¿Corazón grande o impunidad? Justicia, verdad y reparación efectivas: el camino para la reconciliación

Dedicatoria

A todas las víctimas de crímenes atroces,

A los asesinados por pensar distinto,

A los masacrados por vivir en comunidad,

A los desaparecidos por ser demasiado visibles.

A los policías, militares y civiles secuestrados

Y a todas las víctimas de esta guerra.



Para enaltecer el repudio y la indignación,

Para establecer límites de lo que no es admisible aun en la guerra

y es licito en una negociación

Para que sea renovada la esperanza y renazca la vida.



Porque hay una frontera entre el país que debe quedar en el pasado

y el país del porvenir... que es la travesía desde el temor, la angustia

y la sobrevivencia, a la certeza de una segunda oportunidad

sobre la tierra!

(Semana Nacional por la Paz 7-14 de Sep/2003)

Existe hoy una preocupación universal por los derechos humanos y el interés por promover todo tipo de estrategias y acciones para que sean efectivos en su protección y su ejercicio. La atrocidad y la crueldad han estado al centro de múltiples disputas de la humanidad, a lo largo de la historia, pero especialmente en el último tiempo. Como especie podemos convivir con el conflicto pero jamás con la inhumanidad.

¿Cómo hacer para avanzar en el trámite pacífico de los conflictos, la solución negociada de los mismos y finalmente, la reconciliación, en una perspectiva sostenible, justa y duradera? ¿Cuál es el lugar del perdón y el olvido? ¿Son indultables, conmutables o amnistiables los crímenes atroces y los de lesa humanidad? ¿Sin esas concesiones jurídicas es posible aspirar a que un grupo armado abandone las armas y el ejercicio de la violencia? ¿Tiene sentido que el homicidio se castigue en Colombia con más de 30 años, mientras que el gobierno se propone ser indulgente con quienes ordenaron y ejecutaron la muerte colectiva, y atroz, de miles de colombianos, en cientos de masacres contra civiles indefensos? ¿Para qué entonces Estatuto Antiterrorista? ¿O es sólo para las guerrillas?

Tanto las preguntas como las posibles respuestas abarcan un complejísimo campo de principios, valores, enfoques e intereses, que dan cuenta de la magnitud del desafío. Ponen también de presente lo que ha dado en llamarse el "Precio de la Paz" y la discusión de si para alcanzarla es dable "hacer lo que sea", o si por el contrario, existe un conjunto limitado de concesiones posibles de hacer para alcanzarla. Cada situación tiene su propio contexto histórico. En su momento, la negociación de paz con el M19, para citar un ejemplo, fue posible jurídicamente a través del indulto, sin que hechos tan dolorosos para el conjunto de la Nación, como la toma del Palacio de Justicia, y su posterior rescate sangriento por las fuerzas del Estado, tuvieran posibilidad de ser asumidos desde las responsabilidades, el esclarecimiento y la reparación.

El proceso con las autodefensas pone al centro del debate este tipo de discusiones. Nadie en Colombia, o si los hay son muy pocos, se opone a que se logre el desmonte del fenómeno paramilitar, que ha agregado una particular cuota de degradación y barbarie al conflicto colombiano. Las comunidades que han sufrido sus ataques esperan su desmovilización, pero en la conciencia de esas mismas comunidades, y de buena parte de la sociedad, no toda, está el reclamo porque también, previa o simultáneamente con la desmovilización, exista un proceso de esclarecimiento de los hechos de violencia, se aplique justicia a sus responsables y se produzca una reparación moral y material por esos hechos.

El proceso con las AUC no es un proceso de paz en la medida en que se trata de un actor que actuó en defensa del Estado colombiano. Y esa constituye una precisión histórica que hay que establecer, no obstante que sean indiscutibles los beneficios de su desmovilización. La paz se conviene, negocia o pacta con el enemigo, no con quienes bajo la inoperancia y muchas veces, complicidad del propio Estado, actuaron en su favor. En el caso del proceso con las AUC resulta más pertinente hablar de un proceso de dejación de armas por vía del sometimiento a la justicia, que de una negociación de paz. Aunque aquí surge otra pregunta: si el proceso de sometimiento a la justicia de los narcotraficantes implicó confesión, entrega de bienes y penas efectivas, ¿por qué en el caso del paramilitarismo habrá de ser distinto, cuando incluso, las consecuencias humanitarias, jurídicas y políticas tienen mayores agravantes?

Pero la precisión más importante tiene que ver con que, sumado al interés nacional está el interés y perspectiva de las víctimas, alrededor de derechos fundamentales e incolculcables, que el proyecto gubernamental pretende desconocer. Y aquí cabe preguntarse si el "corazón grande" del presidente Uribe está abierto primero para las víctimas que para los victimarios. El desafío del proceso con las AUC está en lograr su desmonte simultáneamente con la satisfacción de los derechos de las víctimas y sus familias. Cualquier otra perspectiva lleva a la impunidad y estará plantando la semilla de nuevos odios, y por supuesto, nuevas venganzas y violencias. Aunque muchos puedan esperar que la dirigencia de las AUC y sus miembros paguen penas extremas en el encierro de una cárcel o pierdan derechos fundamentales de por vida, como la participación política, ello sería pensar más con el deseo que con un criterio de realidad. A cambio, lo que sí se espera es saber dónde están muchos muertos y desaparecidos, quién tomó las decisiones y quién las ejecutó, la estimación de los daños morales y materiales y una justicia que signifique que las responsabilidades están establecidas y el Estado, no sólo los victimarios, pagan jurídica, moral y materialmente por ellas. Sin este desarrollo, como antecedente, es imposible hablar de indultos, amnistías, rebaja de penas u otra figura jurídica, y vale tanto para el proceso con las AUC como para futuros procesos de negociación con las guerrillas. No como en este proceso, en que el proyecto, contra lo que dice el gobierno, está hecho sólo a la medida de las autodefensas.

No está en juego sólo la cuestión de la impunidad en sí misma, sino lo que ella implica en relación al mensaje que envía a los actores armados y la sociedad; pues de lo que se trata también es de desestimular efectivamente los comportamientos de barbarie, que están por fuera de los límites de la guerra. Como bien lo señaló el pronunciamiento reciente de la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH de la ONU en Colombia, el proyecto gubernamental es violatorio de obligaciones internacionales en el tema humanitario, fomenta la impunidad al no hacer efectivas ni siquiera penas mínimas, abre la puerta a otros delitos como el narcotráfico, y en asuntos tan cruciales como la reparación material y moral a las víctimas, el Estado colombiano parece eludir su inmensa responsabilidad.

La reconciliación es un proceso que se construye no solamente a partir de un estado del alma sino de hechos concretos y efectivos de esclarecimiento, justicia y reparación. Juan Pablo II dijo: "El verdadero rostro de la paz es la justicia, sin ella no hay reconciliación". En Argentina la sociedad avanzó en la derogación de la llamada ley de punto final buscando la verdad de la tragedia de la década de la represión militar de los 80. En Chile, el gobierno estableció nuevas medidas para fortalecer el proceso de reparación a las víctimas de la dictadura de Pinochet. En el Perú, la Comisión por la Verdad develó los horrores de dos decenios del enfrentamiento de las fuerzas de seguridad de ese país y Sendero Luminoso. Y en Colombia, podemos ahorrarnos muchos años de dolor y de tragedia, si ahora, con todo el valor pero también con toda la decisión encaramos la búsqueda de la paz por un camino distinto de la impunidad y el olvido.

Que la verdad, la justicia y la reparación efectivas sustenten este proceso; para que así, sólo así, bajo esa condición, "declaremos saldada la deuda, para que florezca, por fin, en medio del desgarro, una fuerza de paz, una voluntad de reconciliación, un pacto de ternura" como plantea en uno de sus libros el hoy, Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Por lo demás, como anotó el juez español Baltasar Garzón, "el perdón han de concederlo sólo las víctimas, no los gobiernos". Y que nada quede en el olvido, porque esa es la única manera de asegurarnos de que tanta barbarie y crueldad no se repitan, por nadie, nunca jamás.



*Coordinador regional de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra- Redepaz-