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Opinión

  • | 1983/01/03 00:00

    CONDICIONES ECONOMICAS DE LA PAZ

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Es notable, en verdad desconcertante, el contraste que ofrece el progreso de la apertura política que vive el país y las antipopulares políticas económicas y sociales del mismo gobierno. Es una situación que nos deja sin aire a los comentaristas duros y puros, que creemos en la estrecha relación que existe entre la política y lo económico, pues lo que sucede hasta el momento es precisamente lo contrario: hay una distancia bastante grande entre una política de diálogo, que no ha hecho concesiones reales y que ha tenido éxito aparente y unas condiciones sociales que se deterioran crecientemente.
El carácter godo de las políticas del gobierno se muestra, por lo menos en tres tipos de medidas. Primero, la política salarial de aumentos por debajo del costo de vida reconcentra la renta en favor del capital, aumenta el ahorro patronal, disminuye el consumo y ahonda la recesión; en la última década este tipo de política fue la causa más importante del recrudecimiento de la guerra social en el país. Segundo, una política que privilegia la lucha contra la inflación y que busca, más que todo, la estabilidad monetaria y financiera del sistema, creando, en consecuencia, un mayor desempleo al excesivo que existe actualmente y golpeando a millones de trabajadores frustrados. Tercero, un tratamiento a los problemas fiscales que pagan los trabajadores del Estado con el recorte de sus salarios reales y los usuarios de los servicios del gobierno, sin afectar a los grandes evasores de impuestos, ni a los exportadores que reciben dineros de todos, ni a los grandes financistas que tienen a su disposición dineros públicos para cubrir sus irresponsabilidades para con el público ahorrador.
Pero insistamos en que la paz social es requisito de la paz política y que es tan sólo una cuestión de tiempo para que se cierre la distancia entre los dos planos. Si esto es cierto se necesitaría que las clases dominantes y el gobierno hicieran concesiones reales a los trabajadores en materia salarial, y a la población en términos de gasto social. Durante buena parte del Frente Nacional, y aún con un desempeño economico no muy brillante, existió cierto compromiso de hacer reformas de tipo social y agrario que se expresaron en un gasto social creciente del gobierno y un nivel salarial también en ascenso. Pero todo esto terminó desde el acuerdo de Chicoral, en 1971, y sobre todo, con las políticas neoliberales que recortaron gastos sociales, que indujeron al deterioro de la calidad de unos servicios públicos muy encarecidos y que recortaron los impuestos que pagan los ricos y aumentaron los de los pobres.
El país termina siendo un cuento de hadas para los ricos, pues los pobres tributan para socializar las perdidas del capital y para financiar buena parte de un decreciente gasto público. El gasto público en 1981 fue tan sólo 11% del producto nacional, habiendo perdido 3 puntos durante la década. Por lo demas,. los salarios reales fueron recortados durante la mayor parte del mismo periodo.
Así las cosas, y en forma casi que natural, las aspiraciones de mejoramiento de los trabajadores fueron confrontadas por el Estado con la violencia y el recorte a las libertades públicas, y no con la nogaciación y las concesiones economicas, de tal manera que la guerra social, que nunca dejó de existir en el país, se recrudeció mucho.
La recuperación de una efimera paz, por contraste, requiere que existan mecanismos de negociación y de un poder efectivo del gobierno para hacer concesiones réales a la población. Se necesita, por lo tanto, un aumento sustancial del gasto público, sanamente financiado a través de una tributación progresivas, que alcance una parte mucho mayor del producto nacional de lo que alcanza hoy y que permita financiar holgadamente buenos servicios de vivienda, salud, educación, transporte y otros, sin recurrir a su autofinanciamiento ni a su privatización, en lo que el actual gobierno parece tener continuidad con los, anteriores.
Continúa también suponiendo que no hay que aumentar el tamaño del Estado sino que, por el contrario, hay que reducirlo aún más.
Algo similar ocurre frente a la reactivacion de la economía. No existe una voluntad política del gobierno para aumentar el empleo. Aún si existiera esa voluntad yo personalmente creo que una verdadera reactivación no es viable. Y el crecimiento económico sería lo único que permitiría, bajo las condiciones políticas actuales, un mayor empleo y mejores salarios. El problema actual de la economía colombiana es un exceso de ahorro (recuérdese la reconcentración de la renta en favor del capital), un faltante de demanda efectiva frente a una capacidad industrial excesiva (pero una capacidad agrícola muy deficiente), agravado por la recesión internacional.
El problema no es definitivamente un exceso de demanda inflacionaria. El gobierno insiste, sin embargo, en aumentar aún más el ahorro y disminuir la demanda y el consumo vía la baja de los salarios reales. Tales políticas harán recrudecer una recesión "natural" muy fuerte y no serán exitosas en vencer la inflación. Las orientaciones vienen de una mezcla de monetarismo, ofertismo, la derecha cepalina y la doctrina social cristiana. Muy poco que favorezca la paz social.
Creo innecesario insistir en que las condiciones económicas para la paz no son halagueñas. Ojalá que las condiciones políticas si lo sean. Que me equivoque al creer que la política está determinada, en últimas, por las corrientes subterráneas de la economía, que hoy en día son de estancamiento, desigualdad y de sufrimiento material para millones de ciudadanos colombianos.
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