Bombardeo a los ‘Úsuga’ me genera algunas dudas

Las fotografías publicadas por diversos medios de prensa son contundentes: decenas de bombas cayeron sobre un campamento de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC), también conocidas como ‘Los Urabeños’ o ‘El clan Úsuga’. No es un hecho cualquiera, se trata de una acción de fuerza contra un grupo que ha sido caracterizado como de crimen organizado y a la que no se le reconoce su faceta “político-militar”.

No hay antecedentes de operativos de esa magnitud contra este tipo de grupos armados ilegales surgidos tras la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que concluyó en agosto de 2006. Por sus características, más ligadas al tráfico de drogas y sin ningún asomo de rasgos políticos que indicaran que se trata de una organización que se subvierte contra el Estado, se delegó en la Policía Nacional su contención y ataque.

Asombra entonces que se haya bombardeado un campamento de las AGC instalado en zona selvática del municipio de Unguía, en el departamento del Chocó. El argumento para justificar este operativo aéreo es bien interesante: que las AGC tienen alianzas con las guerrillas, particularmente con el ELN.

El primero en esgrimir esa explicación fue el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. En diversos medios de prensa, se reprodujeron sus palabras: “Es una operación contra grupos narcotraficantes y terroristas que tenían vínculos con grupos armados ilegales”.

Luego apareció el Director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, quien es, en últimas, el que debe responder por este tipo de operativos contra el crimen organizado, pues están en la esfera de sus actuaciones constitucionales. Según este alto oficial, las AGC tienen alianzas con el ELN y, justamente, funcionaban en el campamento atacado: “Por ello hubo necesidad de emplear este otro mecanismo, esta otra capacidad institucional, con el apoyo de la Fuerza Aérea”.

Contrario a la aparente claridad del ministro de Defensa y del director de la Policía Nacional, la comandancia de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) no ha querido manifestarse al respecto, lo que indica la complejidad de la operación que acabó con la vida de doce supuestos integrantes de las AGC. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la muerte en el lugar de guerrilleros del ELN.

Las explicaciones dadas por Villegas y Palomino me generan algunas dudas. De acuerdo con la realidad bélica que se vive en el Bajo y Medio Atrato chocoano, que ha sido documentada por entidades estatales como la Defensoría del Pueblo y agencias multilaterales que hacen presencia en la región, desde comienzos de septiembre las AGC libran una intensa confrontación contra el Frente 57 de las FARC y células del ELN por el control territorial. (Leer: Se recrudece guerra en Truandó, Salaquí y Cacarica)

Las AGC pretenden dominar una amplia región fronteriza con Panamá que, a su vez, es un corredor de movilidad que va hasta el municipio chocoano de Juradó, en el océano Pacífico, área estratégica para los negocios ilegales que mueve esta estructura criminal. No obstante, esa zona selvática ha sido, históricamente, un santuario del Frente 57 de las FARC, que, de acuerdo con los reportes estatales, ha tratado de contener a los ‘Urabeños’ con el respaldo del ELN, que ha movido sus unidades desde el Alto Baudó.

Si es cierta la versión de Villegas y Palomino, entonces la Defensoría del Pueblo y otras entidades defensoras de derechos humanos están equivocándose en sus lecturas sobre el terreno, lo que es altamente preocupante, si se tiene en cuenta que esos hechos de guerra afectan a cientos de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes que viven y trabajan en esos territorios. Se genera, de esa manera, una confusión en las responsabilidades bélicas.

Además, si el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional tienen razón, significa entonces que la guerrilla del ELN viene moviéndose desde el sur hacia el norte del Chocó, trasegando por zonas bajo dominio de las FARC, lo que evidenciaría dos situaciones: que el ELN está “estirando” sus unidades desde el Alto Baudó hasta Unguía, o está abandonando el Alto Baudó y pretende copar las áreas del Frente 57, previendo su desmovilización bajo los acuerdos de paz con el gobierno nacional.

La pregunta que surge entonces es: ¿quién respalda al ELN en ese movimiento territorial: las FARC o las AGC? Si se tienen en cuenta las versiones de Villegas y Palomino, serían las AGC; pero si se leen los informes de la Defensoría del Pueblo y otras entidades, la respuesta es las FARC. ¿A quién creerle entonces? Sería importante que tanto el ELN como las FARC aclaren la situación.

Explicar el bombardeo apelando a los supuestos nexos con el ELN es una manera estratégica para evitar que se abra la puerta a un tratamiento político a las AGC. De ahí el afán de Villegas y Palomino en pronunciarse, y el silencio de la comandancia de la FAC. Se ha dicho en diversos escenarios jurídicos que las AGC son “crimen organizado”, por tanto no son objeto de las condiciones que impone el Derecho Internacional Humanitario y sus protocolos adicionales en los conflictos internos.

Desde hace varios años, las AGC han venido planteándole salidas al gobierno nacional. A través de diversos emisarios, y de manera muy secreta, han enviado razones para plantear una salida negociada; incluso, se han revestido de “políticos” y actuado como un ejército irregular entre las comunidades bajo su dominio para cambiar su faceta de narcotraficantes. Sin embargo, las autoridades han insistido solo en una opción: el sometimiento.

Queda la duda de cómo van a actuar las AGC tras el bombardeo a su campamento. ¿Se gesta un nuevo monstruo bélico que, en su afán de defenderse, se subvertirá contra el Estado? ¿Es esta organización el nuevo “enemigo” que reemplazará a las FARC si éstas llevan a buen término las negociaciones de paz con el gobierno nacional? Pareciera que estamos reciclando la guerra, ¿no creen?

En Twitter: jdrestrepoe

(*) Periodista y docente universitario