¿Cuál “acuerdo”?

A pesar de la ola mediática, la verdad es que aún no ha culminado la negociación con relación al tema agrario y rural entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, según se deduce de las palabras de Iván Márquez. Éste aclaró que se ha conseguido “avanzar en la construcción de un Acuerdo con salvedades puntuales que deberán ser retomadas antes de la concreción de un Acuerdo final”. Es decir, el punto está abierto y los temas sensibles no han sido convenidos, por el contrario, las salvedades muestran que se trata de cuestiones álgidas y definitivas de las cuales depende todo.

La afirmación de Márquez también revela que hay sentido de urgencia política en el gobierno y en la cúpula fariana. No obstante las salvedades, ambos entendieron que se requería aclimatar a la opinión pública para mantener el proceso de paz y beneficiar la “gobernabilidad”, coincidente con lo ofrecido públicamente por Pablo Catatumbo a Santos. Finalmente, el grupo violento y el gobierno están obteniendo provecho: los primeros hicieron polvo el aislamiento político y ganan legitimidad, mientras el mandatario busca cabalgar en la paz para hacer posible su reelección.

Si bien no hay “Acuerdo”, sino avances, cabe preguntarse cuál es verdadero alcance de los mismos. Las FARC presentaron más de 100 propuestas que convergen con su Plan Estratégico para la toma del poder. Este no es un problema de cómo integrar territorios alejados donde el grupo ejerce influencia, ni de retórica de justicia social. ¡No! Para el grupo cualquier “Acuerdo” no es aceptable, sólo lo será aquel que sea útil para seguir progresando en el cumplimiento de sus objetivos. Siendo así, ¿cuál es el precio que ha decidido pagar Santos? Y ¿cuál es será su impacto en el futuro de Colombia, más allá de la propaganda?

Es importante conocer en detalle el contenido de lo pactado. Hay muchas cosas en juego. Vale preguntarse hasta dónde el gobierno aceptó las pretensiones de las FARC respecto a las Zonas de Reserva Campesina. De La Calle señaló que no tendrán la autonomía de los resguardos indígenas, pero, ¿tendrán autogobierno? ¿Se convertirán en entidades territoriales? ¿Cuántas nuevas Zonas entregará Santos a las FARC? ¿Qué dimensión tendrán? No hay que olvidar que el grupo reclamó 160.000 kilómetros cuadrados, una extensión cercana a cuatro veces el área despejada de El Caguán y superior a la de Guatemala, Corea o Portugal.

Por otro lado, no se conoce hasta donde el gobierno aceptó las demandas de la guerrilla. Por ejemplo, hay acuerdo para “formalizar todos los predios que ocupan o poseen los campesinos”. ¡Perfecto!  Empero, es necesario aclarar si se incluyen tierras que las FARC, a través de milicianos, aparatos del grupo y personas jurídicas, han adquirido con dineros del narcotráfico o con la colonización armada. ¿Van a titular tierras dedicadas al cultivo de la coca y actividades de tráfico de estupefacientes?

También es importante conocer dónde están ubicadas tales tierras y que impacto tendrían en la ejecución de planes de las FARC, como el de la República Independiente de Caquetania, en el sur del país. ¿Qué enlace existe con las estrategias de repoblamiento que están adelantando? ¿Con las áreas de retaguardia y acumulamiento estratégico actuales? ¿Qué relación hay con zonas de minería y recursos naturales? Subrayo, no se debe obviar que no han abandonado su Plan Estratégico y que por lo tanto todas sus actuales acciones, que incluyen el diálogo y la negociación como elemento táctico y estratégico de la “lucha revolucionaria”, se enmarcan en su realización. Las FARC son una organización disciplinada y coherente en su accionar delictivo. No se deben subestimar.

El comunicado conjunto deja otras inquietudes serias. Verbigracia, habla de la adopción de “mecanismos para solucionar conflictos de uso de la tierra y jurisdicción agraria para proteger los derechos de propiedad con prevalencia del interés común”.  A partir un discurso sobre el “uso” se puede abrir la puerta para la expropiación y limitaciones a la propiedad diferentes a las que ya existen desde la reforma constitucional de 1936. El gobierno debe precisar este punto. Con inocente y superficial discurso el comunicado disimula que se inició un boquete de alcances insospechados.

El secreto en el cual se mantienen los acuerdos y la campaña mediática que los utiliza hábilmente para manipular con ellos el anhelo de la paz, buscan llevar a los ciudadanos a avalar y apoyar ciegamente lo que se pacte en La Habana. Posando de democrático el gobierno afirma que los ciudadanos serán los que tomen la decisión definitiva, pero oculta que en últimas el referendo que propone terminará siendo un sutil chantaje para la sociedad colombiana: lo toman o lo dejan, todo o nada, lo aceptan o será la continuidad de la violencia.  No hay ninguna legitimidad en un grupo dedicado al narcotráfico y el asesinato para negociar con él la agenda de Colombia.

Twitter @RafaGuarin