¡Qué barbaridad! ¡Congreso de pornografía!

Se desató en Cartagena una batalla a propósito de un Congreso de Pornografía. Los organizadores aspiraban realizar un evento con el fin de promocionarse y propiciar nuevos negocios, lo que hace cualquier gremio o sector de la economía. Hay quienes se escandalizaron por esa posibilidad y montaron una cruzada política, moralista y religiosa. ¡Inaceptable que promuevan la pornografía! ¡El Estado no lo puede permitir!

Sorprenderá a algunos lectores que le dedique una columna a este tema, corriendo el riesgo de la excomunión y de ser ungido pornógrafo, pero no es un asunto menor, tampoco una cuestión de moralistas o libertinos, ni  de chiste, por el contrario, merece la mayor atención por tratarse de la vigencia del estado de derecho y del respeto por las libertades que la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos protegen, además de ser fundamento del régimen democrático.

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El precepto fundamental del Estado de derecho consiste en que a las autoridades sólo les está dado hacer lo que la ley les faculta, mientras los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no les prohibe. Es ante todo una garantía de libertad y de poder limitado del Estado. Esa regla de ejercicio de la autoridad y de la libertad, está en la base de la Constitución de 1991 y no puede ser desconocida bajo ninguna circunstancia.

En el caso del polémico evento, al parecer, primaron intereses políticos vinculados a la subjetividad de creencias religiosas o morales de una facción de la sociedad, sobre el carácter garantista del ordenamiento jurídico.

Esta columna no es una defensa de la pornografía, sino de la libertad. La pornografía podrá parecer a muchos una cuestión deplorable, baja, contraria a la dignidad de los seres humanos, un pecado o una demostración del degeneramiento infinito de la sociedad moderna, lo que se quiera, pero esa no es la discusión. Lo cierto es que no está prohibida en la legislación colombiana. Es legal. No es delito. Es tan legal como constitucional que los empresarios y los consumidores de esa “industria de entretenimiento de adultos"  y en general los ciudadanos interesados, puedan reunirse, asociarse, celebrar convenciones, llevar a cabo seminarios, foros, congresos, ferias, crear empresas, lo que se les de la gana, siempre y cuando no este prohibido y, señores, no lo está y no lo puede estar.

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Estamos ante una ola de prohibicionismo estatal por intereses políticos derivados de afanes electorales, creencias, ideologías o credos que al margen de la Constitución ambicionan condicionar a los Gobiernos y someter a la sociedad. El Estado no tiene que meterse en el ámbito privado de nadie y menos hacer prevalecer visiones de grupos de interés contrarias a la libertad. Así como no puede dictar la forma de criar a nuestros hijos, tampoco esta habilitado para meterse de ningún modo en una serie de aspectos que desbordan los límites que le impone la libertad de los ciudadanos al poder público.

Si a usted no le gustan los toros, no asista, no vaya, pero permita que a quienes sí les gusta puedan disfrutar de las corridas. ¿De donde acá una minoría se arroga la facultad de vetar a los demás? La izquierda populista, llena de “animalistas”, actúa igual que la derecha recalcitrante que pretende convertir en un culto a toda la sociedad. Señores, si no les gusta la pornografía, pues no la vean, ni a escondidas. Simplemente, no la vean, pero dejen que a quienes la quieren ver lo hagan. ¡Es cosa de ellos! ¡Ese no es su problema! ¡Respete la libertad de los demás!

Pasar esto por alto tiene consecuencias. Mañana, con el mismo espíritu de atropello no faltará el que quiera prohibir las minifaldas, los descotes, las medias veladas insinuantes o, del otro lado, el que desee proscribir la exhibición pública de crucifijos, imágenes de la Virgen María o escapularios. Las extremas derecha e izquierda se parecen en mucho, son enemigas de la libertad y pretenden que el Estado restrinja cada vez más las libertades públicas.

¡Atención! ¡No digo que se admita todo! Conforme a la jurisprudencia constitucional, con el propósito de proteger los derechos de los demás, en especial los de las poblaciones vulnerables, por ejemplo los niños, las autoridades pueden establecer limitaciones razonables y proporcionadas sobre eventos donde se difundan socialmente expresiones que se señalen de pornografía, pero carecen de facultad que les permita impedir tales eventos, suspenderlos, suprimirlos, perseguirlos, lo cual constituye censura.

Que bueno que el alcalde informe qué norma jurídica prohibe un evento legal de esas características. Si los empresarios afectados demandan al Estado, muy probablemente con los impuestos que pagan los ciudadanos de Cartagena se deberá resarcir el daño. ¡Muy moral actuar en contra de la ley!

De la misma forma que no se admite que el Gobierno imponga lo que los cristianos llaman “ideología de género” y que Humberto De La Calle emocionado metió de contrabando en el Acuerdo de La Habana para imponer un modelo de sociedad y de educación a los niños, tampoco es aceptable que con base en moralismos o creencias religiosas se pretendan vetar actividades que son legales y que gozan de garantía constitucional. El prohibicionismo estatal es el preámbulo de un nuevo autoritarismo.

Ojalá la demostrada diligencia del alcalde al prohibir y perseguir una reunión legal fuera la misma a la hora de desmantelar las redes de prostitución infantil que todo el mundo conoce afectan a Cartagena. Más provechoso sería a la ciudad y sus niños que los manifestantes salieran con carteles y con denuncias en contra de esas redes. ¿Qué esperan?

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