Contradicciones en defensa de Alonso Salazar

La foto es elocuente: muestra al alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, con papeles en mano, defendiéndose de la acusación hecha por la Procuraduría General de la Nación sobre su presunta participación en política durante las pasadas elecciones regionales. El mandatario local argumenta por qué intervino en el proceso electoral cuestionando a uno de los candidatos en contienda y se centró en el tema de la seguridad, diciendo que lo hizo para proteger a la ciudad de los intereses de grupos armados ilegales que, al parecer, estaban detrás de una de las campañas.

Pero el Alcalde no se defiende solo. Desde las páginas de los diarios de la ciudad y del canal de televisión de la Alcaldía de Medellín se han dedicado a justificar la actuación de Salazar Jaramillo, pues al igual que él consideran que la ciudad, en manos del candidato cuestionado, perdería el progreso alcanzado, los dineros públicos estarían en riesgo y se ahuyentaría la inversión, que está llegando con fluidez.

A ellos se han unido sectores empresariales como la Corporación Pro Desarrollo de Antioquia (Proantioquia), que promueve la firma de una carta de respaldo a favor del Alcalde, en la que destaca su gestión administrativa, particularmente en la relacionada con la seguridad. Dice la misiva en uno de sus apartes que “un tema que ha merecido su atención y sobre el cual hemos sido testigos de excepción, es el de la seguridad y la convivencia. Desde el inicio ha sido claro su constante esfuerzo por enfrentar el tema de manera inteligente y coordinada, dada la mezcla de fuerzas oscuras y de muy distinta naturaleza en su reproducción mafiosa como un cáncer letal, especialmente para los sectores más humildes”.

Es bien interesante el fenómeno que se ha desatado en torno a la defensa de Salazar Jaramillo. A mi juicio se trata de homogeneizar la opinión y de crear un ambiente plebiscitario alrededor de la figura del Alcalde y de sus aparentes logros en seguridad como sutil mecanismo de presión para aquellos agentes del Ministerio Público que deben tomar la decisión final. Primero es una carta, luego vendrán encuestas de favorabilidad, algunas marchas y, finalmente, un acto público de desagravio si es favorecido con la decisión, y si es perjudicado, se lanzarán centellas contra la Procuraduría General de la Nación, se le tildará de politizada y se le descalificará, así como lo hace un expresidente de este país. Es el mismo guión.

Ahora, si se contrasta la opinión de los medios de información, empresarios y sectores de la opinión con hechos concretos relacionados con temas de seguridad se descubren algunas contradicciones.

Miremos el caso de los homicidios: durante la administración de Sergio Fajardo Valderrama (2004 – 2007) se registraron 3.544 asesinatos; bajo el periodo de Salazar Jaramillo (2008 – 2011) se terminará con un registro cercano a los 7.000 homicidios. Las estadísticas, como se sabe, pueden ser interpretadas de distintas maneras, pero es obvio que en los últimos cuatro años algo pasó en la ciudad que impidió tener una menor frecuencia de las muertes violentas con armas de fuego, armas blancas, asfixia mecánica y objetos contundentes.

Por ello es contradictorio que Proantioquia concluya que “la mayoría” le reconoce a Salazar Jaramillo “un discurso y una acción en favor de la transparencia, la legalidad, la convivencia y la seguridad”, cuando, además, la encuesta Medellín Como Vamos evidenció que el 52% de los ciudadanos no se encuentra satisfecho con lo realizado por el Alcalde y justamente le reclaman en temas de seguridad. ¿A cuál “mayoría” se referirán?

El asunto se reflejó en las urnas: los electores en Medellín votaron menos por el continuismo del proyecto fajardista a la Alcaldía, así algunas opiniones califiquen las últimas elecciones como un logro colectivo de grandes magnitudes. Nada más exagerado. Miremos cifras.

Para las elecciones del año 2007, se tenía un potencial electoral de 1.173.469 personas y votaron 620.056, es decir el 52,84%. En ese año Salazar Jaramillo obtuvo 275.734 votos. Para el 2011, se tenían 1.336.292 personas registradas, es decir, se creció en número de electores, pero porcentualmente sólo votó el 50,69% de los inscritos. Aníbal Gaviria Correa alcanzó 238.970. Lo que muestran esos números es antes que una cohesión, como se ha querido hacer ver en los medios de información, lo que se observa es un retroceso. ¿A dónde fueron a parar esos 36.764 votos? ¿Es más, si es tanta la confianza de los pobladores de Medellín en sus administradores públicos, por qué la votación del 2011 no fue superior a la del 2007?

La gente padece acciones violentas más allá de los homicidios que no son reconocidas con la contundencia debida por la actual Alcaldía de Medellín y eso lo castigaron en las urnas. Una de ellas es la de las llamadas “fronteras invisibles”, cuyas consecuencias son nefastas: pérdida de gobernabilidad en el territorio por parte de las autoridades constitucionales; restricción de derechos fundamentales de los ciudadanos; y desplazamiento forzado intraurbano, un fenómeno pocas veces reconocido por la actual administración. Las comunidades saben que en algunas zonas mandan los grupos armados ilegales, paradójicamente en connivencia con algunos agentes de la Fuerza Pública. Y seguirán ejerciendo autoridad pese a los resultados electorales.

No puede negarse que Medellín se proyecta de manera distinta, mucho más positiva, pero ello no elimina las preguntas ni las respuestas: ¿la ciudad es hoy más segura? ¿Se han desactivado las redes criminales? ¿Se atacaron los escenarios propicios para la delincuencia organizada en la ciudad? Quizás se hayan protegido los dineros públicos, pero las comunidades perciben una administración que no logró, en cuatro años, ofrecer salidas concretas a la inseguridad urbana, así los medios de información locales y gremios económicos traten de mostrar otra realidad.

*Periodista y docente universitario