Cuando se abdica la legalidad: De la Justicia de Transición a la Justicia de Transacción

El país tomó un rumbo incierto. Sabemos de dónde hemos partido, pero no tenemos idea a dónde vamos a llegar. Estamos resolviendo los problemas de cualquier manera. Primero,  porque estábamos urgidos por la necesidad de acabar con medio siglo de violencia y conflicto armado. Y ante la posibilidad de que la guerrilla de las Farc se acabara, aceptamos hacer a un lado el ordenamiento legal y constitucional que había sostenido al Estado.
 
Ahora, presionados por la exigencia internacional de acabar con la economía de la coca, y frente a la expectativa de que las bacrim abandonen las armas y el narcotráfico y los campesinos sustituyan voluntariamente los cultivos de “uso ilícito”, se reemprende el camino de sacrificar lo que queda de justicia. “No le neguemos a Colombia la oportunidad de encontrar una solución estructural a los cultivos de coca”, ha dicho el presidente Santos.

El costo que se está asumiendo es demasiado alto. No podemos olvidar que, convencidos de que un acuerdo con las Farc traería la paz, el gobierno fue más allá de lo que podía. Apoyados en la particular interpretación que se hizo de la justicia transicional, se permitió el desmonte de la legalidad. Para los que cometieron delitos de lesa humanidad, se admitieron sanciones etéreas, en lugar de penas de reclusión; se les toleró sacrificar la responsabilidad de mando, en el juzgamiento de los genocidios y las masacres; se aprobó la creación de una jurisdicción especial, que juzgara y condenara a los combatientes, pero (eso sí) dejando en claro que cualquier condena que de allí pudiera emerger, en ningún caso suspendería el ejercicio de los derechos políticos de los que abandonaban las armas.

Muy rápidamente, la justicia transicional,  con la que buscábamos el paso de un régimen de guerra a un régimen de paz, se fue desfigurando. Las concesiones que implicaba sacrificar un poco de justicia para que abriera la puerta a la paz, se fue convirtiendo en un punto de honor que se disputa como si se tratara del reconocimiento a un ejercito victorioso. “Es que nadie abandona las armas para irse a la cárcel”, repetían los propios negociadores del acuerdo, como aceptando que esos eran los términos de la negociación con la guerrilla. Y así quedó.

Se olvidaba que los códigos del honor militar que inspiraron la justicia transicional, al plantear claramente que: “Aquellos que combatieron a otros en igualdad de condiciones, merecen el perdón. Pero aquellos que en uso de superioridad sometieron a otros que estaban en condiciones de inferioridad o en estado de indefensión, merecen ser castigados”. Ya no se trataba de cambiar las armas por las urnas, como condición para pasar de una situación de guerra a una de paz. Ahora, se trataba de transar un sistema de ventajas y privilegios que asegurara que, los que antes combatían al Estado con las armas, ya no volvieran a hacerlo.   

La ruptura de la justicia de transición a una de transacción, se produjo el gobierno aceptó que la centralidad de las víctimas y de sus derechos, cedía su lugar a la centralidad de los victimarios y de sus derechos. Esto es, en el momento en que  consintió que las sentencias condenatorias de los jueces de la JEP, no suspendían los derechos a la participación política de los miembros de las Farc. Ni siquiera de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Esto no solo puso en evidencia el desequilibrio del sistema, en perjuicio de las víctimas. También dejó ver que ya no se trata de sacrificar un poco de justicia para que haya paz, sino de abdicar a la ley, para evitar que los que antes estaban en armas, volvieran a la guerra.

¿Cómo entender la presión de los negociadores de las Farc, para asegurar que los beneficios que les habían sido concedidos como combatientes, se extendieran a los disidentes de su organización (que se mantienen en armas) y/o los sectores afines (o potencialmente afines) o de alguna manera vinculados?

Para todos era claro que las ventajas concedidas en los acuerdos a las formas de expresión y movilización, de los sectores sociales y las minorías étnicas, en los temas de tierras (tema 1), participación política (tema 2) y narcotráfico (tema 4), desbordan el acuerdo como un pacto de paz, para convertirlo en una plataforma de acción política. Eso es lo que quedó suscrito entre el gobierno y las Farc.

Y ese es el anticipo que se pagó por mantener los acuerdos. Sin darse cuenta, el gobierno colombiano entró en un proceso de “abdicación de la legalidad” como condición para evitar que la negociación se cayera. Ante la más mínima presión política, accedió a entregar porciones importantes, ya no sólo de la justicia, sino de la regulación de las tensiones y conflictos sociales. Sin que haya sido público, los negociadores del gobierno renunciaron, de manera consciente, al principio de sujeción de la autoridad a la ley.

En su lugar, todo quedó sujeto a una especie de discrecionalidad, en la que cada quien debía interpretar las cosas a su manera, y en función de su propio beneficio. Incluidos los propios jueces quienes, en virtud de la ambigüedad que deja el Acto Legislativo 1 de 2017 (y lo que hasta ahora se está incorporando en la ley estatutaria que la desarrolla), como diría Fabián Corral, “a pretexto de interpretar los ‘principios constitucionales’, o de modular sus sentencias, están autorizados a dejar de aplicar la ley y a crear, a su arbitrio, una especie de ‘jurisprudencia autónoma’, sometida únicamente a los ‘sentimientos de justicia’ de cada juzgador”.

Es la justicia que ahora se abre paso tanto en el proyecto de tratamiento penal diferenciado, como en el proyecto de sometimiento de las bacrim a la Justicia que radicó el viernes el gobierno en la Secretaría del Senado. Y con ellos que los primeros sustituyan cultivos de manera voluntaria, y que las grandes organizaciones criminales hagan lo propio (en virtud de la misma ley, se les reducen penas si tiene la condición de financiador, cultivadores industrial, a cambio de que abandonen el negocio), en tanto que para las bacrim se inicia con una oferta de rebaja en el 50 por ciento de las penas. Una feria de rebajas, que en realidad no significa otra cosa que  el gobierno ha decidido una abdicación del ordenamiento constitucional y legal que ha sostenido al Estado. Y, que al pasar de una justicia de transición a una justicia de transacción, no rinde homenaje a las muchas vidas que se han sacrificado en el combate al narcotráfico, ni libera a millones de niños de las escuelas y colegios del país del acecho de los traficantes en busca de un consumidor para el futuro.