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Contralora sin control

A la doctora Morelli no le queda bien meter en las listas de presuntos indagados a periodistas que hayan cuestionado sus actuaciones.

María Jimena Duzán, María Jimena Duzán
16 de febrero de 2013

La semana pasada, El Espectador reveló que en la Contraloría se habrían hecho unos rastreos sin mayor justificación a personas naturales muy parecidos a los que se hicieron desde el DAS en tiempos de Uribe. La contralora Morelli, siempre tan clara en sus respuestas, no ha podido responder sino con evasivas a esas denuncias, que en otro país ya habrían provocado de inmediato la apertura de una investigación en la Fiscalía.

Según la denuncia, estas pesquisas habrían partido de una denuncia que le habría llegado a la Contraloría dentro de la investigación que se adelanta en contra de Saludcoop. Esas denuncias tendrían que ver con una lista de personas que en su mayoría podrían haber tenido un contrato con esa cuestionada EPS. Entre las personas que habrían sido rastreadas estarían dos exministros (Juan Carlos Esguerra y Juan Carlos Echeverry), un magistrado de la Corte Constitucional (Mauricio González), una exprimera dama (Lina Moreno de Uribe), y una periodista (Marta Soto, jefe de la unidad investigativa de El Tiempo).

La presencia de la periodista es la primera nota preocupante. No solo porque Marta Soto no tiene ninguna relación contractual con esa EPS, sino porque además fue la primera periodista que cuestionó la escisión de CafeSalud cuando fue vendida a Saludcoop, la cual fue avalada por Sandra Morelli quien entonces era la asesora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros. Aunque la contralora salió a decir que a la periodista después de haber sido indagada no se le había encontrado nada, a la doctora Morelli no le queda bien meter en listas de presuntos indagados a periodistas que hayan cuestionado sus actuaciones y que no tienen relación con el tema que está investigando. Eso es un grave precedente para la libertad de expresión. 

Tampoco le queda bien afirmar alegremente ante los medios que ella no incurrió en ningún abuso de funciones porque la Contraloría tiene facultades de Policía judicial, y que lo que hizo fue usarlas para el bien público. La verdad es que se extralimitó y mucho. Aunque varios de esa lista hubieran sido contratistas –como puede ser el caso de los dos exministros, quienes aceptaron haber hecho asesorías en el pasado a Saludcoop– ninguno de ellos puede ser objeto procesal de la Contraloría. El día en que todos los contratistas privados pueden ser investigados y rastreados por la Contraloría habrá que decretar la muerte de las libertades y de paso habrá que decirle a la Fiscalía que cierre el chuzo, porque la Contraloría se habrá convertido no solo en un poder fiscal sino penal. 

Lo grave es que para Morelli este tipo de linderos son inexistentes. Ella sigue muy campante en su peligrosa cruzada convirtiendo en objetos procesales a todo el que se le aparezca. Con razón me cuentan que en los bancos cuando se va a hacer un estudio de riesgo se incluyen siempre, entre los riesgos normales y habituales de toda inversión, el de la Contraloría. A ese extremo hemos llegado.

La contralora Morelli también se equivoca en no respetar a los funcionarios con fuero a la hora de iniciar esas pesquisas en pos de la lucha contra la corrupción. Eso sucede en el caso del magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González, quien forma parte de la lista de presuntos rastreados y que es un funcionario con fuero. Dirá la contralora que si ella se ha salido con la tesis de que es competente para investigar a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura en el tema de las pensiones, pues igual puede hacerlo también con los magistrados de la Corte Constitucional.

Por haber hecho algo parecido, al secretario general del expresidente Uribe, Bernardo Moreno, lo metieron preso y está llamado a juicio. Está acusado de haber ordenado la interceptación y el seguimiento a magistrados y opositores durante el gobierno del expresidente Uribe. En su momento, Moreno mismo también dijo que esa investigación se había derivado de una denuncia que aseguraba que la Corte había sido infiltrada por el narcotráfico y que por eso se había decidido investigar a todos los miembros de la Sala Penal de la CSJ. 

La contralora Sandra Morelli no le teme a los corruptos y se les ha enfrentado con gran valentía. De eso no me cabe la menor duda. Sin embargo, en su cruzada ha cometido el peor de los errores: se ha embriagado con el poder como le pasó a su amigo el procurador y anda empujado sus linderos llegando hasta extremos peligrosos, al punto de que hoy quiere reinar en feudos que no son suyos y... ¡Ay de quien intente frenarla porque le manda la caballería!

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