Cuando morir ya no es noticia

Hace poco más de una semana fue asesinada en el barrio Villa Rosa, de Bucaramanga, Miriam Yurley Ortega Mendoza, de 16 años. El cuerpo sin vida de Miriam fue encontrado con signos inequívocos de tortura, sus brazos y sus piernas estaban fracturados y los ojos le habían sido extraídos. Además, no traía pantalones puestos, por lo cual los expertos del CTI no descartan una violación. El episodio, registrado por los periódicos locales, no trascendió la esfera regional. La muerte de una joven en un barrio marginal de una ciudad colombiana es un suceso que ya no es noticia en este país.

No obstante, el caso de Miriam debería ser noticia –al menos– por una razón. No se trata de un caso aislado de delincuencia en una ciudad tranquila; por el contrario, constituye uno más en una larga cadena de asesinatos juveniles que son –en gran parte- resultado de la transformación de ciertos grupos paramilitares en bandas de crimen organizado. En efecto, el diario Vanguardia Liberal reportó que entre agosto de 2007 y enero de 2008, murieron de forma violenta más de 12 jóvenes en barrios periféricos de la ciudad, sin que las autoridades hayan podido encontrar a los responsables o determinar la causa de las muertes.

Por su parte, los habitantes de aquellos barrios en donde han tenido lugar los asesinatos tienen una versión al respecto. Varios de ellos han manifestado a El Tiempo y a Vanguardia Liberal que detrás de las muertes de los jóvenes se encuentran grupos paramilitares emergentes en la zona metropolitana –también conocidos como las Águilas Negras’. Así lo manifestó un joven que pasaba cerca del lugar donde fue hallado el cadáver de Miriam: “A Miriam la mataron las ‘Águilas’ o los de ‘Negro’, como quiera que les digan”.

Lo cierto es que no solamente los habitantes de las zonas periféricas de la ciudad comparten dicha explicación. La presencia de facciones paramilitares en Bucaramanga, así como la reorganización de desmovilizados en grupos de vigilancia informal vienen siendo denunciadas públicamente desde hace varios meses. Así, la Fundación Semillas de Paz dijo al diario El Tiempo que tenía información acerca del funcionamiento de al menos 30 grupos de vigilancia ilegal en Bucaramanga. No obstante, el vocero de la misma organización reconoció que no todos aquellos que dicen ser ex paramilitares lo son realmente. Según él, algunos son “delincuentes y bandas emergentes que se hacen pasar por ex paras”.

Sin embargo, las versiones de la Defensoría del Pueblo –por un lado– y las autoridades locales –por el otro– son contradictorias. La Defensoría ha denunciado la llegada a la ciudad de dineros encaminados a financiar bandas emergentes de crimen organizado que serían responsables de muertes selectivas y desplazamientos intraurbanos, así como también de amenazas, extorsiones y reclutamiento de jóvenes en la ciudad. Según la Defensoría, dentro de estas organizaciones criminales estarían actuando miembros desmovilizados de las AUC. Aun así, el alcalde de la ciudad, al igual que el comandante de la Policía de Santander, ha negado en reiteradas ocasiones la presencia de dichos grupos en el área metropolitana de Bucaramanga.

En medio de las versiones encontradas, lo cierto es que los índices de inseguridad urbana en una ciudad que otrora fue considerada un lugar tranquilo son verdaderamente alarmantes. En tan sólo dos años –de 2005 a 2007– Bucaramanga pasó del 22 a un preocupante noveno lugar en la lista de ciudades con más altos índices de homicidios en el país. Y este hecho ha incidido de manera importante en la percepción de seguridad de los habitantes de la ciudad: de cada 100 personas que viven en Bucaramanga, 71 reconocen sentirse inseguras.

Y, aun cuando las más recientes investigaciones sobre seguridad urbana en América Latina han concluido que la inseguridad de las ciudades de la región constituye un fenómeno multicausal, lo cierto es que la transformación de algunos grupos paramilitares en bandas de crimen organizado ha sido reconocida como una de las causas determinantes en el deterioro de las condiciones de seguridad de las ciudades donde el paramilitarismo ha existido. Y este tipo de fenómeno ha sido particularmente evidente en aquellos países que han adelantado procesos de desmovilización de grupos guerrilleros y paramilitares. En efecto, Guatemala y Nicaragua, con sus famosas pandillas trasnacionales –conocidas también como maras– constituyen dos lamentables ejemplos de cómo un proceso de desmovilización puede degenerar en el nacimiento y el fortalecimiento de la industria del crimen organizado.

Infortunadamente, las más altas autoridades civiles y de policía de Bucaramanga insisten en desconocer la relación entre la emergencia de grupos criminales y la desmovilización de grupos paramilitares en la región. En consecuencia, la industria del crimen organizado sigue cobrando fuerza, al tiempo que se hacen evidentes las dificultades que enfrentan las autoridades del Estado en el momento de mitigar y prevenir la inseguridad cuando se excluye del diagnóstico alguna de sus causas.

Para la muestra, un botón. El pasado 16 de diciembre, el Ministro de Defensa presidió un Consejo de Seguridad que tuvo como objetivo central discutir los índices delincuenciales que aquejan a Bucaramanga. Como resultado de dicha reunión se acordó la construcción de tres nuevas estaciones de policía en la ciudad, así como la creación de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Sin embargo, en ningún momento se habló acerca de la presencia de grupos criminales emergentes en la ciudad, ni de su relación con la existencia de varios grupos de desmovilizados.

Mientras los diagnósticos se formulen a medias, las políticas públicas que se implementen sólo lograrán a medias que mejoren las condiciones de seguridad en la ciudad. Lo contrario implica reconocer que, debido –en gran parte– a un proceso de desmovilización cuestionable e incompleto, el paramilitarismo se está reinventando en Colombia a través de formas de violencia que encuentran en las ciudades un escenario idóneo para reproducirse, y en jóvenes como Miriam, víctimas fáciles. Al fin y al cabo, la muerte de una joven en un barrio marginal de una ciudad colombiana es un suceso que ya no es noticia en este país.

*Asesora legal del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes
(G-DIP)

El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad. http://gdip.uniandes.edu.co