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Opinión

  • | 2020/03/26 02:02

    Crisis carcelaria en Colombia

    La discusión sobre cómo detener el covid-19 en cárceles ha dejado ver más claramente los graves problemas del sistema penitenciario y carcelario de Colombia, por el momento salidas milagrosas no hay.

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Esto parece la crónica de una muerte anunciada. Las cárceles de Colombia viven una verdadera crisis desde hace varios años. En general se mezclan cinco grandes problemas. Por un lado, el hacinamiento en varias cárceles es del 50 por ciento o más del 100 por ciento, por lo que las condiciones de reclusión son sencillamente insoportables. En segundo lugar, hay problemas sanitarios, de agua potable, falta de salubridad en baños, en zonas de recreación, entre otros. En tercer lugar, hay condiciones bajas de resocialización, lo cual es el fin último del sistema carcelario, en la mayoría de los centros de reclusión se hacen doctorados en criminalidad y la resocialización es baja o casi nula. En cuarto lugar, hay problemas delicados de corrupción, donde los privados de la libertad deben pagar por todo, hasta por el colchón donde duermen. Estas cuatro realidades chocan con el deseo de la mayoría de los políticos y de la sociedad de que todo el mundo vaya a la cárcel.

A nivel mundial esta tendencia se conoce como populismo punitivo, es decir, la creencia en que aumentando penas y reduciendo las edades penalizables es la mejor solución a los problemas de criminalidad y de seguridad. Esto no se ha comprobado y en muchos países ha resultado ser un gran fracaso, tal vez, El Salvador, con la política de “Mano Dura” y “Super mano dura” sea el mejor ejemplo. Además, todo el mundo quiere más cárcel, pero nadie quiere tenerla cerca, ningún alcalde, gobernador o vecino le gusta tener una cárcel en su territorio. Todo ello lleva a que los políticos prometan mucha cárcel, pero destinan poco presupuesto para mejorar el sistema carcelario. 

La Sentencia 762 de 2015 hace un balance importante sobre este sistema carcelario. Se hace referencia a que los niveles altos de hacinamiento vulneran los derechos humanos, al negar lugares para dormir, alimentarse, espacios de recreación o para realizar necesidades fisiológicas. Esto a su vez afecta la posibilidad de resocialización de la pena. Obviamente la preocupación actual es sobre la pandemia de covid-19.

Un documento realizado por Aníbal Navarro, quien es médico forense; Aníbal Teherán médico epidemiólogo; Marlon Díaz, abogado penalista y Esperanza Acosta, abogada penalista, fue prácticamente premonitorio. Se construyó poco antes de que estallaran los motines en las cárceles del país el pasado fin de semana. Dicho documento manifiesta que el riesgo de la propagación del virus en las cáceles es muy alto y que derivado de ello los amotinamientos eran inminentes como los ocurridos en China o Irán. No se debe olvidar que el pasado sábado estallaron motines simultáneos en varias cárceles dejando 23 muertos y casi un centenar de heridos. Igualmente, el pasado martes le tocó el turno a Cúcuta.

El documento también hace un recorrido por diferentes países y manifiesta que una de las soluciones rápidas es la liberación de presos de bajo riesgo social, como aquellos recluidos por delitos menores o en condiciones de privación preventiva de la libertad. En todo caso, las soluciones no son fáciles y lo cierto es que el hacinamiento es tan grande que la liberación de 10.000 presos no significará gran cosa. Hay que pensar en medidas complementarias. El problema es que se está en una carrera contra el tiempo, por lo rápido que avanza el coronavirus.

La discusión sobre cómo detener el covid-19 en cárceles ha dejado ver más claramente los graves problemas del sistema penitenciario y carcelario de Colombia, por el momento salidas milagrosas no hay. De tal forma que, a las soluciones de excarcelación, habrá que sumarles restricciones a las visitas, realización de test de forma masiva y muy seguido, y tal vez mejorar la presencia de profesionales de la salud en estas cárceles. 

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