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Opinión

  • | 2020/03/24 02:22

    Cronología del “intento criminal de fuga” en la cárcel Modelo

    La declaratoria de emergencia carcelaria es menos que un acetaminofén para el cáncer del hacinamiento carcelario y la falta de garantías judiciales para los detenidos. Se requiere en cambio de una reforma de fondo a la política criminal penal en Colombia.

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Antes de la fuga: desde hace varios días, los detenidos de las cárceles del país tenían claro que eran la población de más alto riesgo frente al coronavirus, a diario veían cómo se incumplían los protocolos de aislamiento y salubridad (algunos ni siquiera tienen agua potable). La mayoría ya ha visto morir a otros reclusos por enfermedades menores y la falta de atención médica, por lo que no estaban dispuestos a esperar en silencio el mismo agónico final.

A la crisis de salud se le sumó el reclamo permanente de los detenidos por sus derechos. Los que tienen más de tres quintas partes de la pena cumplida, las mujeres cabeza de familia, los mayores de 65 años, la redención de pena por trabajo, estudio o buena conducta, y los sindicados a los que se les vencieron los términos y siguen presos, todos piden lo mismo: la libertad que la ley penal les otorga pero que las negligencias del sistema judicial les niegan. 

La frase de un detenido lo resume todo, “si nos van a dejar morir aquí encerrados, a quienes tenemos el derecho de estar en libertad, preferimos entonces que nos maten a bala y en las calles”.

El intento de fuga: en la noche del pasado sábado, el motín de protesta arrancó en simultánea en once cárceles, mientras se contenía en la mayoría de los penales, los detenidos del patio cuatro de la cárcel modelo de Bogotá (donde la mayoría son detenidos por delincuencia común), ubicaron colchones y basura debajo de la garita de un guardián, luego le prendieron fuego para asfixiarlo con el humo. El guardián, un joven recién graduado de la escuela y con poca experiencia, saltó para salvarse y en el intento se amputó dos dedos, quedó herido y le arrebataron el fusil de dotación. Este guardián es uno de los dos miembros del Inpec que se mantiene en estado crítico.

Con la cárcel en llamas y un interno disparando el fusil, el amotinamiento se convirtió en un improvisado intento de fuga, ataques (entre presos) y saqueo. Los del cuarto patio (y parece que también los del quinto) se metieron por un hueco que abrieron en la pared al patio tres, allí están detenidos los indígenas, los extranjeros y los políticos condenados por corrupción; con armas blancas los sometieron y les robaron todo, desde la ropa, los enceres y hasta los preciados televisores y celulares.

El núcleo inicial de la balacera se dio cuando un grupo de siete reclusos se montaron al camión que reparte la alimentación y con este trataron de derribar la puerta externa para fugarse. Estos fueron los primeros muertos, la reacción de los guardianes del Inpec quienes para ese momento ya habían recogido del armerillo las armas largas y los chalecos antibalas, fue implacable en su capacidad de fuego; y considerando que los internos tenían un fusil y un vehículo, proporcional en el uso de la fuerza.  

De los siguientes 21 muertos y la treintena de heridos, se sabe menos, la reconstrucción en la investigación será lenta y difícil. Se ha dicho que los muertos y heridos fueron por impacto de arma de fuego, que algunos intentaron huir por los techos del penal, que solo había un arma en poder de los detenidos, que la balacera se concentró en dos patios y que la reacción de la mayoría fue guarnecerse en las celdas. La última palabra de lo que pasó la tendrán los jueces. 

Después de la fuga: tras un saldo de 28 muertos, dos guardianes en estado crítico, una amenaza sanitaria agravada y una crisis histórica en los derechos y el sistema de justicia en las cárceles, el Gobierno Nacional reaccionó a esta tragedia, reduciendo todo a un “frustrado intento de fuga”. Que aunque es verdad, no es toda la verdad, ni lo más importante.

También se anunció como solución a la peor tragedia penitenciaria en décadas, la declaratoria de una emergencia carcelaria (por tercera vez en siete años) y hasta hoy han mantenido en los medios un evasivo debate de reducción de penas mezclado con un falso mensaje de control y tranquilidad.

La Ley 1709 en su artículo 92 es clara, la emergencia carcelaria es una herramienta de menor calado, de muy bajo alcance y que solo da competencias al director del Inpec (ni siquiera el presidente ni la ministra de Justicia) para tomar medidas administrativas. Es decir, permite hacer de manera más rápida el traslado de presos, cerrar establecimientos o reubicar rubros presupuestales para la gestión de infraestructura, nada más que eso. No permite excarcelaciones de ningún tipo como se ha especulado, esa es una competencia exclusiva de los jueces.

La declaratoria de emergencia carcelaria es menos que un acetaminofén para el cáncer del hacinamiento carcelario y la falta de garantías judiciales para los detenidos. Se requiere en cambio de una reforma de fondo a la política criminal penal en Colombia. Así las cosas, el problema principal para este Gobierno (y los detenidos) es político, porque resolver las causas principales del problema por la vía de una nueva ley estatutaria, va en contravía del discurso populista de la mano dura, la cadena perpetua y las condenas ejemplarizantes que ha promovido este Gobierno (y que no han tenido ningún respaldo ni entre expertos ni académicos en política criminal).

Mi Aporte: la emergencia carcelaria podría servir para resolver una parte del hacinamiento en las estaciones de policía que retienen a más de 10.000 personas y que están en condiciones aún peores que las de las cárceles. He visto en Maicao, Valledupar y otras ciudades los calabozos improvisados en parqueaderos y sótanos, con seres humanos en condiciones que son dignas del nazismo y no de una democracia. 

 

 

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