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Opinión

  • | 2018/05/15 10:18

    Constitución para la Paz, normas permanentes y transitorias. No hay disposiciones pétreas

    Constitución Ecológica, Económica y Agrícola. Constitución para la Paz. La paz como derecho y deber, y la posibilidad de conceder amnistías o indultos de delitos políticos. Corte Penal Internacional. Siete actos legislativos para las Farc. Normas permanentes y transitorias. No han existido normas pétreas. Al negociar como gobierno no puede impedir que los próximos modifiquen las normas adoptadas.

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La jurisprudencia constitucional ha hablado de “Constitución Ecológica” (C-389/16) y de “Constitución Económica” (C-592/12) como el conjunto de normas superiores que ordenan las respectivas actividades, establecen los derechos, deberes y autoridades estatales. Algunos pensamos que también se podría hablar de “Constitución Agrícola” en esa misma dirección y construir el mismo criterio en otras áreas.

En su momento, en cuanto a la Constitución de 1991, se dijo que era una Constitución para la paz, pues se había expedido con el consenso de grupos insurgentes reinsertados a la vida política y civil, como el M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame. Las Farc no participaron en ese proceso, por el contrario, fueron objeto de un amplio operativo militar contra su sede principal, Casa Verde, en el municipio de Uribe (Meta), ordenado por el gobierno de César Gaviria, el 9 de diciembre de 1990.

La Constitución, en sus normas originarias, dispuso que la paz sería un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; y, que el Congreso, con mayoría de dos tercios de los votos y por graves motivos de conveniencia pública, podría conceder amnistías o indultos generales por delitos políticos.

Mediante Acto Legislativo 1 de 2001, se permitió al Estado colombiano reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo cual se hizo mediante tratado aprobado por la Ley 742 de 2002, que juzgaría los crímenes de lesa humanidad, de guerra, genocidio y agresión, que no fueran o no pudieran ser juzgados por el respectivo Estado. Ahora bien, según la Corte Constitucional (C-578/02), el Estado podría continuar concediendo amnistías e indultos por delitos políticos, que no podrían comprender los delitos de gravedad internacional de conocimiento de la Corte Penal Internacional. Hasta aquí, las normas constitucionales, generales y permanentes.

Con ocasión de las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc se han expedido siete actos legislativos, casi todos transitorios, excepto el último: Justicia de Transicional; Procedimiento Legislativo Especial y Facultades Extraordinarias; Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; Estabilidad y Seguridad Jurídica al Acuerdo Final; Reincorporación Política; Sistema General de Regalías; y Monopolio Legítimo de la Fuerza y Uso de las Armas.

En síntesis, la Constitución para la paz estaría constituida por las disposiciones permanentes de derecho y deber de cumplir con la paz, el monopolio del uso de las armas por la fuerza pública, y la posibilidad de conceder amnistías e indultos para delitos políticos, sin perjuicio de que la Corte Penal Internacional conozca de los delitos de gravedad internacional no juzgados ni sancionados por el Estado. Y por disposiciones transitorias, unas ya agotadas o derogadas, otras para inversiones durante los próximos 20 años, la Justicia Especial por 10 años prorrogables por otros 5, el acuerdo final como parámetro de interpretación hasta el 7 de agosto de 2030, y las curules para la Farc hasta el periodo 2022-2026.

Es cierto que la Corte Constitucional declaró exequibles las vigencias de los actos legislativos de la Justicia Especial de Paz, con algunas precisiones, y de seguridad jurídica del acuerdo final, pero en ningún momento estableció que se tratara de vigencias inmodificables o normas pétreas, que no han existido en nuestro ordenamiento constitucional, más cuando son disposiciones transitorias. Nada impediría que el constituyente modificara las normas o sus vigencias, de hecho durante el mismo gobierno de Juan Manuel Santos, se derogaron preceptos del Acto Legislativo 1 de 2012 sobre Justicia Transicional.

Como tantas veces se ha dicho, negociar como gobierno con un grupo insurgente, no puede impedir que los próximos modifiquen o deroguen las medidas adoptadas.

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