos a capitanes de navío encargados de puertos comerciales, ya es tradición que generales de la Policía dirijan el Inpec, también tuvimos a alcaldes y gobernadores militares que se nombraban cuando las condiciones de seguridad no permitían una administración civil, y sin olvidar la macondiana decisión de usar una corbeta en alta mar como centro de detención para un reconocido narcotraficante. La lista sigue y es mucho más larga desde la actualización del código de Policía.

Debería la Dian consultar a la Armada Nacional sobre cómo fue su experiencia institucional cuando mantuvo estos encargos aduaneros en sus oficiales, o aprender de las lecciones que dejó atribuirles a las brigadas militares el control del transporte de insumos y combustibles. En perspectiva, estos encargos (que se tienden a volver permanentes) le terminan trasladando a la Fuerza Pública problemáticas y vulnerabilidades que le deberían ser ajenas.  

La respuesta de cómo garantizar la seguridad y la transparencia en los puertos y aduanas del país,  debe centrarse en la implementación de un modelo de seguridad integrado y robusto en zonas territoriales críticas (de los que hay buenos antecedentes), decisiones que deberían emanar del Consejo de Seguridad Nacional.

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