La consulta inocua

Por enésima vez, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría prometieron acabar con la impunidad de los corruptos. Por enésima vez, los medios calificaron la corrupción como "un cáncer" para la democracia colombiana y vociferaron para que se castigue ejemplarmente a los responsables. Por enésima vez, el Congreso anunció legislación para incrementar las penas y eliminar los beneficios a quienes se "robaron" el erario. Y por enésima vez, candidatos presidenciales lanzaron campañas bajo el lema de poner fin a todas esas prácticas deshonrosas.

Esas iniciativas y buenas intenciones tienen un problema: no hay un entendimiento, o mejor un consenso sobre qué es corrupción y qué es mala, incompetente o deficiente administración pública. Como sus orígenes son diferentes, su trato no puede ser igual. Infortunadamente, los utilizamos como sinónimos. Una cosa es aceptar sobornos de Odebrecht para otorgarle un contrato, otra iniciar obras sin la debida planeación como ocurrió en Reficar y que resultó en millonarios sobrecostos. Ambas decisiones son costosas para el fisco, no para la moralidad pública. La primera se resuelve con un castigo ejemplar al ofensor y una mayor transparencia en el proceso de contratación; la segunda con una mejor gerencia de proyecto y toma de decisiones.

Juntar escándalos en un mismo costal puede ser taquillero, pero nubla el diagnóstico y la identificación de posibles soluciones. Se corre el peligro de acabar gastando tiempo y esfuerzo en iniciativas, como la consulta anti-corrupción que promueven los senadores Claudia López y Antonio Navarro.

Es loable el objetivo -"demostrarles que somos mayoría los que estamos en contra de la politiquería, de la mermelada y los acuerdos debajo de la mesa"- pero no es la herramienta. No se necesita una votación popular para adivinar obviedades. Peor: le garantizo que los politiqueros harían campaña pública por el sí.

El contenido de la iniciativa propuesta también deja mucho que desear. Ponerle un tope a los sueldos de los congresistas y los altos funcionarios - el primer punto de la consulta- genera aplausos de la galería, pero cero impacto en la lucha contra la corrupción. Y con un agravante: va incrementar la brecha de los salarios privados y públicos, dificultando la atracción de talento.

Todos apoyamos cárcel para los corruptos, mas no a quién se merece ese calificativo. Buscar que cada ítem del presupuesto de inversión se priorice en audiencia pública -como reza en la propuesta- es poco práctico e ineficiente. Además ya existen en la Constitución numerosos órganos de control ciudadano y participación de las comunidades. Utilicémoslos en vez de crear más procedimientos burocráticos.

El punto seis es un saludo a la bandera. Ya existe la obligación de todo funcionario de presentar una declaración de bienes, renta y patrimonio al posesionarse y al dejar el cargo.

La última medida es inocua. De nada sirve obligar a los congresistas a rendir cuentas públicas si no se define primero ante quién y se reforma la forma como son elegidos. Por ejemplo, quiénes son los votantes de los senadores -¿todo el país?- o los congresistas- ¿todo el departamento? -. Allí radica uno de los pecados del sistema electoral colombiano: lejos de acercar a la ciudadanía a sus legisladores, los distancia. Nadie sabe a cuál senador debe exigirle la defensa de sus intereses.

Para lo único que sirve esa consulta es para las aspiraciones presidenciales de Claudia López.

Le permite hacer campaña bajo la sombrilla de una iniciativa ciudadana. Es totalmente legítimo y hasta sagaz. Lo que sí no es una herramienta eficaz para combatir la corrupción.

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