¿Contratos sin control?

Hoy, cuando el senador Álvaro Uribe Vélez sabotea el proceso de paz difundiendo algunos de los gastos que el gobierno de Juan Manuel Santos ha realizado a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, que depende directamente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es importante hacer memoria sobre algunos detalles que ocurrieron con ese fondo bajo su administración que demuestran no solo improvisación, sino que dejan dudas sobre el verdadero destino de esos recursos.

Corría el año 2005 y el proceso de desmovilización de las distintas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo los acuerdos con el gobierno nacional, se adelantaba casi que a las carreras y de manera improvisada se pensaba en qué hacer con esos hombres y mujeres que estaban dejando las armas y buscaban reinsertarse a la vida legal.

Para diciembre de ese año, 23 estructuras de las AUC se habían desmovilizado de manera colectiva en diversas regiones del país y, en total, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, volvieron a la legalidad, aparentemente, 14.097 excombatientes.

No cabe duda que fue un proceso a las carreras, que tomó a muchas instituciones públicas por sorpresa, sin legislación clara para atender a quienes venían de masacrar poblaciones enteras, desaparecer gente, desplazarla y despojarla de sus bienes, aupados por sectores militares y de policía, así como por funcionarios, políticos, empresarios y narcotraficantes. Era una maquinaria de guerra que muchos asumieron como proyecto de Estado.

Una de esas 23 facciones de la AUC desmovilizadas a finales de 2005 había operado en el Urabá antioqueño, se trató del Bloque Bananero, liderado por Hebert Veloza García, alias ‘HH’. En total, 451 paramilitares dejaron sus armas el 25 de noviembre de 2004 en un acto público realizado en zona rural de Turbo.

Al revisar el Convenios interadministrativo 19/05 que el Fondo de Programas Especiales para la Paz realizó con el Ministerio del Interior y de Justicia, cuyo titular de esa cartera era Sabas Pretelt de la Vega, encontré unos contratos por un total de 994 millones que se realizaron el 23 de diciembre de 2005 con siete asociaciones del Urabá antioqueño integradas por desmovilizados de las AUC, que debían ejecutar en un año y beneficiaria a 497 familias. Para esa fecha, había transcurrido un mes de la dejación de armas del Bloque Bananero.

Las organizaciones beneficiadas con esos contratos, realizados todos el mismo día, fueron: Asociación Municipal Pecuaria de Carepa - Ganaderos Promisorios Por La Paz (92 millones de pesos); Asociación Municipal Pecuaria de Turbo - Ganaderos Eficientes por la Paz (92 millones de pesos); Asociación Subregional de Productores Agropecuarios de Urabá - Lazo Común (120 millones de pesos); Asociación de Productores Pecuarios de Urabá - APPURA (62 millones de pesos); Asociación Subregional de Supervisores de Excedentes de Banano de Urabá (298 millones de pesos); Asociación Regional de Productores Piscícolas de Urabá - Un Mejor Futuro (200 millones de pesos); y Asociación Subregional de Productores de Cacao de Urabá- Nuevo Emprendimiento (130 millones de pesos).

Lo particular de esa inversión es que una vez finalizaron esos contratos, no se volvió a saber nada de seis de esas asociaciones, según lo determinó un estudio del Observatorio de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional, realizado en junio de 2009, que pretendió caracterizar las formas organizativas y asociativas de los desmovilizados en Antioquia. ¿Qué pasó con ellas? ¿A dónde están los desmovilizados que lideraron esas iniciativas productivas y quiénes eran? ¿Quién hizo la interventoría a esos contratos y dónde están sus informes?

Una de las conclusiones del estudio realizado por la ODDR de la Universidad Nacional al respecto determinó que “la desaparición de muchas de éstas por factores económicos, políticos, legales y/o sociales deja más preguntas que respuestas sobre la reintegración en cuanto a su relación con los procesos comunitarios. Así mismo, interroga la capacidad, tanto de los desmovilizados como de la institucionalidad, de mantener iniciativas tales como los proyectos productivos, que en la mayoría de los casos son el soporte económico las FOAD (formas organizativas y asociativas de los desmovilizados en Antioquia) y de sus integrantes”.

Y no era para menos, el afán que tenía el gobierno del presidente Uribe de desmovilizar a las AUC, con el fin de mejorar la imagen del país ante el mundo y disolver un aparato armado de poder que ya no estaba siendo funcional a los intereses contrainsurgentes, estuvo rodeado de improvisación, derroche, falta de control de los recursos y carente de perspectiva social y económica, sobre todo en un territorio como el de Urabá que, contrario al imaginario de paz que se construyó a su alrededor, se estaba convirtiendo en el nuevo trampolín de los nuevos grupos armados ilegales que entrarían a reemplazar a las AUC en sus antiguos territorios.

Si bien el senador Uribe está en todo su derecho de adelantar una veeduría a los gastos que viene ejecutando el actual gobierno a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, también es importante que reconozca que bajo su presidencia se cometieron excesos como el de los contratos a asociaciones de desmovilizados en Urabá, que carecían de la preparación necesaria para administrar bien esos recursos y estaban siendo presionados por la nueva fuerza armada que se gestó en esa región agroindustrial, las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidos como ‘los Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’.

¿Buena parte de esos recursos irían a parar a esa nueva guerra que desataría desde San Pedro de Urabá esa estructura armada y que creció exponencialmente sin mayores obstáculos? Es la duda que me queda.

En Twitter: jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario