Criminales de primera y de segunda

Hay en la situación colombiana cosas difíciles de entender. Porque son incoherentes, ya que en una realidad de caos es imposible aplicar la lógica y la lógica misma llevaría al absurdo. ¿Me hago entender? No, creo que no.

Que se dialogue, que haya abrazos de paz, sonrisas y camaradería entre opositores a muerte, es, a un mismo tiempo, necesario y descabellado. Monseñor Martínez en estrecho clinch con Raúl Reyes, mientras esta organización subversiva destruye los templos de los poblados y mantiene cristianos —o bueno, seres humanos— en cautiverio, pidiendo dinero por su sangre, es, sencillamente, atortolante.

Que Hernán Echavarría pueda acercarse al Caguán, sede de la rebelión armada y sus delitos conexos, y no en condición de secuestrado, como la ‘Chiva’ Cortés, sino en la de amigable observador, es cuestión paradójica y de mera convención. Que el ministro De la Calle, tras afirmar con voz atronada que no entrará en diálogo con paramilitares, a poco viaje al sur de Bolívar a verse con Castaño, desdice de toda palabra oficial.

En fin, las cosas son así, no como debieran ser. La paz, necesidad imperiosa, debe hacerse con todas las partes armadas en conflicto. Dicho de esta manera, ya que la expresión partes en conflicto comprende fácilmente a toda la población, mas no toda está en armas. Una es población civil, desde luego comprometida y otra fuerzas armadas. Atacar a los civiles o, en general, a quien no se encuentra armado es tan cobarde como lo ha sido siempre en la historia de la humanidad, desde cuando fue apenas de mínima nobleza advertir al adversario: “¡En guardia!”.

Ahora bien, entre las cosas que no es fácil entender está la de considerar unos crímenes atroces como de mejor categoría que otros, que realmente son espantosos. Siempre me ha preocupado qué va a pasar en el país cuando se haga la paz. Esto, porque habremos negociado y habrán escalado las posiciones conquistadas por ese diálogo, todos los que han violado, ya no la ley penal, sino las más protuberantes normas del Derecho Internacional Humanitario, antiguamente conocido como Derecho de Gentes.

Ahora cuando se globaliza la justicia y unos Estados se creen con derecho a intervenir en otros, si está de por medio lo de lesa humanidad, uno se pregunta qué aceptación van a tener por la comunidad internacional los jefes de la subversión y los de la antisubversión, visibles cabezas en una negociación de paz.

Pide Horacio Serpa, en su reciente carta al Presidente, que no se le den perfiles políticos a los paramilitares. En cambio se le han dado todos a la guerrilla, que de hecho ya ha sido colocada en posición de beligerancia. Yo no sé qué es más atroz si dejar tirado y abandonado a su suerte, como al samaritano herido, al doctor Nassiff, causando su deceso o caer en un villorrio, lista en mano, a ultimar sin fórmula de juicio, a quienes les parezca a los agresores, incurriendo en equivocaciones, que estiman apenas “lamentables”.

Es crimen o delito político aquel que no pretende el provecho personal ni la satisfacción de pasiones particulares, sino propósitos de alguna manera aceptables, como el cambio de régimen político o algunos otros fines, más o menos altruistas dentro del Estado. Todo lo cual tropieza con la naturaleza inhumana de los medios empleados, concretamente de los llamados crímenes atroces. De éstos está llena la historia reciente colombiana. ¿A quiénes vamos, entonces, a indultar, alegando que se trata de delitos políticos? Ya ha expresado esta misma inquietud el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con la inconveniente claridad que dan las normas, que no siempre coinciden con lo que es oportuno.

De todos modos y sin ir al asunto de la negociación y al tratamiento que se les otorgará a los delitos atroces, no se ve que pueda distinguirse entre quienes hacen una masacre y los que rematan a soldados heridos incompasivamente o los mantienen retenidos en condiciones inhumanas. Los crímenes son unos mismos y no hay porqué hacerles aspavientos de asco a unos más que a otros. Sus autores intelectuales y materiales se han equivocado gravemente en los medios que han aplicado así hayan conquistado, los unos, muy justas reivindicaciones sociales o hayan defendido, los otros, a un Estado tambaleante. Estas últimas pretensiones, sin embargo, son las que otorgan a sus actos oprobiosos la naturaleza jurídica de delitos políticos, pero también atroces.