Corrupción de la Manifestación

Los hechos demuestran que el vandalismo y la violencia confluyeron con las manifestaciones iniciadas a partir del pasado 21 de noviembre. Al menos un manifestante muerto, más de 400 particulares lesionados, 337 policías heridos, vías bloqueadas, sistemas de transporte público afectados, y bienes públicos y privados destruidos. Según una nota publicada en La República, en promedio, cada día de paro en los últimos 7 años le ha costado al país $19.916 millones, que en conjunto han costado $9,56 billones.

De acuerdo con estimaciones de la Policía Nacional se han registrado más de 400 marchas, 530 concentraciones y 89 bloqueos, en los cuales habría participado alrededor de 330 mil personas. El ESMAD habría intervenido más de 140 veces.

Como tantas veces se ha dicho, las personas tienen derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, en los términos del artículo 37 de la Constitución. La ley puede establecer los casos en que se puede limitar este derecho. Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que su ejercicio se debe realizar sin alteraciones graves a la cotidianidad de las personas; también ha reiterado que no existen derechos absolutos y que el legislador puede reglamentar su ejercicio por razones de interés general y para proteger los derechos y libertades de otros. Además, la misma Constitución señala que las personas tienen el deber ineludible de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.

Por lo anterior, resulta inaceptable que los convocantes de las marchas insistan en ellas, a sabiendas de que se presentan actos de violencia y vandalismo, así como graves alteraciones a la cotidianidad. El ejercicio del derecho de manifestación debe ser razonable y proporcionado, sus titulares no pueden hacer un uso contrapuesto a sus fines. Más aún, cuando el gobierno ha abierto las posibilidades de dialogo y concertación.

Los derechos constitucionales no son formas de lucha, como tampoco se pueden ejercer malintencionadamente. Convocar reiterada y excesivamente a marchas, concentraciones y bloqueos, mostrarse inactivo ante la violencia y los excesos, criticar las acciones de la fuerza pública y después exigir espacios políticos de negociación con las autoridades para contrarrestar las decisiones mayoritarias, es simplemente una forma perversa de corromper el derecho de manifestación.

En cuanto a los temas de dialogo habría que dejar claro que el uso de la fuerza pública no se negocia, menos aún con quienes toleran irresponsablemente la violencia.

Pueden ser muchas las insatisfacciones por las políticas sociales, pero 300 o 400 mil personas no deben abusar del derecho de manifestación, no deben permitir que intereses foráneos y políticos perturben el orden público, como tampoco pueden exigir que las instituciones elegidas democráticamente se inhiban de adoptar las decisiones que más convengan para solucionar problemas como la financiación del presupuesto, las ineficiencias administrativas, y el pasivo pensional. Las demandas sociales no se pueden satisfacer sin que la sociedad produzca los recursos para atenderlas.

En fin, aprovechar veladamente el descontento social para obtener beneficios políticos, hacer declaraciones formales contra la violencia pero desentenderse de ésta, pretender coaccionar al gobierno en el cumplimiento de su programa, son también formas de corrupción tan o más graves que las prebendas o los sobornos a servidores públicos.