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Opinión

  • | 2018/10/10 01:54

    Las consultas populares en el Sumapaz

    San Bernardo y Fusagasugá, Cundinamarca, irán el próximo 21 de octubre a las urnas. Esta vez y luego de varios meses en que se trabaron las consultas populares, nuevamente dos municipios irán a votar Sí o No a la gran minería, el fracking y la producción de hidrocarburos.

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Fusagasugá sería  la ciudad más grande del país que hará una consulta popular, además se le llama la capital del Sumapaz. Por su parte, San Bernardo es un municipio que ha sido denominado la despensa agrícola de Cundinamarca, produce a la semana 400 toneladas de alimentos, que en su mayoría llegan a Bogotá.   

Como nunca, en estos municipios se ha presentado una gran movilización social, se han creado comités, hay reuniones semanalmente  y han nacido una serie de líderes sociales que han estudiado a fondo las consecuencias de la explotación minera y petrolera. Pero la movilización no es gratis, el Sumapaz es el páramo más grande del mundo, por ejemplo, el agua que consume Fusa se deriva de dos fuentes  que nacen en el páramo. Por otro lado, hay varios bloques petroleros que fueron entregados y que tocarían sectores del páramo, aún la discusión sobre la delimitación está abierta. Todo ello ha causado la gran movilización.

Pero la explotación petrolera no es lo único que amenaza el páramo. De hecho, decenas de hectáreas de páramo se han perdido en los últimos meses ya que muchos campesinos han quemado frailejón y zonas increíbles de este ecosistema para sembrar papa. Personalmente, constaté, en la zona de San Bernardo cómo dos paperos habían quemado una hectárea de páramo. Igualmente, las corridas de cerca que hacen campesinos son el otro gran problema. Es un ecosistema sitiado.

Está claro que no puede haber explotación minera, petrolera y fracking en las zonas de páramo, esa es una línea que no se puede permitir. Sin embargo, el movimiento social también debe tener claro, que al menos por varios años, la explotación minera y petrolera debe existir en el país. No permitir ningún tipo de explotación sencillamente llevaría a la quiebra de Colombia. Por ejemplo, se cree que para 2018 la renta minero-energética podría significar más de 12 billones de pesos. Pero también debe ser prioritario que el país comience a avanzar en energías renovables y a desprenderse de esta renta minero-energética. De tal forma que la actual bonanza de los precios del petróleo, donde se calcula que el barril podría llegar a los 100 dólares a finales de año según el The Wall Street Journal, debería servir para la investigación en energías renovables. No se debe permitir la dilapidación de esos recursos.

Pero mientras  se logra esta transición, Colombia debe resolver varios temas. Principalmente tres. El primero, se refiere a la necesidad de avanzar en una discusión profunda del ordenamiento territorial. Por ejemplo, dónde no se puede hacer explotación minera, dónde se puede con determinadas condiciones y dónde con otras condiciones. Esto es fundamental, para proteger nuestros ecosistemas, nuestras zonas neurálgicas y para garantizarles a empresarios y empresas públicas la seguridad jurídica para sus inversiones. Lo que esto significa son reglas de juego claras.

También es necesario discutir a fondo el tema de la minería artesanal, informal y la ilegal. Se deben buscar mecanismos viables de formalizar esta gran cantidad de población, para apoyarlos y capacitarlos. La gran minería es muy importante, pero también se deben respetar las formas tradicionales de explotación. Igualmente, se deben analizar los asuntos de pasivos ambientales, en la vida real, mucha de la minería ilegal es terriblemente más dañina que la gran minería, las piscinas de mercurio en Chocó son un buen ejemplo.

Lo tercero que se debe hacer es una discusión sobre la distribución de las regalías. El modelo de los Ocad no ha sido el mejor para viabilizar los recursos, igualmente la corrupción no se ha detenido con la centralización de estos recursos. Los entes territoriales tienen mucho que decir.

Lo cierto es que la mejor forma de resolver estos debates es mediante un Gran Diálogo Mineroenergético, en el cual confluyan sindicatos, ambientalistas, empresarios, comunidades y obviamente el Estado. Tanto el gobierno colombiano como el movimiento social y la empresa privada deben ser conscientes que esto se hace o con violencia o se hace con un diálogo. Personalmente prefiero la segunda opción.      

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