¿Crimen de Estado?

El país probablemente nunca había estado nunca tan cerca de resolver un magnicidio. La investigación por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado parecía destinada a llenarse de polvo en los anaqueles, como todas las demás. Sin embargo, en las últimas semanas han empezado a pasar cosas que amenazan con romper la larga tradición de impunidad en Colombia.
 
La primera vino a descubrirse gracias a la excelente entrevista de Gloria Congote con el narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño'. El capo extraditado promete que contará en Estados Unidos todo lo que sabe sobre el asesinato de Gómez Hurtado. 'Rasguño' asegura que fue una operación ejecutada por la mafia para hacerles el favor a unos políticos. Textualmente señala: "Lo único que le puedo decir es que fue un amigo cercano que se creía un político importante y quiso con eso tenderle un manto al proceso 8.000 para ayudarles a algunos políticos comprometidos con el escándalo".

La entrevista de 'Rasguño' fue publicada por SEMANA el 19 de julio de 2007, la misma fecha en la que Gómez Bustamante fue extraditado a Estados Unidos. Hasta ese momento no se conocía públicamente un documento anterior, que he leído esta semana, y que está fechado el 12 de junio de 2007. Se trata de la declaración que bajo juramento entregó el ex ministro Fernando Botero Zea, en el consulado de Colombia en México, sobre el asesinato de Álvaro Gómez.

Lo terriblemente sorprendente es que la declaración de Fernando Botero Zea, ante un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, coincide perfectamente con las afirmaciones que 'Rasguño' entregó -un mes y una semana después- a la editora judicial de la revista SEMANA.

Fernando Botero asegura que el asesinato de Álvaro Gómez fue un crimen de Estado y, anticipándose a la entrevista de 'Rasguño', relaciona el magnicidio con el proceso 8.000.

En su declaración, Botero dijo: "Existía un interés muy grande del gobierno nacional de profundizar la crisis del país con el argumento de que el proceso 8.000 llevaría al país a una crisis absoluta… Este argumento era, no sigamos profundizando el proceso 8.000 porque ese proceso va a acabar con la legitimidad del gobierno, la misma legitimidad del Estado, las instituciones, la economía y la posición de Colombia en el concierto internacional… El incendio del 8.000 solo podía ser apagado con un incendio más grande, que le chupara el oxígeno… Tengo en mi poder varias ayudas de memoria de la época, sobre todo en lo relacionado con un memorando interno del alto gobierno, en el cual se trataba esta estrategia política… Esa estrategia podía incluir cualquier hecho que estremeciera al país y provocara a nivel de, lo que llamaba el presidente Samper, los cacaos del país una reorientación de lo que estaba aconteciendo en el ámbito judicial con el proceso 8.000".

En esa misma diligencia el fiscal le pregunta al ex ministro Fernando Botero si conoció la reacción del presidente Samper ante el asesinato del doctor Gómez Hurtado, Botero responde: "Sí. Conocí esa reacción a fondo porque tuve ocasión de hablar con él, quizás a las 30 ó 48 horas de este trágico suceso. Su reacción y su análisis de la coyuntura política provocada por el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado son de los elementos que me baso para pensar y sostener que este magnicidio es en realidad un crimen de Estado".

Lo que insinúa Fernando Botero es muy grave. Si lo que dijera fuera cierto, la vergonzosa narcofinanciación de la campaña Samper pasaría a ser un episodio menor frente a estos hechos.

El país sabe que Fernando Botero, en el pasado, ha dicho mentiras para favorecerse. No por eso, deja de ser significativo que sus declaraciones sobre los motivos del crimen coincidan con las de un capo que estuvo preso en Cuba y en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, antes de ser extraditado.

Botero Zea pide protección para su familia en Colombia, suspensión de la ejecución de su pena por haber robado dinero de la campaña Samper y volver al país para entregar -lo que él considera pruebas irrefutables- de sus afirmaciones. Valdría la pena que la justicia considerara sus peticiones.