Verdades sabidas y riesgos conocidos

A los seis meses del triunfo de la revolución sandinista en 1979, al que Colombia contribuyó notablemente con su apoyo político, Daniel Ortega y el combo de “Comandantes de la Revolución” que lo acompañaba, resolvieron dar un paso más allá del de su predecesor el dictador Anastasio Somoza.

El nuevo dictador declaró en 1980 ante el mundo que el archipiélago de San Andrés era de Nicaragua y que el tratado de 1928, mediante el cual había reconocido la soberanía colombiana sobre el archipiélago, era nulo por que se había firmado por presión de los Estados Unidos, cuando aún Nicaragua “no era independiente”.

La absurda declaración, tuvo el efecto de convertir al archipiélago ante el mundo como un área en litigio, como Cachemira entre India y Pakistán o Las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Como los sandinistas estaban de moda algunos, incluso medios del congreso norteamericano, avalaron la posición de “la indefensa” Nicaragua.

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Todos los gobiernos colombianos sabían que la frontera marítima siguiendo el meridiano 82°, que habíamos proclamado unilateralmente como tal desde 1969, era indefensable en un eventual arbitraje. Sin embargo, sólo López Michelsen en medio de acusaciones de traidor a la patria, se atrevió a afirmarlo públicamente.

Como los nuevos desarrollos del derecho del mar nos colocaban en una posición muy precaria en un eventual pleito sobre la delimitación entre el archipiélago y la costa continental de Nicaragua, la estrategia fue tratar de evitar que la Corte asumiera el caso.

Aunque Nicaragua había anunciado desde 1996 que demandaría a Colombia, solamente lo hizo en el 2001, después de la entrada en vigor del tratado sobre delimitación marítima entre Colombia y Honduras, que el Congreso de ese país se había negado a aprobar durante 13 años. No se explicaron públicamente los riesgos que se corrían.

En  2007, en un primer fallo, la corte rechazó las pretensiones de Nicaragua sobre la propiedad del archipiélago y la nulidad del tratado de 1928. Señaló que el meridiano 82° no era el límite marítimo, lo que el gobierno colombiano sabía perfectamente desde 38 años atrás.

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En 2012 en un segundo fallo, la corte señaló que todos los cayos en disputa pertenecían a Colombia y estableció la delimitación marítima rechazando la pretensión nicaragüense de que fuera una línea trazada entre San Andrés y la costa atlántica colombiana. La reacción que en el país no se presentó en 2007 respecto al límite marítimo, se dio entonces. El gobierno, estando en plena campaña para la reelección presidencial, prefirió increíblemente eludir la responsabilidad que tenía.

En las nuevas demandas de Nicaragua ante la corte que se deben dirimir el año entrante, la administración Santos anunció poco antes de la transmisión del mando, que en la demanda por incumpliendo del fallo de 2012 se había logrado un gran triunfo por que el alto tribunal aceptó dos de las cuatro contrademandas presentadas por Colombia. Sin embargo, eso no quiere decir que la corte las hubiera fallado a favor de nuestro país.

Veremos qué pasará en 2019.

(*) Profesor de la facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.