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Opinión

  • | 2006/02/12 00:00

    Cualquiera menos Arellán

    María Teresa Ronderos entra a terciar en el debate sobre si los guerrilleros y los paramilitares presos se deben beneficiar de la Ley de Justicia y Paz. Y se pregunta si Sabas se ha enterado de que también es Ministro de Justicia.

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La semana pasada estalló en el Congreso el debate sobre cómo aplicarles la Ley de Justicia y Paz a los guerrilleros y los paramilitares presos. La Ley de Justicia y Paz no es fácil de interpretar. El gobierno y su aplanadora en el Congreso plasmaron un texto flexible que se dejara maniobrar políticamente. Y es hasta entendible, pues la ley tiene un trasfondo más político que jurídico.

Cualquiera sabe que sólo puede ser fruto de una política de Estado y no del deseo de impartir justicia, permitirles a personas responsables de masacrar a miles, de robar tierras y traficar con drogas ilícitas pagar menos años de condena que lo que está pagando un estafador común.

La ley deja claro que son potenciales beneficiarios aquellos miembros de los grupos ilegales armados que estén en un proceso de paz y que colaboren efectivamente para desmotar ese grupo armado, léase Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y que es el gobierno quien elaborará la lista de los aptos y se la entregará a la Fiscalía. Pero también incluye expresamente los desmovilizados individuales de cualquier grupo ilegal armado, sean guerrilleros o paramilitares, aunque no estén en negociaciones de paz.

Cuando empiezan los problemas de interpretación es a la hora de definir si aquellos que no se han entregado voluntariamente, sino que han sido capturados y acusados o condenados por la justicia, también pueden optar por la pena alternativa de máximo ocho años, sin importar cuáles delitos se les imputan. La ley dice explícitamente que los presos que estén en un grupo en proceso de paz sí clasifican (AUC), pero no es obvio a partir de cuándo. Si es ya, o si es sólo cuando todo el grupo deje las armas, cuestión que hoy parece bastante enredada. Y no dice nada sobre los guerrilleros presos, involucrados en crímenes atroces, que quieran colaborar.

Los congresistas sensatos como Rafael Pardo, con razón argumentan que como lo que la Ley busca -o en todo caso, debería hacerlo- es desmontar el paramilitarismo, no se puede empezar a soltar presos de las AUC desde ya, pues falta camino para que todos sus miembros hayan dejado las armas. También alega que definitivamente no se debe incluir guerrilleros, pues las Farc y el gobierno no está negociando paz alguna, y el ELN aún no está en la mesa.

Sabas Pretelt, ministro de la seguridad democrática y de la mano dura de Álvaro Uribe, en cambio, alega que cualquiera cabría: guerrilleros condenados a 40 años de cárcel por secuestro que sufran de un súbito arrepentimiento, viendo que pueden salir en ocho; paramilitares condenados a otro tanto por una de las múltiples tortuosas masacres en La Guajira o Caquetá, así sus jefes 'Jorge 40' y 'Macaco' no hayan dejado sus armas todavía. Es suficiente que les dé un ataque de colaboracionitis para rebajar sus condenas a la mitad o para salir libres. Y aunque la ley dice que deben entregar bienes, contar sus atrocidades y las de sus colegas de bandidaje, devolver secuestrados y liberar niños de sus filas, entre otros aportes, para entrar en la lista de los elegidos, quien evalúa si lo han hecho es el gobierno. Y a juzgar por la perla que se le salió al Ministro en pleno Senado, hay un alto riesgo de que el criterio sea algo sesgado.

"Mientras yo sea Ministro, no incluiré en la lista al señor Arellán", dijo Sabas. Es decir, cualquiera clasifica menos Arellán, el tío y aparentemente cómplice de John Freddy, autor de la bomba en el Club El Nogal que dejó 36 muertos, entre ellos varios niños. La única explicación posible es que al ocupado señor ministro se le olvidó por un instante que él era también jefe de la cartera de Justicia. Pues no de otra forma se entiende que, como dijo un congresista en forma jocosa, "haya pelado el estrato" de tal forma. Con la frase quedó en evidencia que el Ministro, en su interior, piensa que es mucho más grave matar ricos que matar pobres, pues le parece que el autor de un secuestro a un niño en los Llanos o de una bomba en barrio pobre de Neiva es potencialmente perdonable, pero jamás el autor de una bomba en el norte de Bogotá.

Sólo queda esperar que el gobierno afine su criterio a la hora de armar su lista. Mucho dolor y mucha sangre les ha costado a miles de soldados y policías capturar a cada joyita de estas, y mucho coraje les ha valido a decenas de fiscales y jueces comprobarles sus horrendos delitos, como para que puedan sacarla barata, sin que ello signifique que toda su organización ilegal haya demostrado su buena voluntad al dejar las armas. En otras palabras, conseguir la paz puede justificar que el Ejecutivo se meta en el terreno de la justicia (que lo hace al definir autónomamente quién va en la lista de los potenciales beneficiarios y quién no). E incluso, puede disculpar semejante generosidad con los convictos. Pero soltarlos a sabiendas de que no se está consiguiendo mayor cosa (una simple delación, por ejemplo), es simplemente destruir el Estado de Derecho que aún nos queda, en aras de nada.

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