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Opinión

  • | 2019/09/23 18:00

    Criminales pensionados

    Colombia es el único país del que tengo noticia en el que los condenados o prófugos de la justicia, por delitos tan serios como la corrupción, el secuestro, el narcotráfico o el terrorismo, pueden devengar una pensión legal hasta el último día de sus vidas.

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Beneficio terrenal que reciben sin tener que reparar a sus víctimas, evadiendo cualquier embargo y sin riesgo de extinción de dominio. Los mecanismos constitucionales de protección al derecho de pensión son tan absolutos que han sido un refugio a la medida para los capitales ilícitos. 

En la construcción jurídica del sistema pensional, a los legisladores y tecnócratas se les olvidó por completo que vivimos en un país cundido de traquetos, lavaperros, puntos y testaferros, que aprovechan cualquier gabela. Mientras unos colombianos nos desgastamos con engorrosos trámites ante las entidades financieras presentando el SARLAFT (formato que permite determinar el origen lícito de los recursos) y sus enemil comprobantes, los peores bandidos quedaron con las puertas del sistema pensional abiertas de par en par. 

A pesar de los controles que las oficinas de cumplimiento de los fondos de pensiones generan, sí o sí, estas tienen que abrirle sus productos financieros a todo el que les haga fila. No pueden descartar clientes con prontuario criminal, da lo mismo si le deben plata a la nación, si robaron o ayudaron a robarse la plata de la salud o la educación, si estafaron al vecino o si no pagan la cuota alimentaria de sus hijos. Criminal que no se pensiona es porque no quiere.  

El garantismo pensional les ahorra el trabajo a los mafiosos y los empleados de los mafiosos de tener que esconderse, aunque algunas veces usan fachadas la verdad es que no las necesitan. Así la cédula esté manchada con la sangre de otros colombianos, tienen las mismas garantías (y más capital) para una pensión. Estos beneficios de ahorros y seguros pensionales los aprovecharon los mandos medios y los rasos de las autodefensas hasta su reinserción, en donde se evidenció que sus patrones les pagaban simulando empleos formales en el régimen contributivo. Por su lado las FARC y el ELN cobraban vacunas mandando planillas de empleados de papel a las empresas extorsionadas, para que les cancelaran el impuesto revolucionario por esa vía. 

Cuando el general Santoyo fue extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos, El Espectador envió y publicó un derecho de petición al Director de la Policía con una sola pregunta: ¿Sigue el general Santoyo recibiendo su asignación pensional? la respuesta fue corta y clara, “La pensión la sigue recibiendo (9 millones de la época), hay que seguirla pagando. Si no lo hacemos, pueden demandar a la Policía Nacional” (13.09.2012). 

Los hackers que roban por internet también encontraron en los pagos pensionales (y de salud) una manera segura de monetizar las ganancias, como era riesgoso cobrarla directamente en un banco, se consiguen socios incautos y otros que ponen cara de incautos; les ofrecen pagar la planilla de sus empleados por un valor de 10% menor y después les cobran en efectivo. Negocio redondo, los ladrones sacan el botín y no queda registro, el empleador se gana un margen adicional y el empleado nunca se entera de que sus derechos laborales se pagaron con dinero sucio.   

La lección aprendida por narcos, paras, guerrillos y hackers es la misma, la plata que entra al sistema pensional tiene garantías constitucionales absolutas y además son de por vida. ¿Qué tan recurrente es esta tipología criminal?, ¿Qué tantos activos ilegales se mueven por el canal de las pensiones? o ¿Cuáles fondos pensionales son más susceptible al lavado? Hasta ahora no hay respuesta para ninguna de ellas, no hay estudios serios, ni ningún interés por realizarlos. 

Según la UIAF que es la entidad encargada de combatir el lavado de activos, Colombia es un ejemplo de la lucha contra el lavado de activos y según sus cifras (cuestionables) somos un país de bajo riesgo. Esa tesis la sostienen a pesar que el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción estén en sus picos históricos, y de tanto repetir el cuento ya varios se lo están creyendo: “Colombia tiene en el menor riesgo de lavado de activos en la región” tituló el diario Portafolio en la primera página de la edición del (24.08.2017).

Las entidades financieras ejercen los controles de la mejor manera que pueden (con un alto costo) pero bajo un marco legal lleno de troneras. Las pensiones inembargables son solo una de estas, por eso la próxima reforma pensional es una oportunidad de corregir esta gabela criminal, para esto se requiere una lectura crítica del sistema de prevención de lavado de activos, y que no se les olvide a nuestros legisladores y tecnócratas en qué país es que vivimos.

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